La Moncloa denuncia sabotaje de Aguirre a las ayudas para vivienda

La rebelión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contra la subida del IVA prevista en los Presupuestos del Estado a partir del 1 de julio y que reportará unos 5.000 millones de euros a Hacienda hasta finales de 2011, está sirviendo para ocultar otro “sabotaje” soterrado de la lideresa madrileña del PP contra la ayuda del Gobierno a los jóvenes para que alquilen viviendas. Desde los propios servicios informativos de La Moncloa denunciaron ayer la injustificada dilación de la Administración de Aguirre en tramitar las ayudas a los jóvenes.

El enfado del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es catedralicio, como diría Mariano Rajoy. Tan superlativo que la ministra Beatriz Corredor ha decidido abrir una web para que los jóvenes que hayan solicitado la ayuda para vivienda puedan conocer el estado de tramitación de sus expedientes. En los próximos días recibirán en sus teléfonos móviles una clave para acceder a sus expedientes.

La llamada “renta de inserción” fue ideada antes de las elecciones generales de marzo de 2008 para atraer el voto juvenil y formó parte de las “rebajas electorales” de Rodríguez Zapatero. El PP no ha pedido la supresión formalmente, pero sus autonomías han torpedeado la medida desde su implantación.

Como se sabe, la ayuda al alquiler consiste en una aportación mensual de 210 euros a los jóvenes entre 22 y 30 años que tengan empleo pero no cobren más de 22.000 euros al año. La cifra de solicitantes supera los 200.000, el 56% mujeres. El gasto en 2008 y 2009 ascendió a 450 millones de euros, más 10 en fianzas. En el ejercicio de 2010 se han presupuestado 375 millones más.

Sin embargo, las autonomías, que son las encargadas de tramitar las solicitudes, están tardando una media de 108 días en realizar la gestión. Y la de Madrid se sitúa a la cabeza con una dilación de 171 días, casi medio año. El retraso contrasta con el plazo de 60 días fijado en el reglamento entre la solicitud y la respuesta. Vivienda asegura que tarda 38 días desde que recibe la documentación, contrasta los datos del peticionario con Hacienda y la Seguridad Social, y realiza los ingresos económicos. El resto es calificado por los socialistas de “sabotaje puro y duro” de las administraciones en manos del PP, también renuentes a desarrollar el sistema de ayuda a las personas dependientes.