Hora de reformas, no de más recortes

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El ministro de Economía, Luis de Guindos, en una comparecenia ante la prensa tras la reunión del Ecofin, el pasado sábado, en Nicosia. / Katia Christodoulou (Efe)

España ilustra el problema existencial de la integración de Europa. Si el Gobierno de Mariano Rajoy se sale con la suya, en su envite ante las instituciones europeas, parece que al final los próximos meses van a ser de reformas, no de más recortes sobre los anunciados. Pero la cosa todavía dista de estar clara, y puede que al final, en noviembre o diciembre, tambien podría solicitarse el rescate de la deuda pública estatal. La vía de reformas para crecer más debería ser el signo de toda Europa. Empeñarse en seguir en la austeridad también iría contra las matemáticas, pues el real determinante de la financiación de un país es el déficit comercial y no el público.

De la ecuación que planteaba en el artículo anterior se desprende que lo que salva una economía no son los rescates contra la deuda, sino las reformas de las estructuras productivas. La excesiva atención a la deuda ya vimos que incluso hace incrementar esa propia deuda. Ahora vamos a aplicar las mismas matemáticas para demostrar que el consiguiente problema de financiación y de inversión tiende a socavar las estructuras productivas, por lo que por mucho rescate la economía permanecerá secuestrada en el interior mientras deja pasar las grandes oportunidades que se le abren en el exterior. Lo sano sería crecer y exportar más trabajando más y mejor.

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Ese es el sino actual de España y Europa. Complacencias como la mostrada esta semana por Jean Claude Trichet rodeado de poderosos nos alejan de la solución. Para empezar, su defensa del BCE como bastión del supuesto único éxito reciente de Europa (una unidad monetaria que sigue corroída por la desconfianza que genera el descrédito) no se compadece con las cifras comparativas de EEUU. Pese a las turbulencias, el país cuyo futuro debaten Barack Obama y Mitt Romney reafirma su hegemonía mundial, hoy apenas desafiada en lo político por las demás potencias o movimientos como los de las manifestaciones musulmanas de estos días, tan antioccidentales como antiamericanas. Al contrario, la UE camina hacia la fragmentación que pronosticaban hace décadas los estrategas de la geopolítica y geoeconomía, ante la falta de visión e incluso capacidad de liderazgo de Alemania. Si los lideres de esta y de los países aliados (Holanda, Finlandia, Austria) se empeñan en darles la razón, las futuras generaciones tendrán que esperar a que Polonia vuelva a intentarlo a finales de la centuria, cuando el mundo haya vuelto a su sesgo asiático y haya terminado de perder la influencia  ejercida por Europa los dos últimas siglos, mayor que la de Carlo Magno o después el imperio romano.

La clave exportadora

En 2025, el consumo anual en los mercados emergentes alcanzará 30 billones de dólares, tres veces la deuda total europea, por lo que si en vez de persistir en la vía de los últimos años la UE aprovechara la potencia comercial que tiene podría aprovechar la mayor oportunidad de crecimiento en la historia del capitalismo. Y esa estrategia de crecimiento sería en el caso europeo más necesaria que en el de los países con menores tendencias al envejecimiento de la población. Como ha escrito Tony Blair, mientras la tasa de natalidad de Europa está estancada, la población árabe, por ejemplo, va a duplicarse en las próximas décadas.

El problema es que, con su línea de austeridad, ni Europa aprovecha las oportunidades de esos mercados exteriores, ni siquiera los interiores. Alemania sí lo está haciendo, gracias  a una cotización del euro que favorece al tiempo sus intereses comerciales y financieros más que los de los países del sur, a quienes interesaría una fuerte depreciación superior a la del 2% frente al renminbi chino y de casi el 3% frente al dólar estadounidense registradas en lo que va de año tras las apreciaciones del 2011. El coste está siendo una menor integración comercial europea, por lo menos con esos países. España llegó a tener casi el 80% de sus exportaciones dirigidas al resto de los países europeos y ahora apenas llega al 65%.

