Tres descentralizaciones y un pacto necesario pero incompleto

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Rubalcaba y Rajoy, durante la reunión que celebraron en La Moncloa el pasado día 20 para escenificar el pacto PP-PSOE ante el próximo Consejo Europeo. / lamoncloa.gob.es

Hoy están en revisión las tres grandes descentralizaciones del poder del Estado propiciadas por la Constitución de 1978 que más impactaron en la economía: hacia el interior, hacia el exterior y por los lados.  Pero los pactos anunciados por los dos partidos mayoritarios sólo abordan la de puertas afuera, pese a que las otras dos no son menos necesarias y demandadas por ciudadanía y fuerzas económicas.

Los pactos políticos entre PSOE y PP emergen así con clara proyección económica, además de histórica y social. No obstante, todo parece indicar que casi se limitarán a las relaciones con las instituciones europeas e internacionales. De ser así, además de tener corto recorrido y desatender prioridades ciudadanas, dejarían pendiente de soluciones el principal ámbito de actuación de la política: la reforma de la administración pública, por cuyo control compiten ambas formaciones con todas las demás.

En cualquier caso, serán pactos históricos, aunque dejen intocable la Constitución, no por su novedad o innovación, sino por su posible alcance o relevancia. Hace menos de dos años que los dos partidos mayoritarios durante la transición pactaron la reforma de la Constitución. Lo hicieron para lanzar al exterior el mensaje de que el pago de la deuda pública tendría preferencia sobre cualquier gasto público, prelación y acuerdo de gran importancia aunque muchas veces olvidados por la opinión desinformada.

Las tres reconfiguraciones

Ahora no parece que vayan siquiera a reformar otra vez la Constitución, precedida por los pactos de la Moncloa y tras la cual las nuevas libertades económicas y sociales llegaron con el inicio de la reforma del Estado para someterlo a la triple descentralización que hoy se cuestiona, de enorme relevancia económica: hacia dentro, desde el Estado a 17 nuevos poderes autonómicos que llegarían a ejecutar casi la mitad de todo el gasto público; hacia fuera, al ceder competencias a las instituciones europeas e internacionales, y por los lados, en favor de empresas transnacionales, ONGs y otros poderes beneficiarios junto a los ciudadanos de las muchas libertades económicas restablecidas por la ley de leyes, así como de las ulteriores privatizaciones.

Esas tres reconfiguraciones de los poderes públicos con mayor impacto en la economía están hoy de una u otra forma en revisión, no solo la europea e internacional, cuyas instituciones no funcionan o al menos no siguen el derrotero de los intereses españoles. Pero no son las únicas. Sin embargo, los pactos parece que se detendrán en la primera, quizá porque para ello no hace falta reformar la Constitución ni introducir en el consenso a los grupos nacionalistas, IU y UPD. Estos, por añadidura, se verán en la díficultad de encontrar razones presentables a la ciudadanía para quedar fuera del pacto en las políticas europeas, al margen de que resulta injustificada su alarma ante esta competencia de los dos grupos mayoritarios por el centro electoral, iniciados cuando algunas encuestas les sitúan a punto de perder entre ambos la mayoría de la intención de voto, por primera vez desde el restablecimiento de la democracia.

No hay argumentos asumibles desde la racionalidad para no querer sumar fuerzas a la imperiosa tarea de enderezar el perdido rumbo de las instituciones europeas y otras internacionales como el FMI, salvo las del mero cálculo político cortoplacista. Menos todavía en España, que entre los grandes es el país de mayor dependencia europea, pese a que la concentraciones de sus exportaciones en otros miembros de la UE llegó a aproximarse al 75% y ahora camina hacia el 55% u otras tasas previas a la integración comercial. Tampoco las tienen, más allá de una equivocada forma de defender los intereses nacionales, los adversarios de Reino Unido, Alemania, ni sus coaligados holandeses y nórdicos.

