Luces y sombras de la amnistía fiscal
La desviación ha sido del 52% (de menos). El Gobierno había presupuestado una recaudación de 2.500 millones de euros por la amnistía fiscal y el resultado ha sido sólo de 1.200 millones (el 48% de lo previsto). En consecuencia, y como el tipo de gravamen era del 10%, las bases afloradas e incorporadas a la economía formal gracias a dicha regularización extraordinaria se cifran en 12.000 millones de euros, frente a los 25.000 millones que esperaba Cristóbal Montoro. El fracaso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no admite paliativos: ha dañado la justicia y la equidad tributarias, ha desgastado al Gobierno Rajoy en su conjunto imputándole el coste político de una medida muy impopular, y tampoco ha conseguido los resultados prácticos para cuya obtención decidió guillotinar todos los bienes políticos y morales que encontró en su camino sin atajos hacia lo que hoy parece una inocentada, otro hito en los bromazos del ministro Montoro a este zurrado país. Pero, aún así, debemos matizar un poco las cosas, si nos atenemos exclusivamente a los fines perseguidos por ese alumno no muy aventajado de Maquiavelo y nos olvidamos, por un momento, de todo lo demás.
Los 1.200 millones a los que se refiere el ministro corresponden exclusivamente a la declaración tributaria especial (modelo 750), presentada obligatoriamente por vía telemática. El plazo terminó el viernes, 30 de noviembre, pero –excepto retrasos de última hora debidos a problemas informáticos- aquí la contabilidad de la recaudación es instantánea y la información que proporciona es exacta. En este punto debería concluir, oficialmente, la campaña de la amnistía fiscal. Ahora bien, es seguro que mucha gente ha regularizado ya y lo hará en los próximos días (si se sigue este segundo camino no existe una fecha tope) por la vía de las declaraciones complementarias o extemporáneas del IRPF (por los años 2008-2011). Como estas declaraciones se presentan generalmente en soporte papel y en entidades bancarias –y se habrán mezclado con las presentadas por otros motivos-, resultará imposible conocer con detalle el importe total ingresado por las personas que hayan utilizado esta última vía. El principal objetivo de esas personas ha sido pagar menos, por el efecto combinado de diversas circunstancias: la posibilidad de deducir determinados gastos, descontar impuestos satisfechos en el extranjero y computar minusvalías bursátiles producidas en años de fuertes pérdidas, unos extremos todos ellos de muy difícil encaje en la declaración tributaria especial.
Además, los defraudadores han echado sus cuentas agarrándose a la figura de la prescripción y la inmensa mayoría, en mi opinión, ha decidido declarar únicamente las rentas devengadas en los períodos 2008, 2009 y 2010 (incluyendo también el año 2011 en el caso de las declaraciones complementarias), obviando el grueso de su patrimonio no declarado por considerar que su origen es anterior a 31 de diciembre de 2007, es decir, que se ha formado con rentas hoy prescritas. Esta razón explicaría en parte la exigüidad de la recaudación obtenida por la declaración tributaria especial y abonaría igualmente la hipótesis de la preferencia, en muchos casos, por las declaraciones complementarias.
Más que a las cuotas ingresadas por ambos caminos, debemos atender sobre todo a las bases REALMENTE afloradas. En este sentido, los 12.000 millones de euros antes citados han de tomarse sólo como un indicio de una cantidad sustancialmente superior. Los argumentos de esta sospecha fundada son varios. En primer lugar, la lógica de la prescripción y el procedimiento señalado por la Dirección General de Tributos para cumplimentar el modelo 750 infravaloran las bases reales. Los regularizadores sólo tenían que computar –a 31 de diciembre de 2010- la parte del patrimonio correspondiente a las rentas no prescritas. Sin embargo, al verse forzados a identificar sus cuentas bancarias, depósitos de valores, etc., es evidente que han dejado al descubierto un patrimonio no declarado –que a partir de ahora entrará en la economía “oficial”- muy superior a 12.000 millones de euros. Por otro lado, la reciente Ley antifraude y las estrepitosas consecuencias que prevé para los contribuyentes que incumplan la obligación de suministrar a la Agencia Tributaria la información relativa a sus bienes situados en el extranjero (que regirá ya en el primer trimestre de 2013) van a aumentar –como no se había hecho nunca en el pasado- la munición extra de la Inspección de Hacienda. Así que todavía le quedan algunas bazas importantes al ministro Montoro antes de salir derrotado completamente de la partida. A veces, no lo olviden, suena la flauta por un movimiento no muy lejano a la casualidad. Como diría un economista, esos impulsos constituyen las externalidades del señor Montoro.
