La obligada renovación del Constitucional

Decía el bueno de don Antonio Machado, siempre tan sabio, que el retroceso de los fusiles, en España, va más lejos que las balas. Es, sin duda, un aforismo perfectamente aplicable al debate sobre el Estatut de Catalunya, donde lo retrógrado quiere desandar ahora la gran conquista de la transición: una España de todos, nación de naciones, donde castellanos, catalanes, vascos, gallegos y todos los pueblos que se sienten tales forman parte de un Estado en el que quieren estar, a quien nadie les obliga a pertenecer. Esa realidad se consumó con la elaboración de la Constitución, donde intencionadamente se distinguió entre nación y nacionalidades para evitar el encono del entonces gran poder fáctico, el Ejército, una vez se comprobó que los sectores más reaccionarios del régimen de Franco (entre los que se encontraba el de la judicatura) se negaban a reconocer la realidad plurinacional de España.

Con el término “nacionalidades” y la consumación del Estado autonómico, la joven democracia quiso obviar la realidad, pero su hábil retórica no resolvió el problema. Recuerdo aquella anécdota que contaba Miquel Roca sobre la elaboración de la Constitución cuando Adolfo Suárez le llamó urgentemente, de madrugada, y abandonó el Hotel Palace a la carrera para ir a La Moncloa,. Allí, en una sala amplia del Palacio, el presidente tenía amontonados, sobre una larga mesa, decenas y decenas de libros, textos jurídicos e informes políticos de sus asesores subrayados. Los había estudiado durante varios días y no se aclaraba. De manera que llamó a Roca, quien de paso solía representar al PNV de Xavier Arzalluz, y le preguntó: “Eso de nacionalidad ¿que significa para vosotros?”. Roca, sincero, le respondió que nación.

Y en eso quedamos todos hasta que un tribunal que el PP ha impedido renovar durante años  para no perder su mayoría conservadora (se conformó cuando José María Aznar tenía mayoría absoluta), quiso aprovechar el retroceso del disparo que realizó José Luis Rodríguez Zapatero cuando abrió el debate del Estatut de Catalunya para recomponer el nudo gordiano que había deshecho en 1978 una incipiente democracia, tan tierna que a duras penas superó el sarampión del 23-F.

Lo que se pone en juego con el Estatut es la única España de futuro posible: la plurinacional. Esa España contra la que las fuerzas más oscuras del tardofranquismo, aún refugiadas en las terminales más sensibles de Estado, libran una batalla desigual porque utilizan como ariete a un Tribunal Constitucional formalmente legítimo pero deshauciado.

Si el PP, queriendo mantener la mayoría conservadora que tenía en tiempos de Aznar, no hubiese utilizado contra Zapatero el privilegio de impedir el pacto sobre los nuevos nombres porque son necesarios dos tercios de las Cámaras, si no hubiese impedido la actualización  del Constitucional en tiempo y forma (desde 2007 no se han renovado los cuatro miembros del Senado –incluida la presidenta María Emilia Casas–, se ha dejado al margen al magistrado progresista catalán Pablo Pérez Tremps tras ser recusado por el PP y hasta sigue sin nombrarse el sustituto del fallecido Roberto García Calvo), ahora tendríamos una sentencia favorable al Estatut. Una sentencia que haría justicia porque además, habría implicado un reconocimiento democrático básico: que pesan más las soberanas Cortes Españolas y el pueblo catalán que se pronunció en referéndum sobre el Estate que media docena de patriotas togados, muchos de los cuales, de atender a los criterios de vergüenza democrática, habrían dimitido por llevar ejerciendo dos años más de los nueve establecidos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, capítulo II, artículo 16.3.

Por eso tienen razón e president de la Generalitat, José Montilla, y todos los partidos catalanes en general cuando piden que el Constitucional sea renovado por un acuerdo entre el PSOE y el PP antes de emitir sentencia. Teniendo en cuenta que en noviembre concluye el tiempo de los cuatro elegidos por el Congreso y que, de no renovarse, el tribunal se quedará sin un solo miembro cuyo mandato se corresponda con los tiempos fijados por la Constitución, sería bueno que los dos grandes partidos aprovecharan estos meses para frenar de una vez por todas el desprestigio en el que, arrastrado por los intereses políticos, ha caído el más alto tribunal del Estado. Además, a estas alturas, si el Constitucional deja la sentencia para después de las elecciones catalanas de otoño, le hará un favor a todo el mundo, incluido Rajoy.