El Gobierno prorroga la limosna a los parados

Como si la Tierra no hubiera dado una vuelta alrededor del Sol, el Gobierno aprueba este viernes de agosto una medida similar a la que adoptó el año pasado por las mismas fechas: la asignación por seis meses de cuatrocientos euros a los parados que hayan agotado la prestación. Para ser exactos, en esta ocasión son 426 euros y el año pasado fueron 420. Esto se debe al impacto del coste de la vida sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el Iprem, del que los parados sin rentas superiores al 75% del salario mínimo podrán percibir ese porcentaje del 80%.

La prórroga de esta concesión del Ejecutivo fue solicitada por Gaspar Llamazares en el Congreso y obtuvo el respaldo de todos los grupos. El Gobierno prorrogó los cuatrocientos euros en febrero y ahora lo hace de nuevo, pero con una novedad tan arbitraria como gratuita: los desempleados entre 30 y 45 años no tendrán derecho a esa ayuda. Ya cuando se arbitró la medida, el titular de Trabajo excluía a los que se les hubiera agotado el paro antes de que entrara en vigor. Aquella decisión arbitrista fue después corregida, del mismo modo que otra que excluía a los parados cuando la suma de ingresos de sus familiares directos superase dos veces el salario mínimo: 1.250 euros.

Después de recibir esa ayuda complementaria, que conlleva la obligación de asistir a los cursillos de formación que arbitren las autonomías, los desempleados serán expulsados del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, Prodi, que así es como han bautizado el generoso invento, y se tendrán que buscar la vida y dejar paso a los siguientes. Hasta el momento, la medida ha beneficiado a 615.000 trabajadores. Después de los cursillos, la mayor parte de ellos sigue sin encontrar empleo. Como el paro sigue creciendo, el porcentaje de cobertura se va reduciendo de modo que un 25% de los cuatro millones de parados registrados ya no recibe ayuda alguna.

Afirman los expertos que la economía española sólo genera puestos de trabajo a partir de un crecimiento del 2% anual del PIB, lo que, con reforma o sin reforma laboral, no resulta alentador para los trabajadores en paro. La acusación de que quieren cobrar sin trabajar que lanzó a primeros de agosto contra ellos el ministro Celestino Corbacho, además de injusta es una falsedad. En 2008, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sólo seis parados rechazaron los empleos que les ofreció el llamado servicio público de empleo. En Asturias fueron dos. El último año no aceptaron contratos unos 1.600 desempleados en toda España; los salarios eran muy bajos y la penosidad muy alta. El “ejército de reserva” alienta los abusos y la degradación de las condiciones salariales y laborales.

Convendría saber si Corbacho, al que hay que agradecer esos cuatrocientos euros y el entretenimiento añadido para evitar que haya más de un parado mendigando en cada esquina, junto con los “expertos” del PSOE que se disponen a introducir una enmienda en el Senado a la reforma laboral para sancionar a los parados que rechacen un empleo --algo que ya existe-- trabajarían, siendo tan cualificados, por 635 euros al mes o si, con la copla de Enrique Morente en la boca –“yo soy pobre y no me bajo a un arroyo a beber, ¡ay!, aunque me muera de sed”-- subirían al tren y se largarían a Alemania, donde la economía crece al 2,3 y según el Bundesbank alcanzará este año el 3% del PIB. Luego, una vez allí, en dura competencia con turcos y polacos, llamarían al hermano, al amigo, al vecino: “Vente p’Alemania, Pepe, que aquí necesitan gente como tu y en España no te quieren”. ¿Les suena?