¿Corrupto yo? Y tú más

Si la corrupción urbanística fuera un termita que hubiera decidido zamparse la piel de toro a bocaditos, a estas alturas podríamos elaborar ya su patrón de conducta. El bicho ha empezado a darse el atracón por los bordes, o sea por el litoral y por las islas, tiene agujereado el centro, o sea Madrid, y se deja ver ocasionalmente por el resto del país. Colóquese sobre el mapa una chincheta roja con cada uno de los casos de recalificaciones irregulares, concesión de licencias en zonas no urbanizables, invasión de terrenos protegidos, aumentos injustificables de la edificabilidad, enriquecimientos ilícitos, sobornos y atentados ecológicos y teñiremos de rojo Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares, Cantabria y Madrid, además de contemplar como el sarampión se extiende por Cataluña, Canarias, Galicia, las dos Castillas, Navarra y La Rioja. Marbella somos todos. (Más detalles en www.20minutos.es)
Mientras esto ocurre, los dos grandes partidos continúan jugando de manera irresponsable al ‘y tú más’, una suerte de ‘dontancredismo’ que consiste en quedarse muy quieto para ver si el animal pasa de largo y cornea al de enfrente, momento en el que se aprovecha para hacer resumen y proclamar sin rubor que el otro es mucho más corrupto que uno mismo.
Esta semana el morlaco se ha llevado por delante al PP con la detención, entre otros, del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, el cerebro del urbanismo balear, cuyo despacho fue registrado sin miramientos por la Guardia Civil. Los implicados repartían licencias a diestro y siniestro, a cambio de mordidas millonarias. Los populares han obrado en esta ocasión con inusitada rapidez echando del partido a los implicados, pero ello no ahorró a Eduardo Zaplana el papelón de tratar de justificar lo injustificable: “El balance de unos y otros es claramente distinto; si alguien tiene una imagen limpia y transparente es el PP”, dijo.
Según Zaplana, la detención de Massot no afecta al Gobierno de Baleares porque los delitos de los que se le acusa fueron cometidos en su etapa como funcionario municipal. De lo cual se podía inferir que nombrar a un corrupto del urbanismo director general de la materia facilita su regeneración o que el tal Massot sólo era corrupto en horario fuera de oficina, domingos y festivos. Lo dicho, un papelón.
Como era de suponer le faltó tiempo al PSOE para hurgar en la herida y proclamar por boca de su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, que “la mayoría de los casos que implican a cargos públicos afectan al PP” o que al PSOE le salpican “infinitamente menos casos” que al PP. Y esto se dice desde un partido que tiene a dos de sus ex alcaldes en el trullo por llevarse las comisiones en carretilla –por lo abundantes- y que ha conseguido que el término ‘pocero’, el sobrenombre del promotor de Seseña, Francisco Hernando, se asocie con yates de lujo y lluvia de millones. Los alias de estos sujetos, por cierto, merecerían un estudio aparte. ¿Qué confianza pueden inspirar unos señores que se hacen llamar ‘El Pocero’ o ‘El Paloma’? Pues eso.
PSOE y PP están preocupadísimos por la corrupción, sí, pero sólo en la medida en que pueden salpicarles. La prueba del nueve ha sido la petición de IU –que tampoco está libre de pecado- para que el Gobierno realice ante el Congreso una comparecencia con informe previo para tratar sobre la corrupción urbanística. Llamazares había iniciado conversaciones con Moncloa para ofrecer dos alternativas: que compareciera la vicepresidenta Fernández de la Vega con un estudio exhaustivo bajo el brazo en el que se incluyeran medidas para atajar este fenómeno o que el informe instara la creación de una comisión de estudio en el Parlamento que debería ofrecer sus conclusiones en un plazo de dos meses.
De esto hace ya tres semanas y el líder de IU interrumpió sus contactos con Presidencia tras constatar que estaba siendo toreado. Ayer registró la solicitud de la comisión de estudio. Si en los próximos 14 días no hay respuesta del Ejecutivo, denunciará el obstruccionismo y pedirá el amparo de la Mesa del Congreso. ¿Servirá para algo? Para nada.
Los socialistas han hecho correr la especie de que la nueva Ley del Suelo, que transita ahora por el Senado antes de su aprobación definitiva, será el bálsamo de Fierabrás contra la corrupción. Quizás se lo crean porque la ministra Trujillo lo repite una y otra vez. “Este país ya no será urbanizable del todo”, afirma. La futura ley prevé una reserva del 25% para viviendas protegidas, un nuevo régimen de valoraciones del suelo –“un patatal se pagará a precio de patatal”- y la exigencia de que cualquier modificación que suponga aumentar la población en un 20% o que afecte a un 20% del suelo del municipio implique la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
El problema es que sólo se lo creen ellos porque el PP asegura que lo que es una patata es la ley, que la suya era mucho mejor y que, en cualquier caso esto se arregla modificando la Constitución y amentando las competencias del Estado. Algo han cambiado las cosas en un mes porque a finales de octubre Rajoy rechazó la oferta de pacto contra la corrupción que le dirigió Blanco con el siguiente argumento: “el único pacto posible es que los corruptos dejen de robar y actúen la Policía y los jueces”. “Esta gente -decía Rajoy en referencia a los socialistas- no tienen remedio, pero no todos somos iguales”.
“Hay que objetivar las condiciones”, declara a 20 Minutos un diputado de PP. “Si yo tengo 10.000 metros cuadrados, que me impongan todas las obligaciones del mundo, pero que no me puedan parar la licencia y me obliguen a sobornar al funcionario para agilizarla. Esto lo tienen que arreglar los legisladores y las Comunidades Autónomas”. Así están las cosas mientras la termita sigue haciendo de las suyas.