La tormenta perfecta de ‘Filomena’ y la pandemia agravan la pobreza energética

  • El temporal de esta semana es otro gran obstáculo para quienes no pueden pagar sus facturas
  • La pobreza energética “agudiza las enfermedades respiratorias, cardiovasculares también puede afectar a la salud mental", indica Cecilia Foronda (ECODES)
  • La prohibición del corte de suministros “se vincula al estado de alarma y no consiste en una moratoria de cortes para todos”, advierte Soledad Montero (Ecologistas)

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Esta semana la borrasca Filomena está dejando temperaturas gélidas en buena parte de la Península. La histórica nevada en Madrid, con una acumulación de hasta medio metro de nieve en algunos puntos de la ciudad, provocó este fin de semana muchos momentos de diversión. Sin embargo, para miles de familias la bajada tan drástica de las temperaturas es motivo de preocupación. Las últimas cifras oficiales disponibles (2019) indican que un 16,7% de los hogares tenía un gasto energético desproporcionado sobre sus ingresos, superior al de la media nacional. Además el 7,6% tuvo problemas para mantener su vivienda a la temperatura adecuada.

Se estima que estas cifras han ido en aumento con la pandemia del coronavirus, que ha agudizado los problemas económicos y el desempleo, mientras que nos ha obligado a permanecer más tiempo en casa. En la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) detectaron un aumento del 21% del consumo de la energía durante el confinamiento en un grupo de hogares que monitorizaron. El temporal de esta semana es otro gran obstáculo más para quienes no pueden pagar sus facturas.

Alguien sufre pobreza energética cuando es incapaz de hacer frente al pago de los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o dedica una parte excesiva de sus ingresos a pagar estas facturas. Entre las causas que originan este problema está la situación de desempleo o crisis, el hecho de que los precios de la energía son elevados o que una buena parte de las viviendas en España se construyeron sin el adecuado aislamiento térmico y cuesta mucho calentarlas o enfriarlas.

Estar en casa con guantes, muchas capas de ropa y aún así pasar frío puede ser muy molesto, pero las consecuencias de la pobreza energética van mucho más allá, especialmente en los momentos más fríos del año. En cuanto a la salud, las personas más vulnerables son los mayores y los niños y niñas. “Agudiza las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, aumenta las neumonías, las bronquitis y también puede afectar a la salud mental. El hecho de no poder pagar las facturas de luz y gas genera ansiedad en las familias”, comenta Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas de ECODES. Este problema también agudiza la exclusión. Un ejemplo: los menores pueden tener problemas para acceder a un ordenador o enchufarlo y poder estudiar o realizar las tareas de colegio.

¿Hasta dónde llegan las medidas contra la pobreza energética?

La herramienta de la Administración Pública para paliar la pobreza energética es el bono social, un descuento de entre un 25% y un 40% dependiendo del nivel de renta y de la unidad familiar. La medida fue aprobada en 2019 y actualmente alcanza a 1,3 millones de beneficiarios, según el último boletín publicado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Pero según la Encuesta del INE de 2019, la tasa de riesgo de pobreza con el alquiler imputado es del 18,6% de la población. Es decir, más de 8,5 millones de personas son susceptibles de necesitar esta ayuda.

El bono social además ha sido criticado por sus trabas para tramitar la solicitud, que impiden a las familias vulnerables obtener la ayuda de manera sencilla. “Hay muchas personas que aún cumpliendo los requisitos no puede acceder porque la app de las comercializadoras no se lo permite”, explica Soledad Montero, miembro del Área de Energía de Ecologistas en Acción y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Otra de las medidas del Gobierno contra este problema ha sido el Real Decreto que impide cortar los suministros de agua, electricidad y luz a las familias más vulnerables. “Esta nueva normativa tiene dos problemas: que se vincula al estado de alarma y que no consiste en una moratoria de cortes para todo el mundo”, apunta Montero. Para poder beneficiarse, las familias deben obtener, en caso de no ser beneficiarias del bono social, un informe que les reconozca como consumidores vulnerables.

Soluciones posibles

“En primer lugar se necesita una reforma del bono social para automatizarse más, pero las medidas para hacer frente a la pobreza energética no pueden ser paliativas. Es muy importante abordar en profundidad la rehabilitación del parque de viviendas porque más del 50% fueron construidas sin criterios de aislamiento térmico. La mejor energía es la que no se gasta y tener nuestras viviendas aisladas es la mejor manera de bajar las facturas de energía”, señala Foronda (ECODES).

Las familias más vulnerables, aunque reciban el descuento del bono social, enfrentarán también los precios disparados de la electricidad. Montero trata de explicar cómo afectan estas subidas en profundidad, con sus matices. Este problema ocurre cada invierno y cada verano porque tenemos “un sistema de regulación de precios en el mercado mayorista que es marginalista”. El precio sube cuando hay más demanda, es decir, hay reglas de mercado para un bien básico. Sin embargo, afina: “la subida afecta nada más que al término de la energía que viene a ser un 39%, el otro 40% es el término fijo que no se va a mover”. A estas cantidades se les suma el IVA y el impuesto de la electricidad.

Por tanto, a las familias vulnerables les afecta la subida de la luz, pero este no es el grueso de su problema. Para combatir la pobreza energética Montero sugiere una alternativa propuesta por los colectivos y movimientos sociales que abogan por otro modelo energético. Se trata de “la tarifa social”, es decir, una cantidad básica de energía para una familia que tenga un precio estable, cubra los gastos de las compañías y que aumente el precio cuando el consumo sea más elevado. “Que cada uno pague en relación a sus posibilidades y capacidades”, indica. No es algo disparatado, defiende, porque ya se practica con el suministro básico del agua.

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1 Comment
  1. walletjc says

    «No estamos en una economía estatalizada, no estamos en un régimen comunista». Con estas palabras, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha descartado este sábado la posibilidad de que el Gobierno intervenga Alcoa, la multinacional estadounidense del aluminio que ha anunciado el cierre de sus plantas en La Coruña y Avilés y el despido de sus casi setecientos trabajadores.

    Vale para hoy.

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