Inquilinos informados contra el tiburón de la especulación inmobiliaria

  • El caso de Cristina es sólo un ejemplo de la subida de precios en los pisos de alquiler, aprovechada tanto por los particulares como por “fondos buitre” y de inversión
  • “Lo importante es saber que el problema ya no es individual, sino colectivo”, sostiene Áurea, desahuciada de un piso del IVIME

Cristina vive en Lavapiés. En 2007 firmó un contrato de alquiler por 560 euros al mes hasta 2014, que renovó “verbalmente” cada año a partir de entonces. Hace una semana, ella y sus vecinos recibieron una carta informándoles de que el edificio había sido adquirido por una compañía inmobiliaria que la citaba (a solas) para una reunión sobre “las nuevas condiciones de su contrato”. Cristina, que prefiere no decir su nombre real, está convencida de que le quieren subir el precio “para alquilar al turismo» y echarla de ahí «con un alquiler abusivo» que no pueda pagar.

El caso de Cristina es sólo el enésimo ejemplo de la creciente subida de precios en los pisos de alquiler, aprovechada tanto por los arrendadores particulares como por “fondos buitre” y de inversión que, ante la frágil posición de los inquilinos, sellan ultimátums: “O me pagas 200, 300 euros más por el piso, o te echo”.

Los precios de los alquileres no cesan de subir en prácticamente toda España –una media del 8,9% en 2017–, especialmente en la comunidad de Madrid, donde los precios “rozan sus máximos históricos”, según los últimos datos recopilados por el portal inmobiliario Idealista, que calcula el aumento de los precios de alquiler en el primer trimestre de este año en un 7,8% frente al mismo periodo de 2017, y un 39,1% superior a los precios de 2014. Y aunque los mayores precios por metro cuadrado se han registrado (en cifras récord) en barrios como el Centro, Salamanca o Chamberí, porcentualmente los mayores aumentos se han detectado en barrios periféricos como Usera, Puente Vallecas o Carabanchel.

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Unas cifras acordes con las de la consultora inmobiliaria CBRE, cuyo informe “Mercado Residencial en España”, publicado esta semana, estima subidas de en torno al 10% en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Baleares, y un incremento medio a nivel nacional de cerca del 6%. Estas subidas en cambio no se corresponden con un “aumento de la demanda” dentro de la lógica de mercado: según el informe anual de Fotocasa, la participación en el mercado inmobiliario ha caído 5 puntos porcentuales este último año, al mismo tiempo que la participación de particulares también descendía frente a compañías y fondos. Estos datos alumbran la conclusión de que los Fondos de Inversión, de Pensiones y Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) han entrado con fuerza en el mercado inmobiliario, donde la rentabilidad del alquiler residencial es del 4,7% en Madrid, del 5,4% en Barcelona y en Valencia y Tenerife superan el 6%, según el informe de CBRE.

En el otro lado de la moneda, en el país de la OCDE donde sus ciudadanos destinan más parte de su sueldo al alquiler (un 53% de la población dedica al coste de vivienda más del 30% de la renta) y donde el aumento del coste de alquiler multiplica por más de 12 el crecimiento del sueldo medio de los trabajadores (comparativa elaborada por El Mundo cruzando datos de Fotocasa y el Instituto Nacional de Estadística), aumentan los desahucios por impago de alquiler, que ya suponen 6 de cada 10.

Hacía falta un espacio dedicado exclusivamente a la problemática del alquiler y a defender a los inquilinos como tal, y la herramienta adecuada era un sindicato, que sea una herramienta de defensa de los inquilinos e inquilinas respecto a los propietarios”, explica a cuartopoder.es Jacobo Abellán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, organización fundada en Madrid en 2017 y que, de manera similar a otros “sindicatos” de inquilinos en Canarias y Barcelona, como el Sindicato Llogaters, pretende ser una plataforma de lucha colectiva contra los abusos en el mercado inmobiliario, aunque, según apunta, por el momento no cuentan con cuotas ni afiliados, y empezarán la campaña de afiliación “en junio o julio”.

En el sindicato, actualmente llevado por activistas, organizan sesiones de asesoramiento colectivo y asambleas vecinales, así como talleres formativos sobre los entresijos de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), cuya reforma en 2013, liderada el PP en el Gobierno y señalada como una de las razones del crecimiento de la especulación con los precios de alquiler por recortar la duración (de 5 a 3 años) y hacer más inestables los contratos de alquiler, ha favorecido a los arrendadores y deja a los inquilinos desprotegidos, pues el propietario puede ahora imponer subidas de precio a los tres años o incluso romper el contrato.

