España acumula más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución
Las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros cinco meses de este año, según datos del Ministerio de Interior, se suman a los más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años y que siguen pendientes de resolución. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha presentado este martes su informe anual, considera que estas cifras son “la prueba más evidente” de la necesidad de reforzar "de manera urgente" el sistema de asilo en España, uno de los que más solicitudes recibe en Europa.
En el informe La situación de las personas refugiadas en España y Europa, CEAR destaca que en 2018 en nuestro país se aceptaron “1 de cada 4 solicitudes de asilo”, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en torno al 38%. También subrayan que se mantuvieron largos periodos de espera para formalizar las mismas, que en algunas provincias españolas se extendieron más allá del año.
CEAR, que este año celebra su 40 aniversario, también ha criticado en su balance anual algunos aspectos del Gobierno de Pedro Sánchez. Valora la puesta en marcha de recursos y centros para dar “una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas”, así como los “importantes gestos iniciales” que supusieron la aceptación de los barcos de rescate rechazadas por Italia y Malta. Sin embargo, lamenta que “meses después ese mismo Gobierno haya puesto obstáculos a barcos de ONG” que realizan rescates en el Mediterráneo.
La organización también califica como “preocupante” que se hayan establecido otro tipo de obstáculos para los refugiados como “la imposición de visados de tránsito a personas de origen palestino”, cuando esta es una de las nacionalidades con un reconocimiento de protección bastante alto en nuestro país, y a “las personas camerunesas”. Este tipo de visado además continúa aplicándose a las personas de origen sirio.
Por otro lado, según lamenta CEAR, un año más continuaron las llamadas 'devoluciones en caliente' en Ceuta y Melilla, a pesar de que esta práctica ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además la organización recuerda que el Gobierno recurrió “inesperadamente” a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar “devoluciones exprés”, un procedimiento acelerado que dificulta detectar casos “de especial vulnerabilidad o posibles solicitantes de asilo”. La práctica que se ha repetido en ocasiones posteriores, según han destacado.
Por ello, CEAR ha reclamado al nuevo Gobierno que recupere “el espíritu del Aquarius” y promueva un Pacto de Estado por el Asilo, basándose en los Pactos Mundiales sobre migración y refugio ratificados por nuestro país en diciembre. Esta reclamación tiene lugar en un momento de desastre humanitario, porque en 2018 el Mediterráneo volvió a ser la ruta migratoria más peligrosa del planeta con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas.