Quienes entre los españoles duden de esa necesidad de aunar fuerzas para enderezar el rumbo de la integración europea y evitar su reciente fragmentación y decadencia, deben leer y reflexionar sobre las últimas declaraciones de Huw Pill, economista jefe de Goldman Sachs para Europa: "España es el país más vulnerable a un shock financiero externo". España recuperó el aliento a partir del verano pasado y dejó de estar sentenciada al subdesarrollo por los mercados financieros principalmente porque la Unión Europea reaccionó cuando sus líderes percibieron las tendencias hacia el estado terminal. Fue entonces cuando empezaron a sentarse las bases para una política fiscal menos restrictiva y una política bancaria algo más expansiva, después de un trienio de fracasos en ambas. También de mayores retrocesos económicos respecto a los EE.UU y, sobre todo, a los países emergentes. Pero los perjuicios causados a la economía española por los errores, descoordinación y lentitud de las instituciones europeas e incluso el FMI están todavía pendientes de subsanar, por lo que bien merecen que socialistas y populares intenten buscar apoyos en sus homólogos europeos para que al menos se pongan en marcha cuanto antes las políticas de reactivación anunciadas en mayo del 2012 por el Consejo Europeo y luego por el BCE.

Pactos improbables

Más hueca de posibilidades y contenidos está el área de pactos para resolver los problemas de las otras dos descentralizaciones, entre otras cosas porque estamos en puertas de la ronda que llevará desde las elecciones europeas de mayo hasta las municipales y autonómicas y finalmente las generales del 2015.

Es sobre todo improbable que PP y PSOE se pongan de acuerdo en la reforma de las administraciones públicas, donde las políticas partidarias deberían dejar paso a la profesionalidad y a la transparencia. Además de que son grandes las diferencias sobre los dos servicios más costosos (educación y sanidad), falta voluntad y método para regenerar la función pública. El PSOE propone otro cambio constitucional para que el Estado regule servicios sociales, aunque la oferta parece dirigida a conservarlos. Tampoco parece dispuesto a plegarse a la reforma de las pensiones cuando el PP se opuso a la aprobada el año 2011 por el Gobierno de Zapatero.

En cuanto al método, el consenso requiere compartir al menos la información de partida, condición ya negada implícitamente por quienes desde el PSOE piden claridad o desde el Gobierno del PP se lanzan números y proyectos que mezclan churras con merinas. No basta señalar la conveniencia de cerrar tribunales de cuentas, integrar oficinas de acción exterior y órganos diversos como defensores del pueblo o servicios meteorológicos y fundaciones que no funcionan y tampoco desaparecen realmente. Hay que compartir también objetivos, condición inexistente cuando una parte niega que la centralización sea medida de eficiencia ni de igualdad, por lo no se puede plantear desde la perspectiva de ahorro e igualdad, al concebirse como garantía de ambas. Así lo decía la consejera de sanidad de Andalucía, María Jesús Montero, unas horas antes de anunciarse el plan, ante el que proponía un acuerdo nacional para preservar  política educativa, sanidad y dependencia.

La experiencia y la teoría económica indican que es más eficaz la descentralización, al margen incluso de los imperativos sociales, culturales y políticos. Esta ha servido para desnivelar diferencias de partida y ha contribuido a reducir la desigualdades,  mientras que en general países de mayor brecha siguen siendo muy centralizados, como Francia, según el último documento anual de Eurostat sobre las regiones europeas. España es uno de los países más eficientes al respecto, según también la OCDE, gracias al propósito de acercar la administración al administrado, al margen de las muchas deseconomías aparecidas en el proceso.

Cierto que Italia se dispone a reforzar el control central con el argumento de que el federalismo no funciona. Algo similar pasa en otros países de pesada influencia romana y más tarde napoleónica. Pero aunque en España las razones esgrimidas desde el Gobierno son de peso y claramente respaldadas por la opinión pública, no llegan avaladas por la buena información sobre estimaciones de ahorro y recursos a involucrar. Aplicar disciplina presupuestaria, adelgazar el Estado, simplificar burocracias y cambiar la cultura administrativa para servir mejor al ciudadano son objetivos difíciles de rebatir, lo  mismo que eliminar entes y organismos de dudosa o nula funcionalidad y evitar costes superfluos al contribuyente, acabar con duplicidades para simplificar y abaratar el funcionamiento administrativo. También los de mejorar la eficiencia y calidad del servicio o adaptar el sector público a las exigencias del siglo XXI. Sin embargo, hacer depender de las autonomías o de la administración central del Estado tales objetivos les resta credibilidad, pues la tarea ha de ser conjunta, incluidas todas las autonomías y ayuntamientos u otros entes interpuestos.

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