El Ayuntamiento de Madrid archivó sin investigar 18 denuncias por acoso en 2012

Imagen de archivo de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella durante un acto convocado por el PP. / Efe

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid se verá obligada mañana jueves, día 21, a instancias de sindicatos y partidos de la oposición, a tratar la denuncia de tres funcionarias del departamento de Comunicación del consistorio por presunto acoso laboral prolongado, vejaciones machistas e, incluso, violencia física contra una de las demandantes. Según Comisiones Obreras, las denuncias de acoso laboral son "tema tabú" puertas adentro del Palacio de Cibeles. La Inspección General de Servicios (IGS), encargada de tramitarlas, jamás ha puesto ninguna en conocimiento de sindicatos y grupos de la oposición, circunstancia que llevó, en diciembre del año pasado, a los responsables de salud laboral de CCOO en el Ayuntamiento a solicitar datos sobre todas las denuncias presentadas en 2012. Fueron 18. Todas archivadas desestimando el "acoso" y rebajándolo a "conflicto laboral".

De comprobarse la veracidad de los hechos, la denuncia que se tratará este jueves, elevada por las funcionarias Alejandra Acosta, Pilar Aller y Carmen Vijuesca, aletea ya sobre los predios del delito. Se habla en ella, como ya informó cuartopoder.es el pasado 20 de febrero, de vejaciones verbales de índole machista, tirones de pelo, golpes en la mesa, imposiciones para realizar trabajos en beneficio electoral del PP, gritos, ostracismo laboral... Denuncias que la Inspección General de Servicios archivó bajo el mantra "conflicto sí, acoso no". Razón por la cual las tres funcionarias elevaron su queja a la Defensora del Pueblo y a la Inspección de Trabajo. Y, dependiendo de lo que suceda este jueves, no descartan acudir a la justicia ordinaria: sus representantes legales ya están preparando la posible demanda, que podría dirimirse por lo contencioso o por lo laboral.

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María Isabel Vidal, responsable de Salud Laboral de CCOO en el Ayuntamiento, se muestra muy prudente a la hora de acusar al equipo de gobierno de encubrir casos de acoso laboral verificables. "En el acoso tiene que existir intención de hacer daño y de aniquilar a la persona mentalmente. A veces, se puede dar el caso de que algún funcionario pueda interpretar como acoso laboral un cambio de turno, por ejemplo. Pero, al margen de eso, lo que sí es denunciable es que se está investigando mal. Lo que se hizo en este caso [Acosta/Aller/Vijuesca] fue una sola llamada telefónica. Eso no es una investigación".

Posición parecida adopta el grupo municipal de IU: "Básicamente, pedimos saber cuál ha sido el procedimiento para tratar de resolver de modo tan rápido y conciso la denuncia de acoso laboral por parte de las compañeras. Hay que tener en cuenta que tienen un contencioso de carácter jurídico y, por tanto, nuestro cometido únicamente es político". El concejal de esta formación Jorge García Castaño concreta: "Vamos a preguntar qué gestiones se hicieron para investigar la denuncia y qué averiguaciones. Si se aplicaron los protocolos previstos para estos casos. Y también queremos que se haga una reflexión sobre este departamento de Comunicación, en el que trabajan 21 eventuales y 17 funcionarios. Se duplica el gasto de personal y se producen funcionamientos anómalos", señala. Un problema que data de 2003, cuando desembarcó Alberto Ruiz-Gallardón en el consistorio: se hizo acompañar de una cohorte de cargos de confianza y libre designación que superó los 1.500 (el ayuntamiento tiene en la actualidad 26.000 funcionarios). Situación que se ha mantenido desde que el actual ministro de Justicia le cedió a Ana Botella el bastón municipal.

Y PSOE: "No hay un órgano independiente que pueda investigar los posibles casos de mobbing", zanjan refiriéndose al oscurantismo con el que trabaja la IGS. UPyD también llama a la prudencia: "No tenemos información de primerísima mano, pero en el ayuntamiento existe un protocolo de acoso laboral muy completo y presuntamente no se ha cumplido. Aunque no lo sabemos ni lo afirmamos. No sabemos que la IGS haya hecho nada. No sabemos nada de ellos", denuncian solapadamente el presunto síndrome de burbuja de la Inspección.

Desde el ayuntamiento mantienen que la denuncia de las tres funcionarias es falsa: "Recursos Humanos ya envió a un inspector objetivo a comprobar los hechos y este archivó la investigación. Él decide que no hay nada de lo que denuncian y que todo es mentira. Estas cosas, tristemente, son habituales en las administraciones. Hay gente que pierde parte de su estatus en los departamentos, por la razón que sea, y no se resigna. Pero la denuncia es totalmente falsa", señalaron a cuartopoder.es cuando este periódico se hizo eco del conflicto.

Luis Miguel López Reillo, secretario general de Servicios de UGT-Madrid, considera, sin embargo, que la denuncia de Acosta/Aller/Vijuesca "es uno de los temas más graves que se ha visto aquí, y no se ha hecho nada". "Pedimos que se abra otra vez el protocolo de acoso, pero esta vez con todas las garantías", sentencia. "Si no se toma esa medida este jueves, ya decidiremos cómo actuar".