Gallardón y Becerril reciben este martes miles de firmas contra el nuevo Código Penal

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) entregará este martes varios millares de firmas ante el Ministerio de Justicia y la Defensora del Pueblo exigiendo marcha atrás a la reforma del Código Penal que prepara el ministro Alberto Ruiz Gallardón. “Los abajo firmantes, personas y organizaciones demócratas profundamente alarmadas por la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno del PP, expresada en su anteproyecto de Reforma del Código Penal promovida por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, queremos expresar nuestro rotundo rechazo y la exigencia de retirada de dicho texto. Se trata de un texto que ha ido incluyendo numerosas novedades de muy importante calado en posteriores fases de su redacción, las cuáles han sido remitidos al Consejo de Estado sin pasar las nuevas incorporaciones al texto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni por el Consejo Fiscal, como es preceptivo. Este puenteo por parte del Gobierno de los órganos competentes supone una violación del artículo 108.1.f de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conlleva un grave precedente antidemocrático”, arranca el manifiesto que se presenta este martes.

La PDLD y otras 13 organizaciones se concentrarán para entregar el escrito a las 10 de la mañana del 3 de septiembre en el Registro del Ministerio de Justicia (Calle Bolsa, nº 8), y a las 12 en calle Zurbano 42, para también dar copia a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

No solo considera la PDLD antidemocrático el procedimiento formal con el que se ha cursado el anteproyecto de ley. También su contenido. Denuncian que está redactado para castrar las fórmulas de protesta social germinadas del 15-M y los distintos movimientos y mareas sociales y profesionales. Según afirman, este anteproyecto “sitúa a la sociedad en una posición de indefensión ante una legislación que parece en gran medida pensada para reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público y de austeridad impuestas por el actual gobierno”.

El nuevo artículo 505 del CP es uno de los que más preocupan a la PDLD. En el texto desaparece el matiz de resistencia activa o pasiva a la autoridad “policial para que ésta sea considerada delito de atentado”. Es decir, negarse a abandonar una sentada será atentado contra la autoridad o no dependiendo de la literalidad con que un juez lea una denuncia policial. “Al desaparecer el adjetivo activa en relación a la resistencia a la acción policial se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva, lo que favorecerá la arbitrariedad tanto de la policía en sus informes como de la ley en caso de ser juzgado este tipo de acción no violenta”, explican los promotores de la plataforma.

Otro de los artículos cuestionados desde la denuncia es el que convierte en delito las ocupaciones, por ejemplo, de una oficina bancaria o un establecimiento en señal de protesta. Es decir, protestar dentro de una oficina del Banco X para detener un desahucio puede ser constitutivo de delito. La figura del escrache se puede incluir aquí. Para los miembros de la Plataforma, “en realidad, la intención del legislador es la de tipificar actos que no son violentos ni agresivos y que tampoco llegan a constituir desórdenes públicos. En la práctica acaba por unificar lo que presupone violento con lo que no llega a serlo y lo que está prohibiendo expresamente es el derecho a manifestarse dentro del edificio de una institución jurídica de carácter privado o público. Y es especialmente grave porque tipifica como agravante que la invasión u ocupación de dichos centros se produzca como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, a los que pone antidemocráticamente límites, algo incompatible con el Derecho Internacional”.

El apartado primero del artículo 557 del nuevo texto también merece duras críticas por parte de la plataforma. Dice el texto impulsado por Gallardón: “Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión”. El análisis de los juristas de la Plataforma advierte de que la ambigüedad de la redacción de este artículo “provoca auténtica inseguridad jurídica a la persona, al no quedar aclarados qué actos son violentos y cuáles no, quedando al arbitrio judicial su determinación. Resulta obvio el carácter coactivo de esta propuesta legal para cualquier participante en manifestaciones públicas. La tipificación de la amenaza de violencia con la misma carga delictiva que el acto consumado y con la misma penalización es absolutamente desproporcionada”.

La PDLF nació en mayo de este año y está impulsada por profesores, intelectuales, editores, periodistas, juristas y diversas asociaciones y colectivos. Su acta fundacional no disimula el motivo de su creación: “El primer año del gobierno del Partido Popular se salda, más allá de la brutalidad de sus medidas antisociales, desconocida desde el inicio de la transición hasta nuestros días, con un proceso, tanto tácito como expreso, de recorte a las libertades democráticas hasta hoy desconocido en el período mencionado”.