7 años del 135: cuando PSOE y PP sacrificaron el pacto constitucional para blindar los mercados

  • El Gobierno de Zapatero modificó en 2011 la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria de manera exprés y sin referéndum
  • El pacto PP-PSOE y el malestar de la oposición hizo que se rompiera el consenso constitucional de la Transición

Agosto de 2011. Los asuntos económicos eclipsan a la política en las portadas de los diarios generalistas. “El paro se asoma a los cinco millones”, titulaba el diario El País en 30 de abril. “Nueva jornada de pánico en los mercados. Al rescate de Europa”, decía ABC el 13 de julio. La crisis financiera mostraba su peor cara a los españoles y el movimiento 15-M había sentado en Sol a personas de todas las edades y sensibilidades con un sentimiento común: el hartazgo. La modificación en agosto del artículo 135 de la Constitución de manera exprés, sin referéndum y por un acuerdo del bipartidismo vino a cristalizar una idea que recorría las plazas desde mayo: soldó las siglas PPSOE. Siete años después, España ya no es presa de la recesión y a nadie le preocupa la prima de riesgo. Sin embargo, la austeridad permanece blindada en la Constitución.

Por eso, en el marco de la campaña ’10 años de crisis-estafa’ se ha convocado una concentración en “memoria de la democracia asesinada hace 7 años con la modificación del artículo 135 de la Constitución”, que tendrá lugar a las 12 h. en la Plaza de las Cortes de Madrid. A finales de agosto de 2011, se debatió en el Congreso la ampliación del artículo 135 para incluir en la obligación de “todas las Administraciones Públicas” de adecuarse “sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria” y que le deuda goce “de prioridad absoluta”. Finalmente, la modificación se aprobó el 2 de septiembre con CiU y PNV que aún presentes no votaron, la ausencia de IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai y el voto en contra de CC y UPyD.

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Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, hace un rápido recorrido por las consecuencias de esta modificación, que “ha forzado a contener gastos que hubieran sido necesarios para impulsar la actividad económica” y “ha obligado a las administraciones públicas que tenían superávit a destinarlo a la deuda y no a impulsar la economía”.  Es lo que los economistas llaman medidas “procíclicas”, “aquellas que agudizan la fase en la que uno está”.

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“Hicieron la modificación para poder obtener el rescate financiero. Fue una garantía para que los capitales no asumieran ningún riesgo, ya que pasaron a estar amparados por la Constitución”, explica Rodolfo Rieznik, miembro del Patronato de Economistas Sin Fronteras, que asegura que esa ortodoxia se ha traducido en un recorte de gasto público en los momentos en los que la crisis había dejado las necesidades más acuciantes en la población: “Nosotros pensamos que los políticos tienen que gobernar para la gente y no  para los inversores”.

Esto traería consecuencias que aún hoy arrastramos. De hecho, en el BOE se anunciaba, en una disposición adicional única, que “los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020”. Este punto de la Carta Magna preveía que “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Torres, en este punto, es muy escéptico: “Es complicado saber lo que pasará, pero es difícil cumplirlo a menos que se corrija el cálculo de ese déficit estructural”.

Aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso hacer la modificación lo más rápido posible, pactando en los despachos con el PP una reforma exprés, la modificación del artículo indignó a los movimientos sociales, entonces en máxima ebullición, e hizo correr ríos de tinta en la prensa y en los círculos especializados. “Quizá la sociedad no era consciente de las consecuencias económicas que tenía la modificación, pero sí se dio cuenta de la dicotomía que planteaba el Ejecutivo: cumplir con las personas o con las instituciones de la Unión Europea. Y eligió a la UE”, explica Jesús Palomar, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Barcelona, sobre el clima de opinión de esos días.

En plenas vacaciones de agosto, los españoles vieron cómo los partidos no conseguían cambiar la Carta Magna para modificar aspectos con más respaldo social, como el artículo 57.2 en el que prima el “varón a la mujer” en la sucesión a la Corona, pero el bipartidismo conseguía pactar en apenas unos días para blindar la austeridad. Palomar cree que el mensaje que se mandó a la ciudadanía fue la demostración de que “la Constitución puede modificarse cuando le interesa a los políticos, pero no para lo que le interesa a los ciudadanos”, explica para recordar otros debates derivados de la emergencia social del momento, como, por ejemplo, si el derecho a la vivienda tenía que ser reforzado en plena oleada de desahucios. La distancia entre la calle y el Congreso se ensanchaba.

