Le tomamos la palabra a Mariano Rajoy

El presidente del Partido Popular va a proponer a las Cortes Generales la revisión de los complementos de las pensiones que reciben los ex-diputados y ex-senadores. Aunque no ha aclarado la fórmula que elegirá, parece deducirse de las manifestaciones de Mariano Rajoy que su partido se decanta por la supresión de las compensaciones económicas que, por encima del resto de ciudadanos, devengan a su favor los representantes de la soberanía nacional cuando se jubilan. Creo que no puede interpretarse de otra forma la iniciativa del señor Rajoy de eliminar “cualquier cosa” que pueda significar una situación de privilegio sólo al alcance de los parlamentarios españoles. La “parte” (la desaparición de los privilegios en materia de clases pasivas) debe estar incluida en ese “todo” deseado por Rajoy, que es restablecer la igualdad entre los ciudadanos de nuestro país, con independencia de si son representantes electos o no, y terminar con lo que, sólo ahora y con algo de retraso, considera una suma de agravios comparativos.

Los ciudadanos debemos tomarle la palabra al aspirante conservador al Gobierno de la nación. Sugiriéndole no sólo más precisión, sino igualmente una mirada más amplia, un esfuerzo adicional para que su iniciativa obtenga una profundidad de campo mayor. Porque los complementos de pensiones sólo los disfrutan muy pocos ex parlamentarios, son una minucia si los comparamos con otros beneficios, no sé si justificados, que, éstos sí, tienen el carácter universal y generalizado al que se refiere Mariano Rajoy. No se trata de tirar al plato contra  los políticos empleando para tal empeño la munición más barata, la de la demagogia y la basura antidemocrática de los que quieren destruir nuestro sistema de convivencia, aunque éste no sea ideal y sí manifiestamente mejorable. Pues eso, se trata simplemente de oxigenar nuestra vida pública reflexionando entre todos sobre la procedencia o no de algunas medidas de gracia particulares, quizás no del todo justificadas por el hecho de que nuestros representantes, la mayoría de ellos, persiguen en el desarrollo de su actividad el interés general. Con altibajos y con posibilidad de enmienda.

Una de estas zonas grises es la fiscalidad personal de Sus Señorías y, en general, de todos los representantes electos. La vigente Ley del IRPF, al regular los rendimientos del trabajo, somete a gravamen “las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento”. Frente a esta regulación tan generosa con los cargos electos, los demás trabajadores valen menos, son personas de peor condición. La misma norma trata a unos y otros de manera desigual, ya que el común de los trabajadores debe tributar por las dietas y asignaciones para gastos de viaje que perciban de sus empresas. Sólo se les exceptúa de gravamen, dentro de dichos gastos, “los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan”.

El trato desigual es doble. A nuestros representantes no les alcanza la larga mano del tributo por su percepción de unas asignaciones conceptualmente más amplias –todos los gastos de viaje y desplazamiento-, mientras que, por el contrario, esa mano sí grava y aprieta al resto de los trabajadores, que sólo se libran del Fisco por lo que hace a las dietas de locomoción y manutención y estancia. Por otro lado, los cargos electos pueden invocar a su favor el principio de autoorganización, ya que la institución a la que pertenezcan goza de plena libertad para asignar las cantidades, las que sean, excluidas de tributación por el IRPF. Mientras que el común de los mortales sólo se libra del Impuesto por lo que atañe a los gastos de locomoción y a los normales de manutención y estancia que, en ambos casos, determina con precisión milimétrica el Ministerio de Economía y Hacienda.     

¿Está justificada según un criterio de protección del interés general la discriminación que establece la Ley? No lo sé, pero les doy una pista. En la primera Ley del IRPF (Ley 44/1978) de la Democracia, impulsada por el ministro de Hacienda Fernández Ordoñez, no consta ninguna discriminación. Ésta tuvo su entrada, en términos prácticamente idénticos a los actuales, en la Ley 18/1991, de 6 de junio, de reforma del IRPF (con efectos a partir de 1992). Desde hace unos años venimos asistiendo a una profesionalización creciente de la actividad política. Hoy nuestros representantes son políticos profesionales, lo que no significa necesariamente que, en relación con otros sectores de actividad, la profesionalización de los políticos sea una garantía de su buen hacer. En todo caso, las pistas las debe dar en este momento el señor Rajoy, ya que ha tomado la delantera en la carrera electoral. Debemos preguntarle al jefe de la oposición y firme aspirante a dirigir en el futuro la vida política nacional. Que nos diga, por favor, hasta dónde quiere llegar en su apuesta por la igualdad.