Empresarios contra empresarios

No les descubro América si les digo que la imagen de Gerardo Díaz Ferrán es manifiestamente mejorable, y que entre los empresarios existe la impresión de que con este hombre lo del diálogo social es un imposible metafísico. Se trata, esencialmente, de una cuestión de estética. Es legítimo que la CEOE reclame el abaratamiento del despido, exija la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y critique a la banca por cercenar la actividad económica con su restricciones al crédito, pero lo sería aún más si quien encarna dichas demandas pagase las nóminas a sus trabajadores, estuviera al corriente en el pago de las cuotas y no se hubiera beneficiado de préstamos sin garantías suficientes en la entidad de la que fue consejero.

Aún así, lo anterior podría soslayarse si en las conversaciones con Gobierno y sindicatos se hubiera atisbado alguna inteligencia negociadora por parte de la CEOE, más allá de planteamientos burdos como el reciente contrato basura para jóvenes, que el propio Díaz Ferrán tuvo que arrojar a la papelera antes de que el incendio que provocó su anuncio le quemara el traje. Lo confesaba privadamante un dirigente empresarial en un reciente encuentro con un periodistas: “La negociación se ha planteado mal porque la CEOE ha sentado a la mesa a negociadores sin experiencia. Anteponer a cualquier acuerdo la reducción del coste del despido es un error de bulto”. Dicho de otra forma, sería posible conseguir importantes acuerdos sobre flexibilidad laboral, jornada y negociación colectiva, que por sí sólos constituirían una reforma laboral profunda, siempre y cuando a la patronal no le dé por activar cada semana la bomba atómica del abaratamiento del despido.

El malestar de algunos sectores del empresariado está relacionado además con la renuncia que la CEOE ha hecho de la defensa de algunos de sus planteamientos. Uno de ellos tiene que ver con un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social,  cuyo fin último sería la reducción de las cotizaciones. ¿Cómo? Pues dando entrada a ingresos procedentes del IVA. Para que nos entendamos, lo que se sugiere es que lo recaudado con la subida del IVA vaya a la caja de la Seguridad Social para que los empresarios apoquinen en una proporción menor. Dicho de otra forma, los consumidores conseguiríamos que las empresas fueran más competitivas contribuyendo a financiar las pensiones con un porcentaje de nuestras compras.

La idea no es nueva. La llevan promoviendo desde hace dos años las Cámaras de Comercio y, en especial, su presidente, Javier Gómez Navarro, el ex ministro de Felipe González que siempre gozó de predicamento en el área económica del Gobierno. Ya se refirió a ello en abril de 2008 en una conferencia organizada en Mérida por las Cámaras de Cáceres y Badajoz y la Confederación Empresarial Extremeña. Ponía entonces como ejemplo a Alemania, donde empezaba a aplicarse, y a Francia, que se disponía a seguir sus pasos. El argumento, el ya citado: para competir con productores de países que no tienen nuestro sistema de protección social hay que acortar las diferencias en precios, y ello sólo puede hacerse rebajando las cotizaciones sociales.

Pregunto a un dirigente sindical si la CEOE ha hecho alguna vez este planteamiento. Me contesta que nunca, aunque no descarta que haya podido hablar del asunto con algún ministro. Aprovecho para pedirle datos de las negociaciones. Dice que el proceso es lento porque hay sólo dos reuniones a la semana- lunes y jueves- y todavía se sigue repasando el temario que les presentó el Gobierno. Esperan concluir esta primera fase en la cita de mañana y pasar luego a las reuniones bilaterales. ¿Aceptarían los sindicatos un nuevo contrato con despido más barato? Por encima de su cadáver. ¿Qué acuerdo cabría esperar entonces? Cita tres puntos: políticas de promoción de empleo para colectivos como el de los jóvenes,  reorientar las bonificaciones a la contratación para penalizar la temporalidad y reducciones de jornada.  Así está la cosa.