Los pueblos indígenas, afros y campesinos, movilizados por el incumplimiento del estado colombiano

Por Maricel Sandoval Solarte, responsable del Palenque de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y Claudia Jimena Pai, responsable de la Consejería de mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA).

Hoy, una vez más Colombia se despierta bajo el fuego de los fusiles de las fuerzas armadas colombianas. Fusiles que han acudido a disparar no contra criminales ni enemigos sino contra comunidades y líderes sociales. Se habían organizado para protestar y actuar contra la situación de violencia y atentados a los derechos humanos que se vive hoy en Colombia.

La exigencia al cumplimiento de aproximadamente 1.650 acuerdos firmados, entre comunidades indígenas, afros y campesinos con el gobierno colombiano, la implementación del acuerdo de paz (capíulo Étnico específicamente), las garantías para los y las defensoras de DDHH en Colombia, es lo que da lugar a la minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, que se realiza hace más de siete días en el departamento del Cauca, sur occidente de Colombia, compuesta por comunidades indígenas, campesinas apoyadas por el pueblo negro afrodescendiente de este territorio.

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Se solicita al actual gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, una mesa de diálogo para avanzar en las acciones que permitan dar solución estructural y real a la difícil situación de violación de Derechos Humanos, persecución y amenaza a los y las lideresas sociales en territorio, así como dar respuesta ante las necesidades insatisfechas en términos de inseguridad.

Las distintas organizaciones de base salen a las calles, para denunciar la falta de garantías del derecho a defender derechos, que con la resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue aprobada en 1999.

El pasado 14 de Marzo Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, presentó el último Informe anual (2018), en donde se especifica que el número de asesinatos de defensores/as de Derechos Humanos en Colombia, asciende hasta 110 en un año. Sin embargo, según el propio Informe último: 

“Los 110 asesinatos de defensores de los derechos humanos registrados por el ACNUDH, si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de í permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho.”

El Informe expresa claramente que las medidas de protección están siendo insuficientes pues no responden a la diversidad de contextos y a la complejidad del conflicto en los territorios. Por ello, insta al gobierno colombiano para que implemente un enfoque territorial y diferencial a la hora de aplicar acciones de protección: “se debe priorizar el enfoque preventivo sobre la adoptación de medidas de protección de carácter temporal (…) la Fiscalía debe fortalecer la investigación penal en los que se enmarcan la mayor a de los asesinatos personas defensoras de los derechos humanos y sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican.”

Sin embargo, ante la legítima solicitud de estos pueblos que hoy se movilizan, la respuesta que se ha obtenido por parte del Gobierno colombiano, ha sido la criminalización de la minga –término que hace referencia a la unión de personas o pueblos, en este caso para hacer una exigencia al Estado colombiano de manera colectiva- a la que se le ha dado tratamiento de guerra, violentando los DDHH, pues han sido atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional que han accionado sus fusiles contra la sociedad civil según las declaraciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En un acto legitimo como es la protesta social, este accionar del Estado ha dejado como resultado 25 personas de la sociedad civil heridas, incluso por impactos de balas, un soldado muerto, en una situación confusa y otros heridos por esquirlas de balas.

Ante esta situación se solicita a las Organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación nacionales e internacionales, ayudar a visibilizar esta situación, e instar al Gobierno colombiano para que atienda la minga y sus exigencias, en el marco del Derecho Nacional e Internacional, garantizando el respeto a la vida y los derechos de los hombres y mujeres que salen a las calles.