La PAH alerta de la actuación “sin precedentes” del Supremo: “Están sometidos al poder”

  • “Está en juego el mismo sistema democrático”, advierte Jose Luis González, activista de la PAH
  • Este martes los activistas se reunirán con el Gobierno para plantearle tres temas que consideran urgentes mientras se tramita la “ley de vivienda” en el Congreso

La actuación del presidente la sala tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha hecho que cunda la indignación y el miedo entre los activistas antidesahucios. El pasado jueves la Sala de lo Contencioso sentenció que el pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, pero el magistrado ordenó la paralización de su aplicación. Es una decisión “sin precedentes” y demuestra que “los jueces españoles están sometidos al poder”, indica a cuartopoder.es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Paco Morote. “Está en juego el mismo sistema democrático”, advierte Jose Luis González, de la Comisión de la PAH que se encarga de “fiscalizar” al Estado.

Desde la PAH consideran que lo ocurrido en el Supremo es la señal de que el poder de los bancos y las entidades financieras continúa creciendo sin límites. “Llegan al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia”, han advertido en un comunicado. La asociación de Jueces y Juezas para la Democracia también comparte en parte la indignación de la PAH, porque han solicitado la dimisión de Díez-Picazo ante su “nefasta gestión”.

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La PAH avisa de que se movilizará “en la calle” para conseguir que desde el Poder Judicial “se den cuenta de que no solo existe el agente de la banca” y que sus decisiones tienen una gran “repercusión económica” para la ciudadanía. En primer lugar, exigen que no se “vulnere” la sentencia de la sala y después recuerdan que “el impuesto lo deben pagar los bancos porque son los únicos beneficiados con la firma de una hipoteca”. Estarán atentos al pronunciamiento del 5 de noviembre cuando, según ha anunciado el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se conocerá finalmente quién debe pagar el impuesto de las hipotecas.

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De cualquier manera, no es la primera vez que el Supremo actúa en contra de las demandas de los colectivos antidesahucios. La Sala de lo Civil en mayo de 2013 sentenció que la devolución de las cláusulas por los bancos se limitaba a la fecha de su sentencia, es decir, sin retroactividad. En diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le contradijo y determinó que la devolución debía contemplar desde el momento de la firma de la hipoteca. “Fue una forma de decirle a los bancos que ya no podían seguir robando, pero que no hacía falta que devolvieran lo robado”, añade el portavoz de la PAH.

En este sentido, la PAH también ha recordado que el Supremo, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, sobre la cláusula del vencimiento anticipado, planteó otra cuestión perjudicial ante el tribunal “para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria” y que también aceptó moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, “como viene reiterando el TJUE”. Si bien es cierto que los activistas antidesahucios consideran que la Sala de lo Contencioso últimamente ha dictado “sentencias progresistas”, a diferencia de lo Civil: “los poderes económicos han debido de hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que se haga Justicia”, consideran.

La clave en esta actuación sobre el impuesto hipotecario y otras decisiones polémicas que ha tomado el Supremo en materia hipotecaria está en la directiva 93/13 del Consejo de las Comunidades Europeas que regula las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en toda la UE. “Siempre que el TJUE nos ha llamado la atención por los desahucios se ha referido a este dictamen que se tendría que estar cumpliendo desde el año 94 en España”, explica Morote. “Los poderes públicos españoles son absolutamente cómplices de los 700.000 desahucios que se han producido porque muchos no se habrían llevado a cabo si se hubiera aplicado la normativa directamente”, añade.

Reunión con el Gobierno

La PAH se reunirá este martes con la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza. Los activistas llevarán tres temas que consideran urgentes mientras se tramita la que denominan su “ley de vivienda” en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, solicitarán que el Gobierno de Pedro Sánchez retire los recursos de inconstitucionalidad que el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy presentó contra varias leyes autonómicas antidesahucios. Estos recursos ya están puestos en cuestión por el Ejecutivo socialista pero la plataforma pretende agilizar esta cuestión .

Por otro lado, la PAH también solicitará este martes que el Gobiernono legisle el vencimiento anticipado contemplado en el proyecto de ley de crédito inmobiliario del exministro de Economía Luis de Guindos. “De Guindos quería que se regularan, pero nosotros entendemos que es una cláusula abusiva que debe desaparecer. De cualquier manera el TJUE se va a pronunciar sobre ello en breve y deberíamos esperar”, precisa González.

Por último y no menos importante, la plataforma exigirá al Gobierno “cambios legislativos” para responder al dictamen de la ONU que condenó a España en junio del año pasado por haber vulnerado el derecho a la vivienda en el caso de una familia con hijos menores de edad, de 1 a 3 años. Según denuncian los activistas, hasta la fecha, el Estado no ha hecho nada para impedir que familias con pocos recursos estén siendo desahuciadas sin alternativa habitacional.