Los afectados por las preferentes rechazan la “pantomima” del PP y el PSOE

PP y PSOE pactaron hace dos días la creación de una comisión de arbitraje que determine qué ahorradores, de los que adquirieron participaciones preferentes de bancos y cajas, fueron estafados. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), que representa a 50.000 preferentistas, ha denunciado inmediatamente que dicho arbitraje está adulterado. No solo porque en él solo participan los mismos organismos que hicieron la vista gorda ante la estafa evidente –“La participación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España no es una garantía”, dicen–, sino porque, además, el asesor privado (KPMG) que valorará la buena o mala fe de las entidades en la comercialización de estos productos tóxicos es “un intermediario impuesto por el banco y pagado por el banco”.

Los dos grandes partidos excluyen de la comisión, además, a una parte un tanto sensible a la hora de que esto se aclare: los afectados. Adicae ha enviado inmediatamente una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, exigiéndole que los consumidores tengan ojos, voz y voto en esta comisión de arbitraje a la que tampoco dan demasiada credibilidad: “La decisión final para aceptar o no el arbitraje seguirá siendo de la entidad, y obvia la  realidad del problema que se aborda, que no es otra que la de un fraude masivo. Además, el previsible acuerdo entre PP y PSOE mantiene la figura del asesor privado (KPMG) quien decidirá, sin poder garantizar su imparcialidad, los casos que él considere fraude o mala praxis”.

Desde fuera de la asociación, el abogado Marcos Tomé Pazos considera que “esta comisión es una pantomima”. Desde hace años, este letrado se enfrenta a las entidades bancarias con una estrategia consistente no en diferenciar qué clientes fueron engañados y cuáles asumieron riesgos. Tomé Pazos utiliza informes de peritos auditores que demuestra que estos productos tóxicos –preferentes, swaps, etcétera– estaban diseñados matemáticamente para que el cliente jamás ganara dinero: “Nadie no engañado invertiría en un producto altamente especulativo con una rentabilidad menor que la deuda del Estado, que, se presume, es la inversión más segura”.

Y coincide con Adicae en cuestionar la comisión pactada entre PP y PSOE: “Son los jueces los que tienen que determinar si mis clientes son tan tontos como para coger un producto de alto riesgo con la mitad de la rentabilidad de las obligaciones del Estado, o si el director de su banco, presionado por la entidad, engañó al cliente. ¿Qué le va a resolver a este señor la comisión pactada por PP y PSOE? ¿Le van a devolver sus 20.000 euros? De ninguna manera. Esta comisión es un ejercicio de hipocresía política sin parangón”, sentencia Marcos Tomé.

“¿Por qué no pactan el Gobierno y el PSOE lo que ha hecho el regulador financiero británico, que ha impuesto multas milmillonarias y obligado a devolver el dinero a los clientes que fueron engañados por los swaps? Gran parte de los bancos españoles están en Gran Bretaña asumiendo sin rechistar las devoluciones de importes a los clientes engañados, mientras que, esos mismos bancos, están defendiéndose en los tribunales españoles y pretendiendo hacernos creer que el que contrataba estos productos tóxicos era un experto financiero. A mí esto no me cuadra. O los españoles somos unos financieros natos y, por descontado, con conocimientos muy superiores a los británicos, o aquí nos están engañando”, sostiene el letrado gallego.

Y hace un llamamiento a los dos grandes partidos: “Ahórrense la comisión y que el Banco de España requiera a las entidades financieras las demandas que hayan tenido y las sentencias condenatorias por estos productos tóxicos. La estadística de fallos contra las entidades supera el 90%. Esa estadística la podemos hacer en un par de tardes, y nos ahorramos el coste, si es que tiene alguno, que eso ya sería demencial, de la famosa comisión. Y, si se quiere ayudar a los afectados, dado que no tienen el valor para hacer lo que han hecho los británico, hagan públicas dichas sentencias de forma accesible para el público en general, para que los afectados las lean y decidan si su caso se parece a los que los jueces están determinando como engaño, fallando la nulidad del contrato de preferentes y subordinadas”.

La fórmula de arbitraje propuesta por los dos partidos mayoritarios pretende estudiar cada caso individualmente. Un proceso interminable. Adicae, en su carta a De Guindos, propone una solución a la británica como la que apunta Marcos Tomé: “Las fórmulas diseñadas para el fraude de las participaciones preferentes está siendo adulterada. Debería plantearse la posibilidad de utilizar el arbitraje de consumo como arbitraje colectivo, dado que nos encontramos en una situación en la que es posible agrupar casos semejantes. De esta forma se evitarían trámites innecesarios y se propiciaría una resolución más rápida y eficaz”, concluyen.

Este sábado los preferentistas, sin ilusionarse demasiado con el recién conocido pacto entre PP y PSOE, mantienen sus convocatorias de manifestación en Madrid, Barcelona, Valencia, Compostela, Cáceres, Logroño, Bilbao, Murcia, Valladolid...