La regularización, positiva para los menores ‘sin papeles’ y las arcas públicas

Hay 147.000 niños y niñas en España 'sin papeles'. El dato lo han arrojado Save The Children y la Fundación Por Causa en un informe inédito que deja una fotografía actual de estos menores. Su situación administrativa irregular impacta en los derechos más básicos como la educación o la salud y alimenta su discriminación. Este estudio también concluye que la solución “más inmediata” y simple en el contexto de pandemia sería la regularización de los menores y sus familias. La medida, han calculado, también conllevaría “un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad”.

“Pocas medidas tan simples pueden tener tener efectos positivos tan considerables”, sostienen Save The Children y la Fundación Por Causa en el informe 'Crecer sin papeles en España'. “España es un Estado avanzado que debe garantizar los derechos de los 147.000 niños y niñas 'sin papeles', por encima de sus padres o de su condición migratoria”, ha sostenido el director general de Save The Children, Andrés Conde, en la presentación del estudio este miércoles.

Esta medida podría ser determinante para “reducir el sufrimiento de la infancia y sus familiares en situación administrativa irregular, así como facilitar niveles mínimos de inclusión social”. Esta es ya una razón más que suficiente para justificar la regularización, según se señala en este informe. Pero además calculan que estas familias contribuirían con más de 7.000 euros anuales a las arcas públicas y reducirían el coste fiscal que provoca su situación irregular en un 60%. La estimación se basa en los dos grandes tipos de hogares con menores 'sin papeles'.

Es una medida que han realizado otros países a raíz de la pandemia comparables al nuestro por contexto económico y político como Portugal o Italia. También en España se ha aplicado en los mandatos de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. “No hay normas europeas o españolas que impidan una regularización en España”, ha indicado Gonzalo Fanjul, coautor del informe y director del área de investigación de la Fundación Por Causa.

Estas organizaciones también creen que la situación podría empeorar debido a la pandemia. “El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras estimaciones, el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementada en un número superior a los 160.000 trabajadores y trabajadoras, lo que complicará mucho más las cosas”, ha advertido Fanjul.

La mayoría de América Latina y con menos de 5 años

¿Cómo son estos niños y niñas? ¿Cuál es el origen de estas familias? La realidad contrasta con lo que podría pensarse. Tres de cada cuatro menores en situación administrativa irregular proceden de América Latina. Colombia concentra el número más alto y le siguen Honduras, Venezuela y Perú. África es el origen del 43% de los niños y niñas migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular. Marruecos es el país africano que más destaca, ya que es el origen de casi un 7% de la infancia 'sin papeles'.

Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes migrantes en España está en situación administrativa irregular. El desglose por edades permite apreciar como la irregularidad se hereda. Solo por haber nacido en España no se adquieren los papeles, sino que rige el ius sanguinis. Es decir, los menores adquirirán la nacionalidad de sus progenitores salvo que la legislación de su país lo impida. La mayoría tienen entre 0 y cuatro años (55.327), los siguientes son los adolescentes de entre 15 y 19 años (40.738), les siguen los de entre 5 y 9 años (28.441) y los de entre 10 y 14 (22.268).

Las comunidades más pobladas, de acuerdo a la lógica, concentran el mayor número de niños y niñas 'sin papeles'. Cataluña está a la cabeza con más de 34.000, le siguen la Comunidad de Madrid (más de 29.300), la Comunidad Valenciana (20.000) y Andalucía (14.000). Entre las comunidades autónomas menos pobladas que rompen la tendencia están Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y Euskadi, que tienen a más del 30% de los niños y niñas migrantes en esta situación.

Pobreza y dificultades para acceder a la educación y a la salud

La irregularidad para estos niños y niños trae “consecuencias trágicas y de largo alcance”, se indica en el informe. Para empezar “precipita la pobreza y la exclusión social”, ha indicado Conde. Si la probabilidad de riesgo de pobreza es de un 14% en hogares españoles con niños y niñas, aumenta a un 48% en el caso de las familias extracomunitarias.

Entre las causas están que los salarios que se cobran son menores, los empleos menos remunerados y la irregularidad impide el acceso a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las rentas de inserción autonómicas. "Consideramos urgente que se permita el acceso al IMV a las familias en situación administrativa irregular para reducir el mayor riesgo de pobreza que sufren", ha defendido Jennifer Zuppiroli, experta en Infancia en movimiento de Save the Children.

Además, según se muestra en el informe el derecho a la educación también puede verse vulnerado por la ausencia de permiso de residencia y un NIE que impida el acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Ocurre especialmente en “la educación no obligatoria”: infantil, bachillerato etc. Según señalan las organizaciones autoras del informe, las trabas no están necesariamente en las normas, sino son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas.

También se puede ver afectado el derecho de la infancia a la salud. Aunque en España la sanidad es gratuita y universal, las familias normalmente se encuentran frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas. “La disparidad de criterio de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria”, añaden. En ocasiones también influye “el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios” desvele la situación de la familia ante las autoridades policiales.

Los menores también ven condicionado su acceso a la vivienda, ya que la situación irregular de sus progenitores impide algo tan básico como abrir una cuenta bancaria en la que domiciliar los recibos. Y la irregularidad es especialmente grave para aquellos menores que sufren violencia: ya sea doméstica, abusos físicos y mentales o explotación y trata. “El miedo a la deportación, el desconocimiento del idioma y la ausencia de redes personales pueden obstruir su protección”, indican.

El miedo, el denominador común

De todos los testimonios que se han recopilado para el informe destaca un denominador común: el miedo. “La rutina más cotidiana de decenas de miles de personas en nuestro país está empapada del temor a llamar la atención, a ser identificadas, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atención de las autoridades y destruya de un plumazo el esfuerzo y las esperanzas acumuladas durante años. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, este miedo inexpresable se traduce en consecuencias personales y profesionales con las que cargarán de por vida”, señalan.

Así lo muestran algunos de los testimonios como el de Sady y su madre. Ella se quedaba en casa cuando el resto de su clase de primaria viajaba de excursión a Francia, muy cerca de donde vivían, en Jaca (Huesca). Su madre, mujer paraguaya y sin papeles, tenía pánico a una deportación que las separase. “Entonces no lo entendía, ahora sí”, recuerda la madre en el informe. “Me venían sus amigos y me decían que Sady tenía que ir, pensaban que yo no le dejaba. Un día les dije que Sady no tenía en orden los papeles y un crío me decía ‘pues ve a la librería y los arreglas y así puede venirse con nosotros’. “No lo entendían, claro, qué van a entender”, cuenta su madre, quien tras cuidar durante años a una anciana con alzheimer obtuvo un permiso de residencia temporal.