Viaje a la crisis de confianza

La credibilidad del jefe del Gobierno cotiza al 19% y la del jefe del principal partido de la oposición, algo menos. Si el valor de un euro bajase a 19 céntimos o menos, nos echaríamos a temblar. Pero en política no pasa nada.

El 77% de los españoles manifiesta poca o ninguna confianza en el jefe del Ejecutivo y menos (el 82%) en el jefe de la oposición. Si el amigo, el vecino, el tendero, o, incluso, los trenes  nos mereciesen el mismo porcentaje de confianza, el mundo sería inhabitable. Pero en política no pasa nada.

El 83% de los ciudadanos opina que el Gobierno va improvisando las medidas según avanza la crisis económica. Si los veterinarios hicieran lo mismo, casi todos los animales habrían muerto. Pero en política no pasa nada.

El 62% de los españoles considera que en dos años de crisis económica las autoridades de la Unión Europea no han sabido adoptar medidas adecuadas para hacerle frente. Si los mecánicos y los cocineros hiciesen lo mismo, la mayor parte de los coches averiados seguirían sin reparar y no estaría hecha la comida el año que viene a la hora de almorzar. Pero en política no pasa nada.

La larga secuencia sobre la desconfianza de los ciudadanos en los dirigentes políticos se puede resumir diciendo que la gente no confía en la política para resolver los problemas, tal vez porque, como escribió Shakespeare, la política carece de conciencia, o como dijo Napoleón III, no tiene entrañas.

Los últimos datos demoscópicos publicados el 2 de mayo por el diario El País indican que la desconfianza política se ha apoderado del reino y confirman la percepción ciudadana de que los políticos no sirven para resolver los problemas y además son un problema. Hace seis meses, el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) divulgó una encuesta en la que aparecían como el segundo problema. Pero no pasa nada.

Puesto que ya sabemos que el jefe del Gobierno y el líder de la oposición se reunen para disimular el problema sin dejar por ello de buscar mecanismos para complicarnos la vida o, como decía Ambrose Bierce, para seguir manejando los asuntos públicos en beneficio particular, vamos a mirar hacia otro lado, a los grupos financieros.

A los profesionales de la usura se les ve hoy en día como individuos que han apuñalado por la espalda al sistema económico neoliberal en el que se sustentan. Conocen las trampas y abusos que han cometido a costa de otros y no se fían entre sí. ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en ellos?

La crisis financiera que ha estrangulado a la economía real (junto con la especulación inmobiliaria en el caso español) y ha enviado al paro a 4,6 millones de trabajadores, dejando a más del 20% de la población activa en estado de angustia y contradicción terminológica, ha demostrado la cautividad de los políticos, los gobiernos y las organizaciones sociales.

Los primeros se han apresurado a socorrer a las entidades y los segundos comienzan a quedarse en cuadro –según han demostrado en las manifestaciones de este Primero de Mayo de 2010-- por limitarse a aceptar y certificar la situación en vez de alzar la voz y representar a quienes no han accedido a las empresas ni siquiera como “submileuristas” y a quienes están siendo expulsados del mundo laboral.

La crisis sindical que los dirigentes Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez se esfuerzan en negar tiene su correlato en la cúpula de la CEOE, antes llamada “gran patronal”. Su dirigente máximo, Gerardo Díaz Ferrán, se halla entrampado en quiebras e impagados, pendiente de actuación judicial. El presidente de la Cepyme, Jesús Bárcenas, al que los adversarios se esfuerzan en desacreditar, era consejero de la Caja de Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España, y aunque asegura que no recibió un euro para sus empresas, que van bien, fue sancionado por la autoridad monetaria con una multa de 18.000 euros.

La crisis de credibilidad afecta asimismo a las más altas instancias del Poder Judicial. Si hace unos meses los jueces promovían el segundo cierre patronal en un año, incrementando su prestigio ante los ciudadanos que sufragan su diligencia, ahora los magistrados del Supremo ajustan las cuentas al único colega que por inhibición de otros se ha atrevido a examinar una causa de injusticia histórica, y se irritan mucho al comprobar que la gente se solidariza con el reo. Las víctimas son ellos, no el pueblo del que emana la justicia, según dicen.

También se irrita sin esperar a las protestas en calles y paraninfos universitarios, la presidenta del Tribunal Constitucional cuando se recuerda que ella y otros cuatro miembros están fuera de mandato y no cumplen la letra de la Constitución que han de preservar. En vez de dejar el cargo a toda prisa, agitan el concepto de “crisis institucional”.

La crisis de confianza en los políticos, los partidos, las entidades financieras, las patronales, los sindicatos, los poderes públicos, las instituciones del Estado –también en la Iglesia Católica, embadurnada con casos de pederastia y abusos inconfesables--, posee responsables con cara y ojos, nombres y apellidos. Son personajes bienintencionados, elegantes, elocuentes para señalar al responsable de la desafección: el otro.

Con tanto jefe institucional y orgánico empleado en el análisis de las crisis de credibilidad, se va dibujando, por consenso, a un culpable que más o menos tendrá el siguiente perfil: se trata de un indefenso indefendible, carente de trabajo, de voz y, si se descuida, también de voto, altamente peligroso para el sistema, al que conviene controlar por el bien de todos, de usted también, no vaya a ser que como al corredor de fondo del recién despedido Sillitoe, de  una manera imprevista se le ocurra traicionar la confianza que hemos depositado en él.