Un centenar de juristas firman un manifiesto contra las ‘devoluciones en caliente’

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Un centenar de juristas, académicos y personalidades conocidas se han adherido a un manifiesto lanzado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para reclamar al Gobierno de España que ponga fin de forma "inmediata" a las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera, práctica conocida como 'devoluciones en caliente.

Entre las personas firmantes se encuentran la ex-alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, la ex-ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, el ex-portavoz socialista Diego López Garrido o la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.

El texto recuerda que el pasado día 13 de febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, por unanimidad, que España no había vulnerado los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al entregar a las autoridades marroquíes a dos personas de origen subsahariano que habían saltado la valla de Melilla. "Esta sentencia fue especialmente desalentadora teniendo en cuenta que el propio Tribunal había condenado a España, por unanimidad, en este asunto en octubre de 2017, atendiendo a su propia jurisprudencia", señala el manifiesto.

La ONG destaca que estas prácticas son contrarias a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 33 recoge el principio de no devolución, por el que ningún Estado podrá expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida e integridad física corra peligro. "Con ellas se impide la identificación de personas necesitadas de protección internacional y el acceso a las mismas al procedimiento de asilo", añaden.

"Las denominadas ‘devoluciones en caliente’, como vía de hecho sin procedimiento y sin las debidas garantías y salvaguardas procesales, privan a las personas necesitadas de protección internacional del acceso al derecho de asilo contemplado en el artículo 13.4 CE", afirma el texto. Esto supone, para las personas firmantes, "un atentado contra el Estado de Derecho, debido a que la actuación material de la Administración se efectúa sin un acto previo que la legitime".

El manifiesto añade que no existe una obligación de que el Tribunal Constitucional haga suyos los argumentos del Tribunal de Estrasburgo". "El Gobierno está legitimado para poner fin a estas prácticas, aunque el Alto Tribunal finalmente las declarase constitucionales, ya que el artículo 97 de la Constitución le asigna la dirección de política interior y exterior"; continúan. "De esta manera, el actual Gobierno sería coherente con lo argumentado en el recurso de inconstitucionalidad y con sus compromisos electorales". En este sentido, las personas firmantes hacen suyas las palabras del actual presidente del Gobierno en 2017: “Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente”, que también proclamaron otros miembros del gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Para ello, piden la presentación de un Proyecto de Ley en el que se pueda traducir a términos jurídicos lo prometido políticamente poniendo en práctica dos aspiraciones de la Constitución Española: “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y “establecer una sociedad democrática avanzada”. Desde las ONG que trabajan con migrantes han reclamado otros cambios en políticas de asilo y migratoria.

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