Rajoy deroga la ‘doctrina Solbes’ sobre las plusvalías especulativas y rompe la neutralidad fiscal del Estado hacia el ahorro

Las ganancias de capital de duración inferior al año siempre habían tributado en el IRPF como una renta más (como el trabajo o los alquileres). Formaban parte de la base liquidable general del Impuesto, se agregaban a los demás rendimientos y a la suma obtenida se le aplicaba la tarifa ordinaria. Este sistema garantizaba la progresividad del IRPF (a mayor renta mayor tipo de gravamen) y desalentaba la obtención de rendimientos del capital meramente especulativos. La aplicación de tipos de gravamen proporcionales y/o más reducidos que los generales de la tarifa ordinaria se reservaba para las plusvalías con un periodo de maduración más largo (hasta no hace mucho ese periodo debía exceder de dos años, luego se exigió simplemente el transcurso de más de  uno). Al legislador tributario español nunca se le había pasado por la cabeza otorgar un trato privilegiado a las ganancias especulativas, tales como comprar un inmueble o un paquete de acciones y vender dichos activos dentro del mismo año, obteniendo su propietario grandes beneficios. Esa política fiscal podía alterar de manera artificial el funcionamiento de los mercados, acentuando sus movimientos alcistas y haciéndolos extremadamente proclives a la formación de "burbujas".

Tal estado de cosas cambió radicalmente en la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero. En noviembre de 2006 su ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, consiguió sacar adelante su reforma del IRPF y, en lo que aquí interesa, dividió el Impuesto en dos clases de renta, asignando a la llamada renta del ahorro la práctica totalidad de los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses de préstamos y depósitos bancarios, rentas de seguros y operaciones de capitalización…) y todas las ganancias y pérdidas patrimoniales (con independencia de su periodo de generación). La gran particularidad de la renta del ahorro era que tributaba al tipo del 18%, contrastando con la renta general (fundamentalmente el trabajo dependiente), a la que se aplicaba una horquilla de tipos progresivos según su cuantía, que iban desde un mínimo del 24% hasta un tipo marginal máximo del 43%. El objetivo de Solbes era la importación y el mantenimiento de capitales en territorio español a cambio de una fiscalidad benigna y la asignación libre y eficiente del ahorro particular en los mercados financieros gracias a la neutralidad fiscal del Estado en relación con los distintos productos, una especie de café para todos con la sola excepción del ahorro invertido en planes de pensiones y en la vivienda habitual del contribuyente. Aunque la crisis de las finanzas públicas obligó a Rodriguez Zapatero en los estertores de su segunda legislatura y a Mariano Rajoy ya en el primer mes de su mandato a subir los tipos de gravamen del IRPF (tanto los de la renta general como los de la renta del ahorro), lo cierto es que en la actualidad sigue vigente el anterior esquema dual ideado por el equipo de Pedro Solbes.

Solbes quizás tenía la mejor de las voluntades pero hemos heredado del ex ministro alicantino  el peor de los resultados posibles. Su base del ahorro no sólo ha sido una pantomima del principio de equidad fiscal. Su política combinada de baja tributación de las rentas del capital y de generosa deducibilidad de los intereses de préstamos y otros gastos financieros en las distintas figuras de la imposición personal, la supresión de los impuestos patrimoniales, y todo ello unido a los bajos tipos de interés en la zona euro, dejó en nuestro país demasiada liquidez en manos del público, a la vez que estimulaba el “apalancamiento” financiero de los particulares. La política fiscal ha sido una máquina en la formación de “burbujas” de precios, y una fábrica de especulación bursátil, fiebre de oro inmobiliario e incluso de promoción del “prestigio” de ciertas pedagogías sociales. Nunca como hasta entonces había sido tan alto el cinismo ciudadano sobre la idea de la justicia tributaria.

