Montoro puede asestar un inminente golpe fiscal a las grandes fortunas y a las familias acomodadas

El ruido del tam-tam ha sido continuo durante los últimos días y, según algunas fuentes rigurosas, esta vez los timbales anuncian que la danza hasta ahora sólo amagada por el brujo de la risita mefistofélica va completamente en serio. Cristóbal Montoro ha convencido a su jefe y se dispone a dar un vuelco inminente al impuesto que grava las herencias y donaciones. Esa impresión tienen, y la acaban de difundir a sus asociados, algunas organizaciones profesionales de la consultoría fiscal. El ministro quiere que todas las haciendas públicas recauden más, aunque su pretensión choque de frente con los intereses de algunas Comunidades Autónomas gobernadas por sus hermanos políticos. Incluso corriendo el riesgo añadido de enajenarse el cariño de muchas familias acomodadas, con el preceptivo coste político que puede dañar las aspiraciones electorales de su partido.

El caso, al parecer, es que llega a su fin la libertad autonómica para regular las reducciones de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Gracias a las competencias normativas cedidas por el Estado, algunas comunidades, como Madrid (que tiene una reducción de la cuota del 99%), han convertido la carga fiscal en algo poco más que simbólico en las adquisiciones patrimoniales efectuadas por los parientes más próximos (los hijos y los nietos) del causante o donante de los bienes. La regulación vigente también se aplica a las transmisiones gratuitas realizadas entre los cónyuges. En todos estos supuestos el heredero o el donatario experimenta un incremento de su capacidad económica a un coste fiscal ínfimo. Como el ISD es un impuesto progresivo (el tipo marginal máximo suele alcanzar el 34%, y además la cuota resultante puede subir en función del patrimonio personal del sujeto pasivo), es obvio que su normativa actual (las bonificaciones autonómicas por razón de parentesco) favorece especialmente a las grandes fortunas familiares. En cuanto al número de contribuyentes afectados, el ISD tiene gran relevancia para las familias más desahogadas de las clases medias. Además de cortar las alas a los gobiernos y parlamentos autonómicos, también se rumorea la supresión de la bonificación (estatal) concedida a la transmisión de la empresa familiar.

A cambio de la eliminación de esos beneficios familiares, el Gobierno podría limitar una parte de la subida fiscal que provocaría su desaparición estableciendo un mínimo exento y bajando notablemente la escala de gravamen. Si no introdujera ningún contrapeso, la cuota a pagar aumentaría de forma automática y exponencial. Y no creo que Montoro esté pensando, si el rumor se hace realidad, en construir una guillotina fiscal sino, más moderadamente, en devolver un poco de equidad al ISD o, al menos, en paliar su anemia recaudatoria a la que le ha conducido una absurda rivalidad autonómica que sólo conviene a los grandes patrimonios.

¿Estaría habilitado el Gobierno para imponer este trágala fiscal a las Comunidades Autónomas si finalmente se decantara por esta vía unilateral?. En mi opinión, sí (en relación con todas las autonomías de régimen común, ya que el País Vasco y Navarra mantendrían su indemnidad gracias a sus sistemas paccionados). Aunque el ISD es un tributo cedido, su titularidad originaria nunca ha salido de la esfera de poder del Estado. Por ello, su eventual modificación por las Cortes Generales incidiría sobre el sistema de financiación autonómica sin necesidad de oír a los territorios afectados.