A finales de mayo, el juez Castro decide abrir una causa general sobre los movimientos económicos y financieros de la infanta Cristina dirigida a su posible imputación por delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. El juez quiere saber con todo detalle las inversiones y negocios de cualquier tipo realizados por la hija del Rey durante el largo período 2002-2012. Para ello solicita el auxilio técnico de la Agencia Tributaria. Quince días después recibe el informe con la sorprendente conclusión de la venta por doña Cristina, durante los años 2005 y 2006, de trece propiedades inmobiliarias dispersas por varias localidades de la geografía nacional. La contraprestación, en conjunto, es un precio de 1,4 millones de euros.
En un comunicado de prensa remitido ayer, 18 de junio, el Ministerio de Hacienda ha reconocido el error de atribuir las citadas transmisiones inmobiliarias a quien no debía. Como, si se me permite la expresión, me he criado profesionalmente a los pechos de Hacienda y conozco el buen hacer y la profesionalidad de sus funcionarios en la búsqueda de los objetivos que interesan a la “Casa”, me ha entrado la risa boba al conocer las “justificaciones” del error, mucho más preocupantes a mi entender que el propio y supuesto error.
Mis acotaciones críticas al comunicado de Hacienda son las siguientes:
1.- Es una excusa de mal pagador atribuir la responsabilidad del error a “terceros” (en este caso, los notarios intervinientes) que alimentan la base de datos de la Agencia Tributaria. Un error en la transcripción del NIF del vendedor es algo relativamente frecuente. Pero el mismo error en trece documentos distintos, autorizados por fedatarios públicos diferentes, sólo está al alcance de un Cantinflas colectivo. Si la Agencia me dice dónde puedo dar con su paradero, prometo dedicar el resto de mis días a revitalizar el maravilloso y alicaído mundo del circo.
2.- Hacienda se escuda en los millones de datos que procesa y almacena en cada ejercicio. ¿De verdad pretende hacernos creer que su máquina burocrática puede dar como buenos, sin corregirlos, los datos fiscales falsos de una señora apellidada Borbón y Grecia, como si pertenecieran, por ejemplo, a una cajera de Mercadona? Hacienda somos todos. Pero tampoco conviene exagerar, hombre.
3.- El argumento de que la Agencia no verificó ni comprobó los datos de la infanta remitidos al juez, por tratarse de un simple requerimiento de información, estimula la fantasía del contribuyente con una hermosa estampa costumbrista de la Agencia Tributaria, como si fuera una modesta gestoría administrativa de barrio, bienintencionada, rutinaria y sólo apta para gestionar trámites menores, como una fe de vida y estado o la renovación del carnet de conducir, por ejemplo. Sin embargo, hay ciudadanos que consideran que la Agencia es una oficina muy distinta.
4.- Lo más gracioso del caso es que se nos diga que la Agencia no puede comprobar unos hechos ya prescritos, unas ventas de los años 2005 y 2006. Aquí ya no se entiende nada y el asunto roza la prevaricación administrativa. Pues si en esos años varios notarios suministraron a la Agencia un conjunto de trece operaciones inmobiliarias por un total de 1,4 millones de euros a nombre de la infanta Cristina, ¿no se le ocurrió en ese momento a ningún jefe del Departamento de Inspección o al mismo presidente de la Agencia la necesidad de realizar una averiguación completa sobre esos negocios? ¿Supone una gran diligencia profesional esperar a la iniciativa de un juez para, acto seguido, contestarle que no hay nada que averiguar porque los hechos han prescrito? En resumen: si la persona que estaba dentro de la base de datos de la Agencia permanecía identificada con un NIF que se presumía auténtico, ¿cuál fue el motivo de que se dejara hibernar ese NIF y se le dejara dormir el sueño de los justos?
5.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice no conocer un informe de sus funcionarios que compromete gravemente la situación jurídica y el honor de un miembro de la Familia Real, ya muy deteriorados por sus componendas con su ilustrísimo marido, el señor Urdangarín. Lo que nos faltaba por ver, Montoro como el guerrero del antifaz gritando “fiat iustitia et pereat mundus”. O eso, o el “pío, pío, que yo no he sido”.
No creo en una Agencia Tributaria de Pepe Gotera y Otilio, pero tampoco en una mano negra dentro de Hacienda. Sin embargo, parece que alguien ha intentado desprestigiar aún más a la infanta utilizando los servicios de la Administración Tributaria y basándose en pruebas falsas. ¿Quién? ¿Con qué finalidad? El siempre locuaz Montoro no puede permanecer ahora mudo ni un minuto más.
Cuando,la justicia se topa con un personaje notorio ,todo se desvirtúa; Es como si la robusta e invidente justicia,le entrara un rayo de luz por el ojo derecho ,y se transformara en un gelatina blandengue y viscosa.
Los asesinatos al volante de los famosos ,salen gratis, los desvíos improcedentes de l@s cantantes, sale a pedir de boca, la evasión de las divisas ,salen rodadas,nadie es culpable de los 10 suicidados diarios patrios,no se a devuelto ni un solo euro de los que se consigue probar su volatilidad inapropiada.
Alguien con algo de sentido común ,puede creerse que un país como el nuestro puede ser de fiar.
Estamos jodidos, y no tiene pinta de mejorar; Los que sean creyentes que se confiesen, y los que no ya se apañaran.
Que Zeus nos coja a todos confesados.
En realidad, a la Infanta le viene bien todo el alboroto por un error garrafal de Hacienda (que no me creo) porque así la opinión pública pensará que también el juez podría estar errado. Este episodio de Hacienda la arropa en cierta manera, ¿no? ¿Quién habrá sido?
El hecho puede entenderse perfectamente en el contexto de la penosa herrumbre, depravación y podredumbre en que se halla sumergido el Partido Popular.
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Se trataría de embarullarlo todo. De envolver con la misma porquería a todo el que se tercie, con el fin de presentar la justicia como un caos, en la que los ma´s inocentes pueden ser víctimas de los más graves errores
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Se podría tratar de intentar convencernos de que los 47 millones del Bárcenas, los sobres negros del partido y todo el entramado mafioso que rodea a Rajoy y sus gentes podrían pertenecer a la misma familia de las fincas de la Infanta.
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Se trataría de buscar subterfugios vulpinos, para convencernos de que nuestros grandes ladrones, como la Infanta, no son, sino meras víctimas administrativas y contables de unos funcionarios más ineptos que la hostia.
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Se trataría de inventar subterfugios más o menos barrocos o abarrocarlos al máximo, para intentar amenguar la importancia de su corrupción, en espera de que, con el paso del tiempo, el error judicial, la influencia sobre las altas instancias jurídicas o el favor de los dioses; más la repetida propaganda de los media propios, terminen convenciéndonos de que los millones saqueados, sólo fueron humildes propinillas, merecidamente ganadas, por unos honradísimos Bárcenas, Feijooles, Gürtels, Sepúlvedas, Mátas, Camps, Costas, Bartales, etc., que se dejaron la piel en aras de la verdad, la honradez y la justicia.
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Podría trtarse, en fin, de proporcionar tucos nuevos a la inmensa cuadrilla de mafiosos que rodea la Moncloa, Génova 13 y unas cuantos gobiernos autonómicos, con el fin de que puedan continuar mareando la perdiz a la espera de argumentos más refinados, más ladinos, jueces más consentidores y o tribunales más propicios.
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O sea, que lo de la Infanta mero enredo de quienes en estos momentos todos lo enredan para poder continuar flotando en la porquería que los rodea