Cinco claves sobre la llegada del polémico acuerdo de libre comercio con Canadá

Casi un año después de su firma, tras la aprobación del Parlamento Europeo en febrero, con el Tribunal de Justicia de la UE aún por emitir su veredicto y a la espera de ser ratificado por todos los estados miembros, el CETA entrará en vigor el próximo 21 de septiembre. Lo hace a pesar de una fuerte oposición por parte de la sociedad civil y tras la presentación la pasada semana de una nueva estrategia comercial para la UE de la Comisión Juncker. En cuartopoder.es analizamos las claves de la implementación del tratado y el contexto en el que se enmarca.

¿Qué es el CETA?

El Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido por sus siglas en inglés, CETA, es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Tras años de negociación, el acuerdo fue firmado por ambas partes en octubre del pasado año y posteriormente aprobado por el Parlamento Europeo en febrero de 2017. Sin embargo, su entrada en vigor parcial comienza el 21 de septiembre. La entrada total en vigor depende de que sea ratificado por los 27 socios comunitarios.

¿Por qué entra en vigor provisionalmente?

El CETA fue declarado “acuerdo mixto” por parte de la Comisión Europea. Esto significa que el tratado incluye disposiciones sobre las cuales la Unión Europea no tienen competencia exclusiva sino que es compartida con los estados miembros. Los parlamentos nacionales, y en algunos casos regionales, tienen que dar el visto bueno al texto. Así que hasta que no sea ratificado por todos los países, el CETA no puede entrar al cien por cien en vigor.

¿Qué disposiciones quedan en suspenso?

A partir de su entrada en vigor provisional, el texto será aplicable en su práctica totalidad: la reducción de las barreras arancelarias, la unificación de procedimientos administrativos, la liberalización de los servicios públicos, el establecimiento de un Foro de Cooperación Reguladora para armonizar las regulaciones diversas materias… Los principales capítulos que no se aplicarán por el momento son los relativos a la protección de las inversiones, precisamente los más polémicos. En particular, el Sistema de Tribunales de Inversiones, cuyo objetivo es “proteger las inversiones extranjeras de un trato discriminatorio o injusto ante las administraciones”, es decir, de gestionar los posibles conflictos entre empresas y estados. Este sistema ha sido puesto en tela de juicio por numerosas organizaciones de jueces que consideran menoscaba la capacidad de los países para legislar por miedo a enfrentarse a una demanda e insisten en que los ordenamientos jurídicos canadiense y europeo son suficientemente garantistas.

¿Qué ocurrió con la región belga que bloqueó el CETA?

La competencia para aprobar acuerdos internacionales que afecten a las regiones es compartida en Bélgica. En octubre de 2016, Valonia, gobernada por los socialistas, denegó al gobierno federal su permiso para firmar el CETA. Se desató entonces una dura negociación que a punto estuvo de dar al traste con el tratado y acabó con la ministra de Comercio canadiense en lágrimas.

El ejecutivo belga logró un acuerdo con Valonia, que permitió la firma del texto a cambio de que Bélgica llevara el capítulo sobre la protección de las inversiones ante el Tribunal de Justicia de la UE. El 6 de septiembre de 2017, el gobierno de Charles Michel cumplió su promesa y Luxemburgo deberá determinar ahora si el Sistema de Tribunales de Inversiones es o no compatible con el derecho europeo.

¿Cómo ha cambiado desde entonces la política comercial de la UE?

En mayo de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el acuerdo de libre comercio con Singapur no podía celebrarse en su forma actual. Con esta sentencia, Luxemburgo confirmó que la protección de las inversiones y el sistema arreglo de controversias entre inversores y estados no eran competencias exclusivas de la Unión. Por lo tanto, cualquier tratado que incluya esas disposiciones debe ser considerado mixto y aprobado por parlamentos nacionales y regionales de los estados miembros.

Esta sentencia avala el procedimiento seguido con el CETA pero también implica que las negociaciones que incluyan estos capítulos, el acuerdo con Canadá es buena prueba de ello, serán mucho más complejas. Por eso la Comisión anunció la pasada semana que, por el momento, los acuerdos de libre comercio que están siendo negociados con Australia y Nueva Zelanda no tendrán capítulo de inversiones.

La Comisión Juncker, dentro de su plan de reforma de la Unión Europea, anunció también su recomendación al Consejo para que inicie las negociaciones con vistas a crear un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones.

Además, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, se comprometió hacer públicas las recomendaciones y directrices de negociación de acuerdos de libre comercio con terceros países, con el objetivo de incrementar la transparencia. Ésta ha sido una de las mayores críticas por parte de la sociedad civil respecto al CETA o el TTIP. Desde la izquierda defienden que la promesa de más transparencia implícitamente reconoce la opacidad de los últimos años.