La misma ecuación que planteaba para contener el crecimiento de la deuda pública vale para la deuda total; la clave está en que la expansión del producto nominal (el crecimiento real del PIB mas la inflación anual) crezca cada año más que la carga de la deuda exterior total. Eso se puede lograr si, en vez de mayores ajustes, España logra crecer más mediante reformas estructurales, por la vía fundamentalmente de acelerar sus exportaciones y reducir así el déficit externo. Al fin y al cabo, la necesidad de importar capitales viene determinada por el déficit comercial externo, no tanto por el público, que además bajaría gracias a ese mayor crecimiento económico. La noticia buena es que, en ese frente externo, el verdadero determinante de la financiación de un país, las perspectivas no son tan difíciles como se suelen pintar al decir que el problema español es la deuda privada (y total) más que de deuda pública; los datos confirman, según avanzan los ajustes sin fin acelerados a mediados del 2010, que España gana cada año solvencia, pese al descontrol de la deuda pública del año actual y a que ha sido conducida innecesariamente a los recientes problemas de liquidez. La mala noticia es que todavía quedan muchos esfuerzos, aunque se puedan centrar menos en la austeridad de los ajustes que en las reformas estructurales.

Indicadores de solvencia

El principal indicador de la marcha de la solvencia ante el exterior, aunque no respetado en el caso de Grecia ni por los mercados ni por los estados conductores de la Eurozona, son los pasivos netos o diferencia entre activos (derechos por inversiones) y pasivos (deudas). Esa hipotética deuda neta total exterior en caso de liquidación tendía al llegar esta larga crisis al 100% del PIB superado por Portugal e Irlanda y se ha situado en torno al 90% del PIB, mientras que la deuda externa por pasivos ha fluctuado en torno al 165% del mismo PIB. La gran mejora de solvencia española puede atribuirse, fundamentalmente, al fuerte ajuste del déficit comercial. Este pasó del 6,5% del PIB en 2007 al 0,5% del PIB en 2011. Esa considerable mejora permitió ajustar los tres últimos años el déficit por cuenta corriente (comercio de bienes + servicios y transferencias ) del 10,0% al 3,5% del PIB.

¿Qué falta por hacer para estabilizar y consolidar esa ganancia de solvencia, para hacer sostenible la posición exterior de España? La respuesta se basa nuevamente en hacer que la carga de intereses de la deuda crezca menos que el PIB nominal (real + inflación). Así, los más serios servicios de estudios indican que, si la rentabilidad promedio exigida por los pasivos netos aumenta hasta el 4,0% (como consecuencia, por ejemplo, de la persistencia de una prima de riesgo  elevada) y el crecimiento nominal del PIB fuera del 3,0% (un supuesto conservador si tenemos en cuenta el creci­miento potencial de la economía española a medio plazo), se necesitaría un superávit comercial del 0,9% del PIB para estabilizar la posición deudora neta en el 90% del PIB. Se trata de una exigencia nada descabellada, puesto que para 2012 ya el superávit comercial se acercará a esta cifra, según dice por ejemplo La Caixa, en su informe El comercio exterior, clave de la recuperación.

Tarea más trabajosa sería reducir la posición deudora neta hasta el entorno del 20% que tienen Francia e Italia, mientras que por el contrario Alemania y Holanda ostentan posiciones acreedoras netas próximas al 40% del PIB. Solo para bajar la posición deudora neta hasta el 70% del PIB en 10 años deberíamos registrar superávits comerciales de prácticamente un 3% del PIB cada año. Y es que la brecha hasta el 20%, o hasta anular dicha posición deudora neta, depende de la productividad como determinante básico de la competitividad. En ese sentido, realmente no hay una, sino seis Europas.  Claro que también los EEUU y otros estados federales o unitarios registran secularmente diferencias similares, solo superadas por la cohesión o redistribución que facilita la unión política. EL proceso de integración europea solo sobrevivirá si avanza en lo mismo y con ello atenúa tales diferencias estructurales, lo que depende menos de políticas de austeridad  abocadas como hemos dicho a estrellarse contra el cálculo racional de las matemáticas que de profundas reformas estructurales.

