Rajoy se mete en un círculo vicioso en su cruzada contra el déficit
Llevar a la realidad el principio constitucional de estabilidad presupuestaria es un objetivo que depende de la eficiencia del sector público. Esa meta sólo puede alcanzarla la racionalidad burocrática o, lo que es lo mismo, una Administración Pública compuesta de funcionarios bien formados, retribuidos dignamente (con dinero público; aunque parezca obvio recordarlo quizás no lo sea tanto), jerárquicamente responsables y también apreciados por sus jefes. Controlar los niveles del déficit y la deuda comporta necesariamente para el Estado mantener una estructura administrativa suficiente y dotarla de los recursos -humanos, materiales y económicos- indispensables para perseguir con objetividad el interés general.
¿Cuáles deben ser el tamaño y los poderes de esa Administración? No lo sé, es la pregunta del millón, sobre todo ahora que, acreditados bastantes excesos en el sector público, urgidos por la insuficiencia de los ingresos estatales y colocados frente al paredón por la Unión Europea, gran parte de la opinión –pública o publicada- exige cortar por lo sano. Yo creo que no debemos precipitarnos. No sólo porque la prisa es mala consejera, sino también porque los gobiernos (desde que en mayo de 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero inició la política de ajustes a los funcionarios) están emitiendo mensajes contradictorios.
La función pública desciende por un camino muy escabroso: reducción de salarios, congelación de oposiciones, tasas de reposición del personal ligeramente superiores a cero, aumentos de jornada en algunos casos…Ésta parece ser la consigna irrenunciable del Gobierno de Rajoy y de casi todas las comunidades autónomas, con la correspondiente e inducida, se quiera o no, falta de estima social y el menosprecio de la labor de los funcionarios. Todo un patrimonio público entregado en sacrificio al principio constitucional de estabilidad presupuestaria. Bien, hemos cerrado el círculo de la virtud del equilibrio presupuestario, pero hemos dejado en su interior una sorprendente paradoja. Porque ese equilibrio de las cuentas públicas no nace por generación espontánea. Es un niñito deseado y mimado por un tutor público. Al despreciar a ese tutor, el Gobierno ha dado visibilidad a la paradoja.
Localizarla es muy sencillo. El 29 de septiembre entró en vigor la Ley Orgánica 4/2012, que refuerza los poderes del Gobierno sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales en sus exigencias –muy legítimas- de disciplina fiscal y rigor financiero. Dentro de los mecanismos adicionales de financiación establecidos por el Gobierno para evitar su quiebra, las comunidades y corporaciones locales deberán poner bajo la lupa de la Intervención General de la Administración del Estado toda la información necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de sus planes de ajuste. La información se canalizará a través de la intervención general (o unidad equivalente) de la comunidad o del interventor municipal, según los casos. En las actuaciones de control sobre las comunidades autónomas la Intervención General del Estado podrá concertar convenios con sus intervenciones generales, por lo que ese control no sale del espacio público.
Ese espacio, sin embargo, se diluye en la esfera local. La Ley apuesta por la función privada. “En el caso de actuaciones de control en Corporaciones Locales, la Intervención General de la Administración del Estado podrá contar con la colaboración de empresas privadas de auditoría […] La financiación necesaria para estas actuaciones se realizará con cargo a los mismos fondos que se utilicen para dotar las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez”.
No creo que nadie en su sano juicio pretenda que la plantilla de interventores del Estado sea tan numerosa como las arenas de la mar y que su mirada sea capaz de indagar todo el menudillo de las cuentas de los más de ocho mil municipios del país. Misión imposible. Pero –como simple petición de principio– aquí hay algo que no cuadra. ¿Es razonable amortizar plazas de funcionarios, restringir oposiciones y concursos públicos o dejar en mínimos las tasas de reposición para que la empresa privada llene esos huecos? ¿No es una anomalía que dichas empresas cobren sus servicios imputándolos a un dinero público y extraordinario previsto para atender los créditos de los acreedores y proveedores de los ayuntamientos? ¿Abrir las compuertas del control público a la empresa privada no es correr un riesgo innecesario de amiguismo?
Y lo que quizás sea más importante. La facultad de sancionar es una potestad pública no transferible al sector privado. Los órganos de las corporaciones locales que den reiteradamente muestras de una grave irresponsabilidad financiera podrán ser disueltos por el Gobierno. Ya sé que la función legal de las auditoras privadas no tiene encaje directo en este asunto. Pero si sus informes se revelan ahora como muy oportunos para apoyar la labor fiscalizadora insuficiente de unos pocos funcionarios del Gobierno, está claro que hemos comenzado a entrar en un huerto sembrado de minas.
