Montoro juega al ‘pim pam pum’ con la vivienda

A finales de 2012 el Gobierno suprimió la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda. De tal forma que hoy sólo disfrutan de este beneficio las personas que compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013. Además, lo hacen en peores condiciones que en ejercicios anteriores porque han desaparecido los tipos de deducción incrementados por la existencia de financiación ajena (generalmente hipotecaria). Esto significa que, a medida que vayan amortizándose los créditos bancarios tomados en 2012 y ejercicios anteriores, el Estado recaudará más por la supresión gradual de las ayudas indirectas a la compra de ese bien básico. Incluso en meses pasados se especuló desde instancias oficiales con la posible eliminación de dicho régimen transitorio, en un alarde de frivolidad hacia los intereses “cautivos” de miles de familias. El mensaje gubernamental que caló –y que se quería transmitir sin tapujos- es que habían llegado a su fin los últimos restos de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Que la economía española debía discurrir por cauces más saneados y que también debían cambiar las decisiones y los hábitos de los españoles respecto a la vivienda residencial.

La ruptura de las ayudas públicas a la compra fue un guiño inequívoco al mercado del alquiler. Tanto del lado de la demanda (se mantuvo la deducción fiscal por alquiler) como, sobre todo, potenciando la oferta de viviendas arrendadas. Hace apenas un año se modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos para mejorar la posición jurídica de los propietarios de viviendas cedidas en alquiler. Esta reforma de la legislación civil respondía a las pautas del Ministerio de Fomento y a una apuesta personal de su titular, Ana Pastor, empeñada legítimamente en facilitar el acceso a la vivienda en alquiler y bajar sus precios, especialmente a favor de los inquilinos jóvenes.

Apreciaremos con más claridad esta beligerancia benévola hacia el alquiler por parte de los poderes públicos de la “era Rajoy” si regresamos al terreno de la fiscalidad. Porque, al mismo tiempo que se suprimían las ayudas fiscales a la compra de vivienda, se mantenían las aplicables al arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Según la Ley del IRPF vigente, en estos casos el rendimiento neto del alquiler se reduce en un 60%. La reducción incluso llega a ser del 100% si el arrendatario no es mayor de 30 años (35 para los contratos anteriores a 2011) y tiene rendimientos del trabajo o de actividades económicas superiores al IPREM. Es una forma de estimular el acceso a la vivienda en alquiler por trabajadores jóvenes que simultáneamente fomenta su movilidad profesional y les quita de la cabeza la pesadilla de adquirir una vivienda en propiedad e hipotecarse durante gran parte de su vida de actividad laboral.

Las expectativas de propietarios e inquilinos subieron en intensidad con el Informe de la “Comisión Lagares” sobre la reforma del sistema tributario español. En lo que aquí interesa, dos eran las sugerencias que promocionaban el alquiler, una de carácter indirecto y la otra con referencia expresa al sector. La primera era la draconiana propuesta de incrementar la fiscalidad de la vivienda de uso propio (incluido el gravamen por IRPF de la vivienda habitual). La segunda medida era una invitación al Gobierno a “meter” en la base del ahorro los rendimientos del capital inmobiliario cedido en alquiler, lo que significaba hacerlos tributar a tipos de gravamen mucho más reducidos que los actuales. Se esté o no de acuerdo con esas propuestas, no cabe negar su coherencia con la política de vivienda emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero se ve que Cristóbal Montoro tenía otros planes para su jefe. Porque en el anteproyecto de modificación de la Ley del IRPF que presentó ayer figura una quiebra rotunda de toda la línea anterior. Por una parte (aunque es sólo una ayuda testimonial), se suprime la deducción por alquiler de vivienda para los contratos que se celebren a partir de 2015. Y además –lo que resulta mucho más trascendente- la citada reducción del 60% de los rendimientos netos obtenidos por el propietario de la vivienda baja al 50%, y desaparece la reducción actual del 100% que incentiva la cesión del uso de la vivienda a favor de inquilinos jóvenes.

¿Por qué?, se preguntarán ustedes. La verdad es que yo tampoco soy capaz de averiguar la razón última de una iniciativa que establece una extraña neutralidad del Estado respecto a esos dos polos que son la compra y el alquiler. La exposición de motivos del anteproyecto calla y sólo se adivina el deseo de una imparcialidad del Estado hacia las diversas formas de ahorro y de movilización de sus rendimientos que suena únicamente a retórica conceptual. Porque no se es respetuoso con los principios teóricos si uno, además de los bandazos que da en su política de vivienda, deja al pie de los caballos a los inquilinos (especialmente a los jóvenes). Puede que el cambio obedezca a que los actuales beneficios fiscales no han coadyuvado a disminuir el fraude en la declaración de las rentas inmobiliarias. Y puede que ocurra otra cosa. Que el Gobierno, pillado en una posición desairada entre sus promesas fiscales a los electores y la espada de Damocles de Bruselas, haya optado por una política tributaria de quita y pon para no enfadar todavía más a la mayoría de los contribuyentes sin que se le descuadren las cuentas. Todo el texto del Gobierno (que no es una reforma del IRPF sino una larga serie de parches puntuales) huele a este compromiso imposible de dar a unos lo que a otros les quita. Así que también todo indica que el mercado del alquiler puede pagar los platos rotos por un simple afán recaudatorio.

Montoro no tiene rival en su política de compensaciones.