Una factura muy cara para el PSOE

La modificación del artículo 135 fue una de las reformas estructurales que realizó el presidente Zapatero, agobiado por la crisis y con las elecciones muy próximas, entre las que también se encontraba la reforma laboral de 2010 que el PP profundizaría cuando llegase a Moncloa. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, era portavoz parlamentario en ese momento: “Zapatero sabía que traicionaba sus palabras y su programa“, recuerda sobre esa “pesadilla de una noche de verano”.
Llamazares fue el encargado de replicar a Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y a José Antonio Alonso (PSOE) desde la tribuna en la sesión del 30 de agosto de 2011 en la que se debatía su toma en consideración. El líder de IU les recordó que la reforma hecha con “agosticidad y alevosía” en 48 horas llevaba, entre otras muchas consecuencias, a “la ruptura del consenso constitucional” al pactar en solitario esta reforma, a sus ojos, puramente ideológica.
La réplica del socialista Alonso fue dura. “Es verdad el refrán de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Le estoy diciendo —y ese es un dato objetivo— que las tensiones financieras en toda la Unión Europea han llegado a un límite que, de mantenerse en el tiempo, pondría en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar“, le espetaba al líder de Izquierda Unida. La formación llevó la cuestión al Tribunal Constitucional, que acabó desestimando su recurso en 2012.

Hasta ese momento, el déficit se tramitaba por otros procedimientos, pero meterlo en la Constitución supuso consagrar el pago de la deuda por encima de todo lo demás. Buscando antecedentes, Llamazares se remite al expresidente estadounidense Ronald Reagan: “Zapatero convirtió la ley de déficit en una reforma constitucional. Esa idea ya se le había ocurrido a Reagan, pero no había llegado a concretarla porque el Partido Republicano no lo había compartido. Es el más manirroto con el gasto militar. Esa ortodoxia económica de Reagan quedó en el camino, pero sorprende que quien recupera esa ortodoxia sea un dirigente de la izquierda europea“, explica para recordar que Alemania ya había introducido con anterioridad mecanismos que velaban por el equilibrio presupuestario.

En ese mismo debate, Sáenz de Santamaría ofrecía una predicción que no se ha cumplido: “Año a año los presupuestos tendrán que elaborarse, aprobarse, pero también ejecutarse respetando ese déficit máximo, para que cuando llegue el año 2020 la deuda pública española no supere ni vuelva a superar en nuestra historia el 60 por ciento del producto interior bruto”. Hoy la deuda española sobrepasa el 98,8% del PIB. Torres califica esa afirmación de “pura retórica y demagogia”.

La importancia de las formas

Quizá muchos españoles no podían advertir las consecuencias concretas del 135, pero siguieron el trámite exprés por los medios de comunicación. A pesar de que la portavoz ‘popular’ reconocía en ese mismo debate parlamentario que se trataba de una reforma “de extraordinaria trascendencia económica, social y política”, se hizo por la vía ‘blanda’ y sin referéndum, ya que el artículo 135 está fuera de los protegidos por la vía agravada (contenidos en el artículo 168), donde además de una mayoría específica es obligatorio consultar a la ciudadanía. Sáenz de Santamaría en el mismo debate definió la importancia de ese primer paso para lo que vendría después: “Es una reforma de principios”.

La trascendencia del contenido contrastó con el escaso debate público que dejó de margen esta reforma exprés. Un artículo publicado en El País el 24 de agosto de 2011 deja constancia de la velocidad del complejo trámite: “Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló ayer en el Congreso, por sorpresa y en diez minutos: los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla”, escribían los periodistas Vera Gutiérrez y Ramón Muñoz.

“Quizá mucha gente no era consciente de lo que comportaba la modificación, pero las formas lo empeoraron. Si el PSOE hubiera estado en la oposición y el PP en el Gobierno hubieran podido justificar su apoyo, pero que estando en el Gobierno no te quede más remedio que seguir las instrucciones de la oposición es más grave”, argumenta Palomar sobre las consecuencias que trajo para los socialistas, que han tardado siete años y dos liderazgos en volver alcanzar el poder vía moción de censura.

Tres diputados socialistas (Antonio Barrio de Penagos, José Antonio Pérez Tapias y Manuel de la Rocha) no acudieron al pleno. Quien sí se quedó sentado fue el diputado Pedro Sánchez, que incluso la defendió con un artículo en la prensa. Tras llegar a la secretaría general del PSOE muchos años después reconocería el error de que la reforma se hiciera “de manera claramente apresurada”. Sin embargo, las fuerzas del Congreso hoy son muy distintas. Aunque el PSOE esté en el Gobierno, el PP es el partido mayoritario en el Congreso. En su documento ‘Dejar atrás la austeridad’ con el que Podemos pretende negociar con el PSOE, los morados proponen derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece en su artículo 14 el pago de la deuda pública como “prioridad absoluta”.