Cataluña intensifica su política exterior

Cataluña no es Kosovo ni España los Balcanes, por más que Salvador de Madariaga temiese la balcanización de España. La fluida correspondencia del diplomático y político republicano español en el exilio con los presidentes Aguirre y Tarradellas le animó a redactar unas notas a finales de los años sesenta del siglo pasado en las que proponía la solución autonómica para evitar, decía, que a la salida de la dictadura pudiera ocurrir en España lo que iba a suceder en Yugoslavia a la muerte de Tito. Las notas de Madariaga coincidieron con lo que luego fue el mapa autonómico español, incluida la unión de Castilla y León.

El autogobierno de Cataluña ha permitido, sin embargo, a la Generalitat suscribir 71 acuerdos internacionales con 27 gobiernos estatatales y subestatales, y 15 convenios con otros tantos organismos internacionales en los últimos años, según los datos que me facilita el diputado de ERC Joan Tardá quien, de paso, defiende la gestión del ex líder de su partido y vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, uno de los políticos más vilipendiado de los últimos años. El tripartito ha organizado además 139 visitas institucionales de dirigentes de todo el mundo.

La intensificación de la política exterior catalana se realiza con la cobertura del artículo 114 del Estatuto que faculta a la Generalitat a promover los intereses de Cataluña en el mundo. De ahí que hoy podamos encontrar oficinas y delegaciones catalanas en las capitales de los países más importantes. Más de 50 de las 190 delegaciones autonómicas y de algunos ayuntamientos en el exterior, son catalanas, según datos del secretario de Estado de política territorial, Gaspar Zarrías.

"Tenemos la voluntad de internacionalizar cada vez más la economía catalana y de depender cada vez menos del mercado español”, dice Tardá, al tiempo que tilda de “hipócritas” a quienes critican a Carod por seguir la línea de Jordi Pujol. La promoción de la marca Cataluña en el mundo ha sido seguida por otras autonomías que, desde Castilla y León a Extremadura, pasando por la valenciana, se han aprestado a consignar en sus estatutos los artículos que les permiten tener presencia en el exterior.

Cierto es que el Gobierno catalán no anda sobrado de transparencia a la hora de rendir cuentas sobre el coste de su acción exterior, lo que permitiría evaluar eso que llaman rentabilidad. Les pongo un ejemplo: el consejero de Innovación, Universidad y Empresa, Josep Huguet, que maneja un presupuesto global de 1.436 millones, encabezó una delegación de 46 empresarios a China, donde visitaron la Expo de Sanghai. Tras un periplo de 14 días que terminó el 2 de junio pasado, le preguntaron el coste del viaje y él contestó: “No es una información pública”.

Aparte del buen o mal uso del dinero público y del crecimiento de delegaciones catalanas en contraste con el plan del ministro Moratinos de cerrar aquellas embajadas que puedan ser cubiertas por la proyectada red europea, hoy pocos creen que la presencia de Cataluña en el mundo rompa la unidad de acción exterior del Estado, como, desde el PSOE y el PP, le criticaban a Pujol. Y sólo algún tonto, en el sentido unamuniano del término –defectivo de entendimiento– puede creer que para abrirse paso en el mundo Cataluña vaya a seguir el camino de Kosovo.