1931-36: Expolio y revolución en un pueblo de Segovia

Hace pocos días se presentó en la ciudad del Acueducto el libro “1936: El rencor en Segovia” (Editorial Círculo Rojo). Es una obra de investigación histórica escrita por el periodista Javier Monjas Blasco. El autor, enraizado en tierras de Segovia, realiza un magnífico estudio de Otero de Herreros (un pequeño pueblo situado a 20 kilómetros escasos al sur de la capital) y explica de forma convincente los prolegómenos de la Guerra Civil en dicha población castellana. Por extensión, aunque el análisis histórico que voy a reseñar no traspasa las lindes de Otero, puede servir de modelo comparativo para iluminar la genealogía de la guerra fratricida en el medio rural de las mesetas de Castilla. Por lo demás, el subtítulo del libro ya nos da una pista segura sobre las preocupaciones intelectuales de Monjas Blasco: “El caso de Otero de Herreros: Oligarquías, prohombres y desamortizaciones en el origen de un pueblo revolucionario”.

La historia de Otero de Herreros refleja muy bien la tensión permanente entre el interés general y el capitalismo clientelar protegido por las élites que controlaban los poderes del Estado. ¿Le sonará al público de hoy, como algo familiar, esa música, interpretada ahora con la nueva partitura que aconseja la modernidad? Mi lectura del libro de Javier Monjas no quiere ser anacrónica extrapolando en beneficio de la actualidad la sucesión de hitos que abarcan un relato –la triste historia de una localidad campesina– de casi cien años, desde mediados del siglo XIX hasta el estallido de nuestra guerra incivil. Pero siguiendo al pie de la letra la anterior advertencia, una lectura fría y atenta constata sin embargo los graves perjuicios que, para las clases más débiles de la sociedad, entrañan casi siempre los procesos de privatización de los bienes públicos. En este sentido, la obra de Monjas Blasco trasciende la época de los orígenes del capitalismo en nuestro país y sintoniza, sea consciente o no de ello el autor, con el malestar social que en los últimos años siente en carne propia la mayoría de los españoles. Otra cosa muy distinta,  naturalmente, sucede con los respectivos desenlaces temporales. Ignoro cómo se resolverá la crisis política y económica actual, pero aquí no cabe mímesis alguna con el pasado: el enigma que se descifrará mañana no tendrá nada que ver con la tragedia que asoló la España atrasada de hace ochenta años.

Durante la primera mitad del siglo XIX, Otero de Herreros (un municipio de unos ochocientos vecinos) tenía una economía de subsistencia basada en la actividad agropecuaria. Las pequeñas rentas individuales se redondeaban, como en el Antiguo Régimen, gracias a la explotación por los vecinos de los bienes comunales. En primer lugar, los frutos del uso del agua, la recogida de leña y el pastoreo eran recursos gratuitos para los campesinos y jornaleros por su aprovechamiento de los bienes del común. Por otro lado, los bienes de propios (mediante cesión onerosa a terceros del patrimonio municipal reservado a tal efecto) proporcionaban al Ayuntamiento unos ingresos que le permitían mantener el modesto patrimonio urbano y sus servicios (como la escuela de niños) y aliviar las cargas tributarias de los vecinos. Los habitantes de Otero eran pobres, pero –salvo en los casos de graves inclemencias meteorológicas– no penetraban en el infierno del hambre extrema y sus miserias concomitantes.

Sin embargo, las rutinas de la pequeña localidad segoviana desaparecieron bruscamente en 1855, con la desamortización de los bienes municipales auspiciada por el ministro liberal Pascual Madoz. En esa fecha, comenzaron a pasar a manos privadas los montes, prados, dehesas boyales, e incluso una parte estimable del patrimonio urbano de Otero. La subasta de los bienes comunales (entre otros terrenos, el que responde al extravagante nombre de Meadero de los machos) prosiguió sin solución de continuidad, culminando en el despojo total de la comunidad de vecinos, hasta la Dictadura de Primo de Rivera (bienintencionada, en este apartado, merced a la política municipal de Calvo Sotelo, si bien con escasos resultados en la práctica). En la lista de los ganadores figuraban los principales miembros de la oligarquía burguesa de la capital de la provincia (juristas y comerciantes, sobre todo), como el famoso abogado y sabio local Carlos de Lecea. Sin olvidar a los pocos campesinos acomodados del propio Otero, que controlaban el gobierno municipal, siendo esta desigualdad doméstica la que elevó hasta un grado de calor explosivo el clima de tensión social y política que hacía irrespirable el aire del pueblo. A la mayor parte de los vecinos se la privó de sus medios tradicionales de subsistencia, con la circunstancia agravante de que los nuevos propietarios de los terrenos parasitaron aún más la economía municipal con sus delirios de grandeza y su falta de iniciativa para modernizar la vida local a través de sus cuantiosas adquisiciones en el municipio.

Había ganas de revancha en el pueblo. La antigua armonía vecinal se había fundido en una olla a presión. Y la tapa estaba a punto de volar por los aires. El odio a los poderosos dio sus primeros frutos a partir de 1931, con la llegada de la Segunda República. Los humillados –casi todos los vecinos– no escatimaron medios para darle la vuelta a la tortilla. Lo primero que hicieron fue controlar el Ayuntamiento y utilizar el poder municipal para castigar a los caciques, especialmente a los domésticos (y a sus clientes y empleados), así como a la Iglesia local. En esta labor de acoso –y, en ocasiones, de puro matonismo– destacaron los vecinos afiliados al Partido Radical Socialista y el Ayuntamiento paralelo organizado por los militantes de la UGT y de la Casa del Pueblo. Todo ello bajo el telón de fondo de la legislación agraria del primer bienio republicano, que luego quedaría en nada gracias a los amigos políticos en Madrid de la oligarquía segoviana. Pero, volviendo a Otero, el rencor popular pasó a ser venganza, y la creciente prepotencia de los nuevos ricos se convirtió, antes de la irrupción del terror falangista contra los jornaleros locales, en angustia de los privilegiados y expoliadores. Para estos últimos pintaban bastos, mientras que los campesinos y jornaleros extenuados por casi un siglo de abusos señoriales se afanaban en recuperar sus tierras expropiadas.

Vino el 18 de julio de 1936 y la violencia truncó las ilusiones revolucionarias: juicios militares sumarísimos, numerosas penas de cárcel para los gamberros (en palabras del Marqués de Lozoya), y cinco asesinatos de republicanos a manos de los militares rebeldes y sus aliados de Falange. El tiempo retrocedió, la propiedad –después de las zozobras republicanas– se consolidó en los registros de los beneficiarios ilegítimos del proceso desamortizador (con efectos de futuro a favor de sus herederos) y resucitó en este humilde pueblo de Segovia  la sumisión y el silencio forzoso. Este segundo elemento se extinguió (no del todo) con la muerte de Franco. Pero el primero –la estructura jurídica de la propiedad– ha permanecido intacto hasta el año 2015. No se trata de nada retórico. Los dueños del antiguo patrimonio vecinal o de su producto son ahora los sucesores de los beneficiarios de la Ley Madoz. Naturalmente, hoy sería absurdo remover los títulos dominicales. Pero –y en esta conclusión reside el gran mérito del paciente trabajo de Javier Monjas– no se debe añadir una segunda injusticia –la del olvido– a la primera, la del gran despojo patrimonial que unos señoritos con dinero cometieron contra sus vecinos más humildes e indefensos. Dicen que el tiempo lo cura todo. Estoy de acuerdo. Pero a condición de que el sonido de la verdad histórica sea más potente que el de las agujas del reloj.