España reconoce a 900.000 hijos del hambre y el exilio
La ley de la memoria histórica ha permitido conceder la nacionalidad española, sin perder la suya, a más de 900.000 hijos, nietos y familiares directos de exiliados e inmigrantes durante el franquismo, lo que significa que ya pueden viajar a España sin visado. Pero la avalancha de peticiones y la imposibilidad de dar respuesta a todas ellas, ha obligado al Gobierno a ampliar el plazo de solicitudes, acreditaciones y resoluciones. En éste y otros datos se ha apoyado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para demostrar la diligencia gubernamental en la aplicación de la ley aprobada a finales de 2007.
El Gobierno ha hecho mucho, vino a decir el miércoles ante el pleno del Congreso el titular de Justicia en respuesta a una interpelación del diputado de ICV Joan Herrera que solicita la modificación del artículo 11 de la ley de la memoria para obligar a las administraciones públicas a colaborar en el levantamiento de las fosas y en la identificación de los restos de las personas asesinadas por el franquismo. La moción correspondiente se votará en la segunda semana de mayo. Con los datos que aportó Caamaño sobre los grandes esfuerzos del Ejecutivo, los socialistas oscilan entre el voto favorable y la abstención.
¿Y qué ha hecho el Gobierno, si se puede saber? Pues, siempre impelido por la sociedad, ha subvencionado con 14 millones de euros el descubrimiento de fosas de la Guerra Civil entre 2006 y 2009 y ha arbitrado una partida de otros 5,68 millones de euros para este año. Según la información que acumula la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, las entidades y agrupaciones que exigen la recuperación de sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han presentado más de 700 proyectos y obtenido alguna ayuda.
El Gobierno también ha mejorado las pensiones y la asistencia social y sanitaria a 700 viudas y 13.000 huérfanos de la Guerra Civil machacados por el franquismo e ignorados por 35 años de democracia. Y ha indemnizado a decenas de familiares de los que murieron en defensa de las libertades entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Y ha compensado a decenas de "presos sociales" (homosexuales). Y ha pagado unas sumas a quienes cumplieron condena en los campos de trabajo. Añadan a ello la limpieza de los símbolos de la dictadura en lugares públicos y edificios de la administración general del Estado, cuarteles militares incluidos, y evalúen el esfuerzo gubernamental.
Pero, sobre todo, de lo que más orgulloso se siente el ministro Caamaño es de haber podido entregar personalmente hace unos días la "declaración de reconocimiento" a los familiares de Lluís Companys, dando por "ilegítima" o "no existente" en el ordenamiento jurídico la condena por la que fue fusilado en el foso de Montjuïc. Y orgullosa se siente también la vicepresidenta De la Vega de haber hecho lo propio con la nuera y los nietos de Miguel Hernández. "Ya más de 600 familias de condenados por la justicia militar franquista tienen en sus manos la declaración de injusticia e ilegitimidad”, proclamó Caamaño con satisfacción.
Al titular de Justicia sólo le faltó preguntar al interpelante si no es para estar satisfechos, habida cuenta de que “no se trata de reabrir la historia, sino de trabajar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas”. Escuchando su interpretación de la ley de la memoria que declara “ilegítimos” a los tribunales franquistas y los expulsa del ordenamiento jurídico español, se puede llegar a su misma conclusión: que sus sentencias se han de considerar “no existentes”. Y, por ello, no revisables.
Quienes venían reclamando justicia desde hace décadas y quienes acudieron hace años al Tribunal Supremo, cuya sala quinta, de lo militar, acumula más de 60 demandas de revisión de sentencias, incluida la del socialista Julián Besteiro, ya conocían el ardid, el efecto y el defecto de la ley de la memoria histórica: reparación moral y material alguna, muy poca; reparación judicial o en justicia, ninguna.
Mientras tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía han firmado convenios para realizar el mapa de las fosas con los fusilados por el franquismo. Con independencia de que el PP haya rechazado la cartografía de la impunidad y Esperanza Aguirre mire hacia Paracuellos, donde los muertos fueron exhumados y documentados por la Cruz Roja Internacional y los supuestos responsables ejecutados por Franco, los mapas pueden ser útiles a la justicia internacional.
Pues sí que ha hecho el Gobierno, si. Cualquier cosa menos obligar a las administraciones –jueces incluídos– a cumplir su obligación. Pero no se engañen: los crímenes de guerra y lesa humanidad no prescriben. ¡Salud! con
Me parece estupendo que amplíen el plazo para otorgar la nacionalidad, ya que muchos consulados han informado tarde y otros se ven desbordados. La medida no es ajena al beneficio electoral que puede obtener el PSOE. No dan puntadas sin hilo esos benefactores que saben que muy pocos vendrán a quedarse en España.
La ley de la memoria me parece un parche con segundas intenciones para no hacer justicia. Con eso y quitando a Garzón de enmedio, todos tan contentos. Por este camino acabarán certificando que el daño de la dictadura ya se ha compensado sobradamente por todos, menos por quienes tenían que haber pagado por ello. Es la desgracia de este país. A ustedes, los españoles demócratas, les han traicionado siempre, le oí decir al muy católico Grahan Greem. Lo malo es que ahora nos traicionamos a nosotros mismos. Tal vez, como dijo Camus, cuando todos seamos culpables tengamos la democracia. Mientras tanto, sólo partitocracia y falta de dignidad democrática.
Esta notica es falsa. La ley sólo ha concedido apenas 50.000 nuevas nacionalidades…. Menudo patinazo interesado…
Aunque el ministro se haya apoyado en esa cifra y se haya dicho que las solicitudes pueden llegar al millón, lo cierto es que la ha corregido y hay que quitarle un cero. Según los datos del Ministerio de Justicia no se han concedido más de 90.000 (noventa mil).
Ya me parecía a mí una cifra exagerada cuando exigen tanta documentación a la segunda y tercera generación. Aunque interés electoral no les falta.
Buen artedculo que permite nidefirse las reglas y estrategias a desarrollar para dedicarse al liderazgo.Te recomiendo te leas un libro, silo encuentras ya que tiene me1s de 20 af1os: La felicidad del dirigente de Varvelli. Donde entre otras cosas interesantes expone la diferencia entre mayordomo y dirigente , que en tu artedculo equivale a gestor y lider ; es me1s duro decirle a alguie9n mayordomo que gestor pero en el fondo son lo mismo.Un saludo.Gian-Llueds.