¿Sólo reformas, o más ajustes? 

Y esta es la esperanzadora música de fondo que parece haber cambiado en el Ecofin (consejo de ministros económicos de la UE) del pasado viernes. Veremos si se confirma por el Eurogrupo. Pero la letra que interpretan los agentes gubernamentales y europeos sigue siendo confusa respecto a si las ayudas del BCE o del fondo de rescate exigirán más austeridad o se conformarán con la comprometida, para pasar a dar preferencia a las reformas estructurales.

En una rueda de prensa tras ese Ecofin de Nicosia (Chipre), el ministro De Guindos adelantó algunos de los detalles del plan de reformas que el Gobierno aprobará el 27 de septiembre, después de recibir el apoyo de sus colegas europeos. Dijo que serán mejoras en el funcionamiento de la Administración,  el comercio exterior o la competitividad, y también en el mercado de bienes y servicios. Y en otro momento precisó que se trata de reformas y "no recortes". Que el Gobierno de Rajoy adoptará un plan nacional de reformas basado en recomendaciones de la UE y que incluye "compromisos claros" y un "calendario preciso", fue confirmado por el vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, detalló el viernes tras el Consejo de Ministros otras reformas, ya anunciadas hace meses, como la unificación de los organismos supervisores (comisiones de Competencia, Energía, Telecomunicaciones, etc), la liberalización de los horarios comerciales o la modificación de la normativa autonómica para alcanzar la unidad de mercado, proyecto de ley pendiente desde la toma de posición del Gobierno. Adelantó también una reforma de la agricultura y cambios en la regulación del medio ambiente, cambios en las leyes procesales, elevar la seguridad jurídica y favorecer las inversiones, con el fin de aumentar la competitividad. Y dijo que el paquete que se presentará a Bruselas recoge un balance de las medidas adoptadas y de las que se encuentran en periodo de tramitación en las Cortes, como las nuevas normas de lucha contra el fraude fiscal y laboral.

¿Estamos ante otra intoxicación de la opinión por parte del cruce de declaraciones de representantes europeos o españoles? Luis de Guindos, quien ha de presentar ese plan al Gobierno el 27-9-12 junto al Presupuesto de 2013 y la orientación plurianual de las cuentas públicas, además de en la reunión del Eurogrupo del próximo 8 de octubre en Luxemburgo, cuando se pondrá en marcha el nuevo MEDE, dijo que el objetivo es "fomentar el crecimiento y la competitividad" y negó que haya relación entre este plan y la "condicionalidad" de la que habló el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Pero el presidente del Eurogrupo, Jean Claude-Juncker, precisó: "Nos ha garantizado que el objetivo fiscal para este año está al alcance de la mano y ha reiterado el pleno compromiso de las autoridades españolas para cumplir los objetivos de déficit, como exige la recomendación revisada por déficit excesivo, incluso mediante la adopción de medidas adicionales si es necesario", indicó. Hay quien dice que el Eurogrupo exigió al Gobierno que tenga listos nuevos recortes en el caso de que no pueda cumplir con los objetivos de déficit para este año y considera que el "enésimo plan de reformas anunciado forma parte de la estrategia española para obtener el rescate en las mejores condiciones posibles".

El déficit público indicará si habrá otro rescate (más ajustes)

Los mejor informados dicen que todas las condiciones imaginables ya están en las recomendaciones anuales de la Comisión y en los 32 mandatos del MoU o Memorandum of Understanding del 9 de julio y el 20 de julio, así como en la  Recomendación del Consejo el 10 de julio con miras a poner fin a la situación de déficit público excesivo en España, pues dicho Memorado dice que España deberá cumplir "plenamente con sus compromisos y obligaciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo y las recomendaciones para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos en el marco del Semestre Europeo, a vigilar regularmente con la implementación de estos programas. También la Decisión del Consejo sobre las medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera de España, tomada el 18 de julio y que se concretó el día 23

