Las víctimas del Alvia rechazan las «insultantes indemnizaciones» de la aseguradora de Renfe

Imagen de archivo de una de las protestas de las víctimas del Alvia a Santiago. / EFE
Imagen de archivo de una de las protestas de las víctimas del Alvia a Santiago. / Efe

Las víctimas del Alvia de Santiago no aceptan "las ridículas indemnizaciones" con las que la aseguradora Allianz pretende resarcirlos de las secuelas del accidente de tren que, el 24 de julio de 2013, costó la vida en Compostela a 79 personas. "Se han rechazado casi de forma unánime", confirma a cuartopoder.es Cristóbal González Rabadán, presidente de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario Apafas.

Las víctimas se quejan de que los baremos de indemnización no han sido actualizados desde que se aprobara el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros publicado en el BOE de 28 de diciembre de 1989. "Desde entonces no se ha actualizado la cuantía de las indemnizaciones". Según aquel Real Decreto, por ejemplo, la cuantía a percibir por fallecimiento era de 36.000 euros. "Hace ya 25 años que se fijaron aquellas cantidades. Hoy resultan ridículas, insultantes. El billete ha multiplicado su precio un 850% desde entonces". Eso sí, apuntilla Rabadán que las familias de los fallecidos han recibido 60.000 euros.

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Pero el Ministerio de Fomento, según dice, no ha cumplido la promesa elevada en octubre del año pasado por Ana Pastor de actualizar de forma individualizada los parámetros de la atención e indemnización de cada una de las víctimas. Sin embargo, la aseguradora Allianz ya está enviando cartas a los afectados -ya en manos del poder judicial- en las que se ofrece el dinero según los baremos del 89. "Nos parece un insulto. Se están aprovechando de que hay gente en situación económica muy precaria, y tiene urgencia de solvencia económica. Desde la asociación, estamos diciéndole a la gente que ni siquiera responda a las cartas", explica Rabadán. Quien acepte esta primera oferta no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación ulterior. Así lo explicita la carta modelo enviada a las víctimas por la aseguradora: "Por la presente le trasladamos el siguiente ofrecimiento de indemnización total y definitiva por todos los conceptos [...] considerándose totalmente indemnizado y renunciando a cuantas acciones y derechos pudieran corresponderle frente a Allianz Seguros como frente a Renfe Operadora".

Rabadán denuncia que Allianz está imponiendo sus reconocimientos médicos para fijar las cuantías de la indemnización. "Nos quieren obligar a que nos reconozcan sus médicos. A mí ya me reconoce mi médico y el forense [los forenses se ponen en contacto con las víctimas de forma periódica para hacer el seguimiento de las secuelas]. Si no aceptas esta condición, nos encuadran a todos en la categoría 14. Hay gente que se ha quedado inválida de una pierna, por ejemplo, y la encuadran en la categoría 14".

En el documento aquí enlazado se estipula, para uno de los afectados clasificados por la aseguradora en la categoría 14 a la que se refiere Rabadán, una indemnización de 1.502 euros.
El creciente descontento de las víctimas de aquel accidente ha ido pasando por varias etapas. En abril de este año, el juez Luis Aláez fue sustituido en la instrucción por Andrés Lago Louro. Aláez no aceptaba las tesis de Adif y Renfe que pretendían descargar sobre el conductor del Alvia toda la responsabilidad. Según el juez, José Garzón no fue el único responsable del descarrilamiento. De hecho, intentó imputar a 20 técnicos y a tres presidentes de Adif alegando que el maquinista no contaba con suficientes medidas de seguridad. Responsables de Adif llegaron a acusar a Aláez de estar impulsando un "proceso inquisitorial" contra la compañía.

Pero Aláez había solicitado el traslado desde el juzgado número 3 de Santiago a un juzgado de lo penal de la capital gallega. Y, a pesar de las protestas de las víctimas ante el Consejo General del Poder Judicial, no se le concedió prórroga para finalizar la instrucción.

Esta misma semana, también ha generado cierta inquietud la designación de Rafael Catalá como ministro de Justicia en sustitución del dimisionario Alberto Ruiz Gallardón. Catalá autorizó en 2012, siendo secretario de Estado de Infraestructuras, la desconexión en el tramo del accidente del sistema de control de velocidad ERTMS, que decelera automáticamente la locomotora en los tramos peligrosos. Y que en la curva de Angrois estaba desconectado por decisión técnica.