El último yogur de Arias Cañete
Apenas ha transcurrido un año desde que el hasta ayer Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, hiciera encaje de bolillos para que, sin molestar demasiado a los fabricantes de productos lácteos, los consumidores se sintieran más protegidos en unos momentos de grave crisis. Hasta el mes de marzo de 2013, las normas de calidad del yogur (aprobadas en 2003) exigían que dicho producto se vendiera al consumidor, como máximo, dentro de los veintiocho días siguientes a su fabricación. Además, en la etiqueta debía figurar la fecha de duración mínima, que se expresaba mediante la leyenda “Fecha de Caducidad”, seguida del día, mes y, eventualmente, el año, en este orden o bien de una indicación clara del lugar del etiquetado donde figuraba.
Puede ser una paradoja que una norma estricta de defensa del consumidor conspire contra los intereses de este último. Pero el antiguo sistema propiciaba el desperdicio, la retirada de yogures sin consumir y una mecánica favorable a la oferta. Todo ello gracias a que esas normas de calidad podían suscitar (indebidamente) ciertas dosis de alarmismo sobre la fecha de caducidad en algunos sectores.
Pero las penurias económicas actuales de muchas familias son incompatibles con tanta exquisitez legal. Por eso hizo bien el Ministro Arias Cañete en marzo de 2013, al suprimir ese etiquetado estricto, que desde entonces, como sucede con la generalidad de los productos alimenticios, se rige por la normativa “horizontal” europea. De esta manera, son los propios operadores de las empresas alimentarias los que deben fijar el tipo de fecha apropiada a cada producto, así como su límite temporal, y reflejar esos datos en la etiqueta del yogur. Todo ello parece suficiente para cumplir las obligaciones de información alimentaria que debe facilitarse al consumidor y, al mismo tiempo, garantizar la higiene de los alimentos. Lo que no quita para que consideremos al señor Cañete como un ministro veleta, pues fue precisamente él, en su condición de ministro de Agricultura durante la legislatura 2000-2004, quien estableció los rigores de etiqueta que diez años después sustituiría -¿quizás en homenaje a Antonio Machado?- por cierto desaliño indumentario.
El caso es que ahora Arias Cañete deja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para someterse al escrutinio del elector español como el principal candidato del PP al Parlamento de la Unión Europea. En este nuevo contexto, no deja de tener interés la despedida legal de Cañete en el cargo de ministro, colaborando activamente en la aprobación de este Decreto, que ha entrado en vigor precisamente el primer día en que ya tiene la condición de exministro. Cañete dio la campanada como un gran experto en yogures y deja su testamento como miembro del Gobierno de Mariano Rajoy doctorándose sobresaliente cum laude en dicha especialidad. Si bien hoy, en esa tensión dialéctica antes aludida entre los intereses del fabricante y los del consumidor, parece que don Miguel vuelve como candidato europeo al punto de partida en su defensa del yogur español. Sí, aunque sea en forma muy distinta a la que manifestó en 2003. Como dice el decreto publicado este último lunes, “es preciso adecuar la normativa sobre el yogur a la nueva realidad del mercado, eliminando restricciones que puedan situar a los productores españoles en una situación de desventaja, con el fin de garantizar la competencia leal entre las industrias, mejorar la competitividad del sector y dotar de las mismas condiciones a todos los productores en el marco de la Unión Europea”. Así que garantías para el consumidor, todas. Pero esta vez sin exagerar. Y sin fastidiar al productor. Porque los requisitos de las normas de calidad del yogur se “flexibilizan” en la competencia europea mediante cláusulas de reconocimiento mutuo.
Ante las próximas elecciones europeas, aquí van mis deseos: suerte, Cañete, y que gane el mejor. Dentro de menos de un mes sabremos cuál es la fecha de caducidad que tiene usted, don Miguel.
