¿Tiene el sistema de financiación autonómica una fecha legal de caducidad?

El sistema de financiación autonómica es un producto legal que entró en vigor el 20 de diciembre de 2009, si bien la mayoría de sus efectos se aplican retroactivamente desde el 1 de enero de dicho año. A fecha de hoy esos efectos se desconocen con exactitud. Por tanto, no es un artículo de fe admitir, sin mayores precisiones, que el sistema perjudica a Cataluña, como dice Artur Mas, ni tampoco a Madrid, como dice Ignacio González. Menos aún se conoce en estos momentos el grado de esos supuestos perjuicios territoriales.

Al sistema, en principio, se le dotó legalmente de una vocación de permanencia indefinida. No es cierta la afirmación, compartida en extraña coincidencia por políticos tan dispares como el mencionado Ignacio González y Alfredo Pérez Rubalcaba, de que el actual régimen de financiación, como las sardinas en lata, tenga una fecha predeterminada de caducidad, y tampoco constituye un dogma papal que esa fecha no puede ser otra que la del 31 de diciembre de 2013. Obviamente, eso no tiene ninguna importancia para el señor Mas, porque él ya ha decidido hace mucho la caducidad del sistema para Cataluña por un Decreto-ley personal.

Lo único que dice la Ley vigente (Disposición Adicional Séptima) es que, con carácter quinquenal, el Consejo de Política Fiscal y Financiera valorará los distintos aspectos estructurales del sistema y, en su seno, se analizarán sus posibles modificaciones. A estos efectos, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley dice que la primera evaluación de los resultados del sistema de financiación autonómica se realizará con referencia al año 2013.

De lo anterior se deducen varias consecuencias que parecen irrefutables. Para empezar, si la Ley considera una “primera evaluación” es evidente que, mientras no se derogue, admite segundos y ulteriores juicios de valoración del sistema y no declara su extinción automática en una fecha determinada. También son obvias las consecuencias de la alusión legal al año 2013: como ese ejercicio no está cerrado, habrá que esperar a conocer en profundidad y con objetividad para todos los participantes la evolución y los resultados definitivos del sistema desde su inicio hasta el próximo 31 de diciembre, y posteriormente adoptar las conclusiones que procedan. Por último, la institución habilitada para esos debates es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no la ejecutiva del Partido Popular o cualquier reunión informal de Rajoy con sus barones territoriales.

El sistema de financiación está hecho unos zorros porque nació herido de muerte por los compromisos políticos del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los que entonces gobernaban en Cataluña. Pocos dudan hoy sobre la necesidad de cambiarlo. Pero conviene dar otra planta al sistema con todos los datos reales en la mano, sin apriorismos y a lo loco, sin imitar el estilo inimitable de la benemérita enredadora Alicia Sánchez Camacho, que ha contagiado a todos los demás para no hacer el triste papel de comparsas y convidados de piedra. Lo más lamentable ha sido que también todos han olvidado la existencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se han declarado unos a otros la guerra, de manera más o menos sorda o más o menos histriónica. Ese Consejo es hoy una pantomima, pero da igual. Aunque España tuviera las mejores instituciones del mundo, la oligarquía fáctica de los partidos españoles y sus dirigentes las utilizarían a beneficio de inventario y al compás de sus intereses privados. Mientras no cambien los partidos, no cambiará nada.