Mariano Rajoy ha anunciado que va a sacar de la base del ahorro las plusvalías por ventas de acciones generadas en menos de un año y, a partir de 2013, las hará tributar a los tipos progresivos de la escala del IRPF. Para los beneficios superiores a 24.000 euros anuales el cambio de régimen legal supondría en principio (en el tramo del IRPF correspondiente al Estado) dejar de ser sometidos a un gravamen del 27% para tributar probablemente al tipo marginal máximo del 52%. Esto durante el año 2013, el segundo y último de vigencia de los recargos extraordinarios aprobados por el Gobierno a finales de 2011. Para el ejercicio 2014 y sucesivos los porcentajes a tener en cuenta serán el 21% (base del ahorro) y el 45% (tipo marginal máximo para la base general). Como vemos, el “palo” que propinaría Rajoy a las ganancias bursátiles especulativas dejaría un cardenal muy vistoso en bastantes traseros (en 2006, el año anterior a la entrada en escena de la Reforma Solbes, un millón doscientos mil contribuyentes declararon plusvalías inferiores al año por un saldo total de 2.239 millones de euros, aunque la contabilidad de la Agencia Tributaria no suministra información desglosada según la naturaleza de los activos transmitidos). Si bien este número ha venido descendiendo como consecuencia de la recesión, los especuladores siguen obteniendo pingües beneficios y algunos de ellos presionan de forma muy destructiva en los mercados de capitales.

No obstante, el “estacazo” puede resultar mucho más contundente –hasta significar un viraje desde un tipo real de tributación del 0% hasta el mencionado 52%- si tenemos en cuenta los efectos de la medida anunciada por Rajoy en el sistema legal de integración y compensación de rentas. En el IRPF la compensación de pérdidas se realiza por compartimentos estancos: las rentas positivas de la base imponible general no pueden enjugarse con las pérdidas patrimoniales que integran la base del ahorro, que sólo se compensan con las ganancias de dicha naturaleza. Esto ha permitido a muchos especuladores neutralizar sus ganancias a corto plazo mediante la imputación de pérdidas bursátiles producidas en los últimos años (pendientes de compensar), caracterizados desde finales de 2007 por unos mercados financieros en prolongado declive tras la aparición de las hipotecas subprime en agosto de ese año. Esta situación de coste fiscal cero ya no sería posible si las ganancias por ventas de acciones inferiores al año fueran expulsadas de la base del ahorro y trasvasadas a la base general, porque para la determinación final de esta última no pueden tenerse en cuenta las pérdidas patrimoniales computadas en la base del ahorro. Por tanto, una plusvalía especulativa de 100 euros podría tener un coste fiscal de 52, y no de 0 como sucede en la actualidad. Salvo, claro está, que Rajoy decida lanzar un salvavidas a estos contribuyentes y consolidar sus pérdidas del pasado como un derecho adquirido. Veremos.

La decisión de Rajoy, si finalmente es llevada a la práctica con todas sus consecuencias, va en la buena dirección. Restablecerá un poco la equidad perdida en el IRPF y contribuirá a gravar como corresponde numerosas rentas especulativas que no son el resultado de ninguna inversión productiva, sino de las fuertes oscilaciones en los precios de unos mercados de capitales muy nerviosos y enrarecidos por una volatilidad extrema. No creo que haga falta mencionar los grandes negocios, muchos de ellos incluso “intradía”, que está deparando la cotización de Bankia después de su intervención. O lo que está sucediendo con los títulos de la inmobiliaria Metrovacesa al amparo del “calorcillo” propagado en la Comunidad de Madrid por la ubicación de los negocios del muy magnífico señor Adelson y sus máquinas prodigiosas de crear empleo, que verdaderamente merecen el nombre de lanzaperras.

Pero Rajoy no debe conformarse con modificar la regulación fiscal de las ventas de acciones a corto plazo. El Gobierno no puede considerar aisladamente los diversos activos negociables en los mercados de capitales o en el inmobiliario y fomentar o privilegiar las distintas inversiones y productos del ahorro sin una justificación detallada que contemple todo el conjunto. Tampoco puede distorsionar el funcionamiento de esos mercados mediante la irrupción repentina de “efectos anuncio” sobre el futuro de las normas legales. Y, sobre todo, Rajoy debe reparar de una vez el trato injusto que desde hace ya demasiados años están recibiendo en nuestro país los rendimientos del trabajo.