La emergencia de las tres Españas

El artículo 2 de la Constitución Española (CE) versa de la siguiente manera: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Así pues, es de presuponer que en el momento de la aprobación del texto constitucional la mayoría de la población española estaba de acuerdo con dos principios fundamentales: la indivisibilidad del Estado y la autonomía de sus partes. En base a esas dos ideas se ha construido, a lo largo de cuatro décadas, lo que se ha venido a llamar “modelo autonómico”.

Ahora bien, tras 40 años, ¿sigue existiendo ese consenso? Los datos del CIS parecen indicar que no. Según su último barómetro, publicado el 31 de enero de este año, solamente un 42,2% de los españoles apoya el actual modelo de CCAA, mientras que un 51,3% apuesta por modelos alternativos. En cualquier caso, que el modelo vigente no cuente con el beneplácito de la mayoría tampoco significa que exista una mayoría alternativa, ya que entre los que no apoyan el statu quo un 28,1% apuesta por recentralizar el Estado (ya sea eliminando las CCAA o rebajando su autonomía), mientras que un 23,2% apuesta por llevar la descentralización algunos pasos más allá (dando más poder a las autonomía o reconociéndoles el derecho de autodeterminación).

Con todo, más allá de constatar esta mayoría a favor de un cambio y, al mismo tiempo, el disenso que existe en cuanto el punto hacia el que transitar, es interesante preguntarse –dado el punto en el que se encuentra actualmente el debate territorial– si esta aparente división entre tres propuestas es homogénea a nivel de todo el Estado o si, por el contrario, las preferencias se modifican en función de la CCAA. Ello es importante porque nos puede ofrecer algunas pistas sobre lo que sería necesario para reconstruir un hipotético nuevo consenso en torno a un nuevo modelo territorial que llevara a una cierta estabilización de la situación política española.

Tres apuestas de futuro bajo un mismo techo

Una primera ojeada a los datos nos permite extraer una conclusión: el disenso en cuanto al modelo territorial no sólo afecta a la sociedad española en su conjunto, sino que separa a las CCAA en cuanto a preferencias de futuro se refiere. ¿Y cómo se concreta esta división?

Aparentemente podemos clasificar a los territorios del Estado en tres grandes categorías, las cuales coinciden con las tres preferencias mayoritarias que a nivel general muestran los españoles. Siguiendo un orden geográfico de Madrid hacia fuera, en una primera corona alrededor de la capital encontramos aquellos territorios partidarios de la recentralización, es decir, donde los ciudadanos que apuestan por avanzar hacia “un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad” o hacia “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías” son el grupo más numeroso. Este conjunto de territorios, conformado por las CCAA de Madrid, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Cantabria y Aragón, coincide a la perfección con la parte más interna de lo que antaño fue conocido como Castilla (además de Aragón), entidad política sobre la que se construyó a partir de la Edad Moderna lo que hoy identificamos como Estado español. En todas estas CCAA los partidarios de la recentralización se encuentran por encima del 45% de la ciudadanía, alcanzando un máximo en la Comunidad de Madrid con un 47,9%.

Conformando una segunda corona alrededor del corazón de la antigua Castilla encontramos los territorios partidarios del statu quo, grupo conformado por las CCAA de Canarias, Extremadura, Andalucía, Murcia, País Valencià, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Asturias y Galicia. En estos territorios los partidarios de “un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad” constituyen el grupo más numeroso, con mayorías que van del 47% en les Illes Balears al 63,3% en Galicia. En este sentido, las mayorías a favor del statu quo son más robustas en estos territorios que las que tienen los partidarios de la recentralización en aquellos territorios donde esa opción es la más numerosa. Una mención aparte merece la Comunidad Foral de Navarra, donde los partidarios del statu quo empatan al 42,9% con los partidarios de una mayor descentralización

Y, finalmente, en una tercera corona alrededor de la Villa y Corte, encontramos los territorios partidarios de una mayor descentralización. Por eliminación no es difícil deducir que hablamos de Euskadi y de Catalunya. En ambos territorios, los partidarios de “un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad” o de “un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes” suman una mayoría holgada del 56,8% y del 63,2% respectivamente. Son territorios, pues, donde el consenso social se encuentra alrededor del avance hacia mayores cuotas de autogobierno, incluyendo el reconocimiento del derecho de autodeterminación (que en el caso de Catalunya defienden un 37,7% de los encuestados).

Soluciones “a la carta”: el único consenso posible

La conclusión es clara: el Estado español se encuentra dividido a nivel territorial entre tres apuestas de futuro no sólo distintas, sino antagónicas. La antigua Castilla tira hacia la recentralización, Euskadi y Catalunya hacia una mayor descentralización, y, en el medio, aquellos territorios que ya están cómodos con el esquema actual de las cosas. ¿Se pueden reconciliar estas tres opciones?

Los padres de la Constitución esperaban (porque así lo han manifestado algunos de ellos) que la descentralización que se produjo a partir de 1978 sólo alcanzara a algunos territorios con reivindicaciones históricas de autogobierno, pero durante los años 80 y 90 las élites que gobiernan el Estado decidieron (no se sabe si en un ataque de celos o de ceguera política) que esa descentralización debía expandirse a todos los rincones del Estado. Ello anuló la eficacia de la solución asimétrica o “a la carta” que quedó plasmada en la Constitución de 1978 para acomodar aquellos territorios con personalidad nacional, llegando así a la situación actual, en la que algunos territorios pretenden devolver competencias al Estado (quizás porque, legítimamente, nunca las habían querido) arrastrando (y aquí el error mayúsculo de las élites políticas) al conjunto de territorios hacia una situación que tampoco desean. Quizás el secreto de la receta para un nuevo consenso esté en reconocer, como ya hicieron los redactores de la Constitución, que este Estado es tan diverso en intereses y expectativas de autogobierno que no hay lugar para soluciones universales y homogéneas, sino que se necesitan múltiples soluciones adaptadas a cada realidad.

En cualquier caso, el tiempo para la construcción de nuevos consensos se agota e, incluso, podría haber pasado ya. Las élites que gobiernan el Estado tienen una apuesta de futuro (avanzar hacia una recentralización homogénea del Estado), y ello solamente puede provocar un mayor distanciamiento no sólo de Euskadi y Catalunya, sino de otros territorios que actualmente no desean dicha recentralización. Hasta que esas élites (y el conjunto de la sociedad española) no entiendan que no se puede construir ningún consenso sin adaptar el modelo a las demandas y expectativas de cada uno, el Estado seguirá avanzando de forma inexorable (más tarde o más temprano) hacia su ruptura territorial. Y de nada servirá actuar como si este problema político fuera ajeno al conjunto del Estado y estuviera solo focalizado en unos territorios concretos. El tiempo no pasa en balde para nadie.