En esos documentos la UE admitía a través de su Consejo que el déficit público fuera un punto mayor de lo previsto este año (hasta el 6,3% del PIB) sobre el esperado en el Programa de Estabilidad de 2012 y el proyecto de ley de presupuesto 2012, además de extender hasta 2014 el plazo para reducirlo por debajo del 3,0% del PIB. Pero los datos presentados para ello por el Gobierno Rajoy se basaban en los ingresos de recaudación de medidas que incluían principalmente los aumentos en directo impuestos como la renta y sociedades, y una amnistía fiscal, tan temporales como el aumento de los ingresos (limitado a 2012 y 2013), o va a tener un impacto de una sola vez, caso de la amnistía fiscal (que por cierto esperaba recaudar 2.500 millones y algunas impresiones indican que no llegará ni a la décima parte. Pero habrá también que ver si se cumplen los pronósticos de los Presupuestos del 2012 y del  Programa de Estabilidad, sus  profundos recortes en el gasto de capital y corriente, incluidas áreas de atención de la salud y educación a nivel regional. El Consejo ya advertía que la citada desviación en el 1% del PIB se debería al déficit de ingresos esperados, sobre todo en seguridad social, y que habría gastos mayores por un peor pronóstico macro económico y el mayor aumento del paro. Añadía que incluso ese 6,3% del PIB debería afrontar riesgos importantes: una mayor profundidad de la crisis económica (ya ligeramente confirmada) y una desviación aún mayor en los gastos regionales que se cruzaría con la presión a la baja sobre los ingresos. Ante ello concluía con la necesidad de "implementar otras medidas estructurales sin demora".

No ha habido desde entonces más reformas estructurales que los impuestos aprobados el pasado viernes a la producción eléctrica para frenar el llamado déficit tarifario que eleva la carga del déficit público. El Gobierno se limitó a presentar a la Comisión Europea el pasado 3 de agosto otro conjunto de ajustes, entre ellos la reciente subida del IVA, y a decir que con ellos subiría a 102.149 millones de euros el ahorro entre 2012 y 2014. De estos, 13.118 millones saldrían el presente año, para asegurar que el déficit público cerraría este año en el 6,3%, el próximo en el 4,5% y al siguiente en el 2,8% del PIB.

El Gobierno insiste que cumplirá, pese a que se confirman aquellos temores del Consejo y a que la bajada de la prima de riesgo tras las tímidas y confusas medidas anunciadas por Mario Dragui  elevan las dudas sobre la salud de las cuentas públicas españolas; de ahí que Rajoy le pida ahora mayor concreción antes de decidir si solicita las compras de deuda española al BCE en el mercado secundario y al MEDE en el mercado primario. Sólo en octubre España tendrá que renovar más de 31.000 millones de euros de deuda pública y esta va camino de subir este año 18 puntos de PIB (al menos hasta el 80,9%), pues la compra de los activos tóxicos inmobiliarios comprometida en el rescate de la banca se financiará sobre todo con deuda pública, que se emitirá con garantía del Estado por una cantidad estimada en otros 30.000 millones de euros. En los dos años siguientes, la deuda publica española tiende a situarse según el FMI  alrededor del 95% del PIB al acabar el 2014.

Por tanto, se extiende la impresión de que España necesita algún tipo de ayuda europea que permita cubrir parcialmente las necesidades de financiación pública española. La cuestión es que todavía no ha llegado un euro del rescate bancario, pese a cumplirse los próximos dias tres meses de la solicitud. Y todo parece indicar que algo similar pasará con la necesaria solicitud para que se produzcan las compras de deuda pública española a tres años por el BCE en el mercado secundario (a través de préstamos a los bancos que utilicen esa deuda como colateral) y del nuevo fondo de rescate o MEDE, que por fin en octubre ya puede entrar en vigor tras las ultimas ratificaciones, en el mercado primario (en el momento mismo de las emisiones).

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