AI denuncia la “catastrófica represión” contra los periodistas en Turquía

Lucía Gallo *

Una mujer llevando en la mano un ejemplar de Özgur Gündem, especializado en el conflicto kurdo, cerrado por decreto. / Metin Yoksu (Amnistái Internacional)

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El periodismo no es un crimen. No obstante, más de 120 profesionales de los medios permanecen detenidos en Turquía tras lo que el Gobierno ha calificado de intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa –que se celebra este 3 de mayo– que pone el foco en la censura y la represión sufridas por los periodistas en el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan.

“Una gran cantidad de periodistas independientes de Turquía se consumen entre rejas, recluidos durante interminables meses sin cargos ni juicio, o se enfrentan a procesamiento sobre la base de vagas leyes antiterroristas”, ha manifestado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

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A esto se suma el número de periódicos, radios y televisiones cerradas a golpe de decreto gracias a la declaración de estado de emergencia por un periodo de tres meses que permitió al Ejecutivo turco aprobar leyes sin que éstas pasaran por el parlamento. Como consecuencia, al menos 156 medios de comunicación se han visto obligados a echar el cierre desde julio de 2016. Según la Unión de Periodistas en Turquía (TGS), una cifra estimada de 2.500 periodistas y otros trabajadores de los medios han perdido su empleo, mientras otros han sido detenidos y acusados de delitos de terrorismo a causa de publicaciones que han compartido en Twitter, de caricaturas que han dibujado o de opiniones que han expresado.

La escritora Necmiye Alpay es una de las personas que engrosa la ‘lista de la vergüenza’ del Gobierno de Erdogan. A finales de agosto, la consejera del ya cerrado diario Ozgür Gündem –especializado en el conflicto kurdo– fue detenida y acusada de propaganda terrorista. Tras casi cuatro meses de detención preventiva y a la espera de juicio, Alpay, de 70 años, fue liberada el 29 de diciembre.

“Francamente, esto te afecta. Era muy activa en Twitter antes de ser detenida. Ahora no soy tan valiente, siento que me estoy autocensurando y eso me frustra. Si no puedes escribir ni decir cosas, es una especie de enfermedad, una especie de muerte”, ha expresado.

Su testimonio está recogido en el informe de Amnistía Internacional, titulado ‘El periodismo no es un crimen: la represión contra la libertad de los medios de comunicación en Turquía’ (Journalism is not a crime: Crackdown on media freedom in Turkey) junto a los de otras víctimas de las nuevas políticas del Ejecutivo turco.

El periodista Mahir Kanaat, detenido junto con seis colegas el día de Navidad, también ha relatado su injustificada encarcelación. “Me ataron las manos a la espalda y un miembro del ‘equipo especial’ se puso encima mío. Yo grité: ‘Mi esposa está embarazada de nueve meses, ¿por qué la obligáis a echarse al suelo?’, y traté de levantarme. Hubo un forcejeo, y me dieron una patada en la cara”. La esposa de Kanaat dio a luz a su hijo mientras su marido estaba detenido. Él continúa en prisión a la espera de juicio.

Desgraciadamente, los largos periodos de detención preventiva se han convertido en algo habitual. Según la organización internacional, los cargos presentados contra trabajadores de los medios suelen ser falsos, “en ocasiones evidentemente absurdos y sin prueba alguna de que se haya cometido un delito”.

#FreeTurkeyMedia

Esta situación provoca que cada vez sea más difícil escuchar voces disidentes en el país. Cualquier persona que expresa opiniones consideradas críticas por el Gobierno corre el riesgo de recibir amenazas, intimidaciones y hostigamientos online, o de ser procesado, detenido, despedido y censurado.

En este contexto, Amnistía Internacional, con el apoyo de muchas otras organizaciones, ha lanzado la campaña #FreeTurkeyMedia, con la que anima a la gente a publicar un “selfie solidario” en Twitter para denunciar la situación, mientras que una petición online iniciada para solicitar la liberación de periodistas en Turquía ya ha recolectado más de 250.000 firmas.

“Hoy, nuestros pensamientos están con los periodistas que están encarcelados o que se enfrentan a amenazas y represalias, pero nos centramos especialmente en Turquía, donde la libertad de expresión se está amordazando despiadadamente. Pedimos a las autoridades turcas que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas encarcelados simplemente por hacer su trabajo”, ha anotado Shetty.

Así,  Amnistía Internacional insta al Ejecutivo de Erdogan a levantar los cargos contra periodistas y profesionales de los medios que hayan sido detenidos simplemente por llevar a cabo su trabajo de manera legítima; a poner fin al uso rutinario de la prolongada detención preventiva; a revocar los decretos ejecutivos número 668, 678, 677 y 683 que llevaron al cierre de 156 medios de comunicación; y modificar el artículo 7/2 de la Ley contra el terrorismo (“hacer propaganda a favor de una organización terrorista”) a fin de que ésta sólo prohíba actos que constituyan incitación a la violencia.

“Todos aquellos que se encuentren en posiciones de influencia, tanto dentro como fuera de Turquía, tienen la responsabilidad de presionar a Turquía para que invierta la catastrófica espiral de represión contra los medios que se produce desde los últimos meses y años”, han sentenciado desde el organismo.

(*) Lucía Gallo es periodista.

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