El Gobierno busca utilizar el Parlamento de parapeto de la huelga

El mayor interés parlamentario sobre la reforma laboral que se tramita como proyecto de ley no se centra en las enmiendas anunciadas por los distintos grupos sino en el calendario de aprobación. El Gobierno y el Grupo Socialista quieren que la reforma se apruebe lo más pronto posible y, en todo caso, antes de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre.

El calendario de tramitación tiene mucho interés. Las previsiones del Gobierno y del PSOE pasan por rechazar cualquier prórroga del plazo de presentación de enmiendas que planteen los grupos. Quieren que la ponencia se constituya y se reúna cuanto antes, que los debates y votaciones se realicen en el mes de julio y que el Senado la tramite en las tres primeras semanas de septiembre. De este modo se lograría que el Congreso la aprobara definitivamente el martes, 28 de septiembre, un día antes de la huelga y la jornada de paro de la prensa.

La consumación de esta estrategia permitiría al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero dispersar el golpe, pues la huelga no sólo iría contra el Gobierno, sino también contra el Parlamento si no modifica profundamente el abaratamiento del despido de 45 a 20 días por año trabajado y no enmienda los preceptos que convierten los convenios y la negociación colectiva en papel mojado.

Ya lo advertía Gaspar Llamazares antes del debate del martes pasado: “Quieren convertir al Congreso en esquirol de una reforma injusta y antisocial”. Pero además se quiere emplear de parapeto del Gobierno para parar el golpe de la huelga general, lo que, con independencia de los dos años empleados por sindicatos y patronal en no lograr un acuerdo, alienta la desafección política, con mayor beneficio electoral para la derecha.