Los abogados lanzan un SOS: “Muchos están siendo condenados al hambre”

Con la crisis del coronavirus, algunos despachos de abogados y asesorías dedicados al derecho laboral tienen más trabajo. Sin embargo, la inmensa mayoría de abogados y la totalidad de los procuradores han visto su labor interrumpida con la paralización de la actividad en los juzgados. Muchos de estos profesionales no tienen derecho a ningún tipo de prestación y “están siendo condenados al hambre”, denuncia el exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena José Muelas.

De los 190.000 abogados en España, más de un 60% son mutualistas y no figuran en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), ya que la posibilidad de afiliarse al RETA no existió hasta 1995. Estos abogados que se han quedado sin trabajo debido al estado de alarma tampoco pueden acogerse a las medidas que el Gobierno ha decretado para los autónomos como la prestación por el cese de actividad o por el descenso de un 75% del volumen de su negocio como consecuencia de la epidemia del coronavirus.

Además, la mayoría de los afectados deben seguir pagando su cuota al Colegio de Abogados al que pertenezcan. Solo una veintena de los 83 colegios que existen en todo el país, como el de Álava o el de La Rioja, han decidido suspender el pago mensual a sus colegiados.

Los abogados laboralistas, que asesoran a empresas o se encargan de los numerosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se dan en todo el país son “la ínfima minoría, no más de un 20%” de la totalidad de abogados del Estado. La gran mayoría se enfrenta a una situación que “puede tornarse dramática” si el Gobierno no toma ninguna medida, explica Muelas.

Especialmente delicada es la situación de las procuradoras y procuradores, sin ningún ingreso después de la paralización completa de su actividad. Algunos abogados pueden ocasionalmente tener que acudir a juicio, ya que el Ministerio de Justicia mantiene los trámites judiciales cuyo retraso pudieran causar “un perjuicio irreparable”. Esto incluye, por ejemplo, internamientos urgentes u homicidios. De todas maneras, estos son sucesos poco frecuentes.

Las medidas que piden

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, pidió esta semana al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a los consejeros de las Comunidades Autónomas que sumaran fuerzas para hacer llegar esta cuestión al área económica del Gobierno. Su petición ha sido “un trato igualitario” para todos los abogados, de forma que se reconozcan los mismos derechos a los mutualistas que a los autónomos.

Por su parte, Muelas también pide “la suspensión tanto de las cuotas de autónomos como las de los mutualistas”. Además, señala la necesidad de que el Gobierno emita un ruego a los Colegios de Abogados para que dejen de pasar la cuota de sus colegiados, o bien, modifique la ley para que el impago de la cuota no suponga la pérdida de la condición de abogado.

Además, el exdecano señala “la lamentable informatización” del sistema judicial español. En su opinión, España debería habilitar la realización de juicios telemáticos, una opción que ya ha habilitado Reino Unido y que serviría para llevar a cabo los juicios más sencillos. Esto beneficiaría a la ciudadanía en general, sostiene. “Si la justicia se para, los derechos de los ciudadanos se paran”, indica.

Otra demanda es el acceso de los abogados a la línea de crédito, aunque los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los autónomos están obteniendo críticas por los elevados requisitos que impone la banca privada. Una opción para estos profesionales sería la habilitación de “préstamos blandos” o el pago de esta deuda con su trabajo como abogados de oficio durante los próximos años.