La infanta Cristina, al pie de los caballos de Hacienda

A finales de mayo, el juez Castro decide abrir una causa general sobre los movimientos económicos y financieros de la infanta Cristina dirigida a su posible imputación por delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. El juez quiere saber con todo detalle las inversiones y negocios de cualquier tipo realizados por la hija del Rey durante el largo período 2002-2012. Para ello solicita el auxilio técnico de la Agencia Tributaria. Quince días después recibe el informe con la sorprendente conclusión de la venta por doña Cristina, durante los años 2005 y 2006, de trece propiedades inmobiliarias dispersas por varias localidades de la geografía nacional. La contraprestación, en conjunto, es un precio de 1,4 millones de euros.

En un comunicado de prensa remitido ayer, 18 de junio, el Ministerio de Hacienda ha reconocido el error de atribuir las citadas transmisiones inmobiliarias a quien no debía. Como, si se me permite la expresión, me he criado profesionalmente a los pechos de Hacienda y conozco el buen hacer y la profesionalidad de sus funcionarios en la búsqueda de los objetivos que interesan a la “Casa”, me ha entrado la risa boba al conocer las “justificaciones” del error, mucho más preocupantes a mi entender que el propio y supuesto error.

Mis acotaciones críticas al comunicado de Hacienda son las siguientes:

1.- Es una excusa de mal pagador atribuir la responsabilidad del error a “terceros” (en este caso, los notarios intervinientes) que alimentan la base de datos de la Agencia Tributaria. Un error en la transcripción del NIF del vendedor es algo relativamente frecuente. Pero el mismo error en trece documentos distintos, autorizados por fedatarios públicos diferentes, sólo está al alcance de un Cantinflas colectivo. Si la Agencia me dice dónde puedo dar con su paradero, prometo dedicar el resto de mis días a revitalizar el maravilloso y alicaído mundo del circo.

2.- Hacienda se escuda en los millones de datos que procesa y almacena en cada ejercicio. ¿De verdad pretende hacernos creer que su máquina burocrática puede dar como buenos, sin corregirlos, los datos fiscales falsos de una señora apellidada Borbón y Grecia, como si pertenecieran, por ejemplo, a una cajera de Mercadona? Hacienda somos todos. Pero tampoco conviene exagerar, hombre.

3.- El argumento de que la Agencia no verificó ni comprobó los datos de la infanta remitidos al juez, por tratarse de un simple requerimiento de información, estimula la fantasía del contribuyente con una hermosa estampa costumbrista de la Agencia Tributaria, como si fuera una modesta gestoría administrativa de barrio, bienintencionada, rutinaria y sólo apta para gestionar trámites menores, como una fe de vida y estado o la renovación del carnet de conducir, por ejemplo. Sin embargo, hay ciudadanos que consideran que la Agencia es una oficina muy distinta.

4.- Lo más gracioso del caso es que se nos diga que la Agencia no puede comprobar unos hechos ya prescritos, unas ventas de los años 2005 y 2006. Aquí ya no se entiende nada y el asunto roza la prevaricación administrativa. Pues si en esos años varios notarios suministraron a la Agencia un conjunto de trece operaciones inmobiliarias por un total de 1,4 millones de euros a nombre de la infanta Cristina, ¿no se le ocurrió en ese momento a ningún jefe del Departamento de Inspección o al mismo presidente de la Agencia la necesidad de realizar una averiguación completa sobre esos negocios? ¿Supone una gran diligencia profesional esperar a la iniciativa de un juez para, acto seguido, contestarle que no hay nada que averiguar porque los hechos han prescrito? En resumen: si la persona que estaba dentro de la base de datos de la Agencia permanecía identificada con un NIF que se presumía auténtico, ¿cuál fue el motivo de que se dejara hibernar ese NIF y se le dejara dormir el sueño de los justos?

5.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice no conocer un informe de sus funcionarios que compromete gravemente la situación jurídica y el honor de un miembro de la Familia Real, ya muy deteriorados por sus componendas con su ilustrísimo marido, el señor Urdangarín.  Lo que nos faltaba por ver, Montoro como el guerrero del antifaz gritando “fiat iustitia et pereat mundus”. O eso, o el “pío, pío, que yo no he sido”.

No creo en una Agencia Tributaria de Pepe Gotera y Otilio, pero tampoco en una mano negra dentro de Hacienda. Sin embargo, parece que alguien ha intentado desprestigiar aún más a la infanta utilizando los servicios de la Administración Tributaria y basándose en pruebas falsas. ¿Quién? ¿Con qué finalidad? El siempre locuaz Montoro no puede permanecer ahora mudo ni un minuto más.