Aplicar el modelo sueco de atención a la dependencia de mayores sería rentable

La atención a la dependencia es uno de los servicios públicos más dañados por la crisis, pero fundamental para toda la sociedad, máxime en poblaciones cada vez más envejecidas. Los déficits del actual sistema se cargan sobre la espalda de las mujeres: ellas son un 71% de las personas que cuidan de manera no profesional y quienes suelen abandonar la búsqueda de empleo para ello. Este es uno de los retos feministas más importantes que se plantean actualmente en España y ha sido abordado en un informe presentado el jueves en el Fórum Feminista de Madrid.

En este estudio reciente, que ha sido financiado por el Instituto de Estudios Financieros (IEF), se demuestra cómo el actual sistema para ayuda a la dependencia es insuficiente y se propone un modelo basado en el de Suecia, país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. Se viene a demostrar que aplicarlo en España sería viable económicamente y tendría impactos positivos en el futuro. “Es barato y toda la inversión realizada se recuperaría en los retornos directos, sin contar con los indirectos”, ha defendido en la presentación del informe María Pazos, matemática e investigadora feminista, jefa de Estudios del IEF.

Esta investigación viene corroborar algo que se ha venido percibiendo en los hogares españoles y lo hace bajo el título "La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos". El actual Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) es “claramente insuficiente para atender adecuadamente la demanda”, indican las investigadoras del informe, Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre.

A finales de 2016, el SAAD atendía a más de 620.000 personas mayores de 65 años, un 7,2% de la población mayor de esta edad, mientras que cerca de 270.000 personas de esta franja de edad contaban con derecho a recibir esta prestación, pero estaban en lista de espera. En total, hay algo menos de 900.000 personas con derecho a prestación –el 10,3% de las personas mayores--, pero “1,2 millones personas mayores de 65 años presentan dependencia en nivel suficiente para solicitar cuidados en el marco del SAAD”, asevera el informe. Nuestro sistema es estricto en los requisitos, pero si nos basamos en los estándares del modelo sueco debería atender todavía a más, a alrededor de 1,6 millones de personas mayores, sostiene la investigación.

Además, la Encuesta Nacional de Vida (ENV) de 2016 recoge que hay 928.000 hogares con necesidades no cubiertas de ayuda a domicilio, bien por no recibir nada en absoluto o por no recibir las horas suficientes de atención semanal. “Distintas encuestas muestran que la atención se percibe como insuficiente por la gran mayoría y que los cuidados suelen ser inaccesibles”, explica Martínez.

En estos hogares la carga la soportan las mujeres de manera abrumadora. “En el tramo de 55 a 64 años una de cada cuatro mujeres españolas cuida”, añade Martínez. “Desde el punto de vista estadístico, la que cuida es la mujer del marido y, si ella está enferma, la que cuida es la hija”, resume Roldán.

En este sentido, las investigadoras han venido a desmontar el mito de que las mujeres cuidan voluntariamente porque así lo prefieren. “Hay mujeres que no buscan empleo porque no tienen otra posibilidad, no porque lo elijan ni ella ni el dependiente”, ha reafirmado Roldán. La inexistencia de una red cuidados sólida provoca que 487.300 personas –458.800 de ellas mujeres y 28.500 hombres-- no buscaran empleo por cuidar un dependiente, según datos de 2016. Además, ese mismo año 250.900 trabajaban a tiempo parcial para cuidar a alguien dependiente y otras 20.700 dejaron sus trabajos por ese mismo motivo.

El aumento presupuestario en el nuevo sistema se recuperaría

Las investigadoras han defendido “la necesidad” de pasar de un "sistema asistencialista" a uno en el que la atención a dependencia sea un derecho “universal, suficiente y público”, sin ningún tipo de copago. Esto se traduciría en dedicar a esta política casi un 1,1% del PIB, frente al 0,42% que se destina a este fin en la actualidad, mientras que las plazas en residencias para personas mayores dependientes deberían aumentar hasta las 400.000.

Actualmente hay personas dependientes con nivel económico alto que reciben deducciones fiscales altas, algo que denota un mal reparto de los recursos. Sin los “costes hoteleros” de los que actualmente se hace cargo el sistema, así como sin estas exenciones fiscales regresivas, las investigadoras han estimado que el aumento presupuestario para atender a la dependencia de mayores debería ser de unos 5.500 millones de euros. “La cifra sería muy pequeña dentro de los PGE. Mi experiencia en estudiar políticas públicas es que siempre son más baratas de lo que parecen”, explica Pazos.

De este presupuesto se suprimirían las prestaciones o pagas que actualmente se conceden para el cuidado de las personas mayores y serían sustituidas por servicios sociales. “Si contratamos a un trabajador que viene a recoger la fruta está protegido por su convenio laboral, pero con la mujer siempre pensamos aquello de 'menos es nada' y se le concede una paguita”, ha criticado Pazos para poner de relieve la desigualdad que perpetúa esta paga admitida en el artículo 18 de la ley de la dependencia. También con aquellas trabajadoras del hogar que cuidan a personas mayores. "Mientras sigan dependiendo de las familias no van a tener condiciones laborales dignas", ha explicado.

El punto fuerte del estudio es que prácticamente toda la inversión realizada se recuperaría mediante un retorno directo, sin contar con los indirectos. “Hemos sido muy conservadoras para evitar las críticas y dejamos fuera del estudio aquellos retornos indirectos que indudablemente acabarán produciéndose”, ha explicado Roldán. De aplicarse este “modelo sueco” de la dependencia, habría una disminución en el gasto en las prestaciones por desempleo –las personas cuidadoras podrán buscar trabajo--, mientras que aumentarán los ingresos por las cuotas a la Seguridad social y los ingresos procedentes del IVA y el Impuesto de las sociedades (IRPF).

“Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se recuperarían casi 5.000 millones solo por el aumento de cotizaciones e impuestos. Es perfectamente posible”, resume Pazos. Por eso este informe pretende ser el documento que justifique la viabilidad de un cambio para el sistema de cuidados actual que asfixia a las mujeres. “Los hombres no se imaginan los cuidados y es el movimiento feminista quien tiene que liderar este cambio. Esto es para mí poner los cuidados y la vida en el centro”, ha indicado.

Los efectos serían directos en el empleo, pero además tendría "un indudable y deseable impacto positivo sobre la brecha laboral de género, permitiendo que mujeres que han abandonado sus empleos para cuidar de un familiar dependiente, o que ni siquiera se plantean la posibilidad de trabajar por la
imposibilidad de compatibilizar las dos funciones, puedan desarrollar su perfil profesional", se señala en el informe.