Es una ley más garantista con el propietario que con el inquilino. Esta reforma se hizo en parte para generar un clima de atracción de inversores extranjeros, flexibilizando el mercado, (…) pero reduciendo los derechos de los inquilinos”, detalla el portavoz del Sindicato.

El problema es que estos casos de subidas abusivas de alquiler o rescisión del contrato pasan de uno en uno, las víctimas creen que están solas y hay poco que hacer al respecto, sin pensar en la lucha colectiva, señalan activistas.

“Si esto me hubiera pasado antes (conocer y recibir el apoyo del Sindicato y otras organizaciones sociales, como la PAH) lo habría visto de otra manera, hubiera luchado y no se hubieran aprovechado de mi”, cuenta Alicia, una vecina de 58 años del barrio de Usera, que fue primero una afectada por la hipoteca y ahora sufre por la reventa del piso en el que residía a una compañía especuladora inmobiliaria que pretende cancelar su contrato de alquiler. “(Me dijeron) que venden el piso teniendo yo un contrato, y que a partir de esa fecha tengo que pagarles a ellos… Pero con el apoyo del Sindicato hice valer mi derecho como inquilina, y he logrado una prórroga de un año”.

“Hay un desequilibrio de poder muy grande”, asevera Abellán, que sostiene que “mediante la negociación y la presión, haciéndoles ver muchas veces que los contratos eran abusivos o con cláusulas ilegales, hemos conseguido renovaciones”. Sin embargo, admite, “de momento no hay mucha movilización que ponga esto como problema político”.

Un caso paradigmático es el bloque de vecinos de Argumosa 11, en Lavapiés, donde los inquilinos se han negado a abandonar las casas en las que han residido durante años, pagando sus cuotas religiosamente -algunas vecinas hasta 20 años-, y que ahora se les ha comunicado que no se renovarán los contratos y se enfrentan al desalojo. “Vecina, despierta, especulan en tu puerta” o “No nos vamos” se puede leer en pancartas colgadas de los balcones. Los vecinos de Argumosa 11 le han puesto rostro a una realidad cada vez más común en las grandes ciudades, pero también en Madrid, donde los llamados “fondos buitre” se están aprovechando de la gentrificación y la turistificación de los barrios más emblemáticos de Madrid, al tiempo que la escasa oferta en inmuebles a precios asequibles alimenta los deseos de los propietarios de ampliar las cuotas mes a mes.

Otra pequeña historia de éxito, al menos temporal, es la de Aurora, de 42 años, que tenía un contrato de alquiler social con el Banco Sabadell a 5 años firmado en 2013. Antes de que venciera, comenzó a recibir cartas instándola a abandonar el inmueble, ya que había sido adquirido por la empresa Empire Real State. Ante su negativa, fue denunciada por presuntamente no haber pagado la cuota de varios meses y advertida de que tenía que abandonar el piso en unos días. Entre lágrimas, cuenta, se presentó en el juzgado con los recibos del pago, que sí había efectuado, y la denuncia se desestimó a su favor. Desde entonces, relata, ha recibido visitas y cartas, hasta que, asesorada y con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, enviaron un burofax a la empresa: “Para meter presión y que sepan que no estoy sola”. Mientras tanto, ella ha seguido pagando cada mes y el 31 de marzo pasó la fecha de renovación automática del contrato, por lo que, según la información que ha ido recibiendo en las sesiones de asesoramiento colectivo del Sindicato, se renovaría automáticamente por un año más.

“Lo importante es saber que el problema ya no es individual, sino colectivo”, sostiene Áurea, desahuciada de un piso del IVIME (Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid) adquirido en 2013 por el fondo Lazora y que le subía el alquiler en 300 euros de la noche a la mañana.

“En las sesiones de asesoramiento colectivo queremos ir más allá de que sea la típica visita individual a un abogado, creemos que es importante que se pongan vivencias en común y saber así qué se han hecho en otros casos, qué opciones hay”, explica a este diario un activista del Sindicato. “El sindicato de Inquilinas me ayudó a formarme, a conseguir la información que necesito para poder negociar. La ley les favorece, o luchamos juntos o nunca ganaremos”, apunta Rocío, que acudió al asesoramiento colectivo de hace dos viernes.

Los grupos de sindicatos de inquilinos de las distintas ciudades de España tienen propuestas similares: ampliar la duración de los contratos con una nueva reforma de la LAU (recogida en la propuesta de Unidos Podemos), que se renueven automáticamente salvo excepciones, que los incrementos en la renta de alquiler estén sujetos al IPC o índices similares, eliminación de los regímenes especiales de tributación (muy generosos) para las Socimi o el control de la cuantía de los alquileres.