La ONU pide la suspensión del desalojo a Kautar, una madre con dos menores a su cargo

Kautar tiene 27 años y dos hijos de siete y nueve años a su cargo, en quienes dice encontrar “la fuerza para seguir”. Un impulso del que se nutre esta madre soltera, víctima de violencia machista, y que estos días exprime al máximo para evitar que el próximo martes 13 de noviembre sean desalojados del piso en el que viven en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Se trata de una vivienda, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antes conocida como IVIMA), que ocupó en 2017 ante las dificultades de acceder a otro recurso habitacional. “Yo sé que es ilegal, pero quiero que me permitan regularizarlo”, solicita tajante y señala que las negociaciones con el Organismo regional están siendo muy complicadas. Tanto es así, que pocos meses después de entrar en la casa, se enfrentó al primer juicio.

“Cuando me llamaron del juzgado me dijeron que tenía que dejar las llaves voluntariamente o se iba proceder a un lanzamiento. Me fui un par de días, pero al ver que no había otros recursos, volví”. Así cuenta Kautar la antesala a la notificación de la fecha del lanzamiento, el 13 de noviembre a las 10 de la mañana.

Es en ese momento cuando la joven acude a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Sierra Norte de Madrid. “Soy sincera, sin ellos no sé qué hubiera sido de mí estos días”, confiesa agradecida.

Este grupo de activistas además de acompañarle desde un plano afectivo, se ha sumado a su batalla. Por ejemplo, ayudaron a la joven a escribir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para solicitar el amparo, apelando al artículo 5 de su protocolo “para que adopte medidas cautelares ante la inminente orden de desalojo”.

Una petición a la que este organismo respondió el pasado cinco de noviembre, indicando que “ha solicitado al Estado tomar medidas para evitarles posibles daños”. Además, en el documento, al que este medio ha tenido acceso, instan a “la suspensión” del desahucio mientras el caso siga siendo examinado por el Comité.

Pero el resquicio de esperanza que guardaban estas palabras, se esfumó en la mañana del viernes cuando, según activistas de la PAH y la propia afectada, algunos funcionarios del Juzgado número cinco de Colmenar Viejo, instructor del caso, reafirmaron la decisión del lanzamiento y argumentaron que “el Comité de Derechos Humanos no es vinculante”.

Sin embargo, acudir a este organismo se ha convertido en el último recurso de muchas familias para evitar los desalojos. Especialmente, desde que en julio de 2017 los tribunales de la ONU condenaran al Estado español por no garantizar una alternativa habitacional a la familia de Mohamed Djazi, tras ser desalojada en 2013 y tener que dormir con dos menores de dos años y ocho meses, durante cuatro días en un coche.

Carmen Posada, concejala de Servicios Sociales de Tres Cantos, en conversación telefónica con este medio, ha indicado que también ha escrito al Alto Comisionado, así como al Juzgado y ha mantenido conversaciones con la Agencia Social de Vivienda, “para parar el desahucio”. Desde la concejalía le han ofrecido alguna ayuda monetaria para los próximos meses, una oferta que Kautar agradece, pero considera insuficiente. “Me apoyan económicamente para buscar una habitación, ¿pero luego?”, se pregunta en voz alta.

Posada insiste en que conocen la situación de esta familia y sugiere que “techo no le va a faltar”, aunque a su vez reconoce que el ayuntamiento tricantino “no tiene viviendas sociales” y “hay una lista de espera de casos más graves” para acceder a pisos de la Agencia de Vivienda Social.

La concejala, aunque expresa su deseo de que el martes no se produzca el desalojo, aconseja a Kautar que abandone el inmueble antes del lanzamiento, “para que pueda acceder a pedir otra vivienda social”, justifica.

Sin embargo, la afectada no contempla esta opción como una solución para evadir esa sanción. “Si has ocupado hay unos años que te penalizan en los que no puedes solicitar una vivienda pública”, defiende.

Pese a todo, quiere aguantar hasta el final. Eso no quita que tenga que enfrentarse a momentos de flaqueza, especialmente cuando piensa en sus hijos. “Es duro, muy duro. Ves que luchas y luchas y luchas contra una barrera que no termina de caerse. Soy una persona muy fuerte, pero ya estoy cansada”, dice con la voz rota y los ojos húmedos. “Solo quiero que mis hijos tengan una vivienda digna como cualquier familia, que crezcan y se desarrollen”, continúa, esta vez, recuperando su tono habitual, fuerte y decidido.

Kautar no se enfrentará sola al día en el que está previsto el desahucio, cuenta con el apoyo de la PAH. Quiere resistir para que su casa no se sume a la lista de pisos inhabitados y tapiados, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que desde hace años existen en su vecindario.