La coherencia del PP naufraga en aguas canarias

Apenas duró unas horas la coalición de gobierno de populares y Coalición Canaria en el archipiélago, tras conocerse el acuerdo suscrito entre el gobierno y CC, que, sumado al acuerdo alcanzado con PNV, garantiza la estabilidad parlamentaria a José Luis Rodríguez Zapatero hasta el final de la legislatura. Oficialmente, José Manuel Soria, presidente del PP de Canarias y ex vicepresidente económico del gobierno autonómico, argumentaba ayer viernes, durante su aparición en el programa Los Desayunos de TVE que se decidieron a romper el pacto de gobierno al comprobar que CC había apoyado los presupuestos generales “a cambio de absolutamente nada”, lo cual no deja de ser sorprendente, porque en el caso del acuerdo con el PNV, lo que criticó precisamente fueron las escandalosas “concesiones” hechas a los nacionalistas.

Otro de los asuntos que desató las iras y provocó la salida del PP del gobierno de Canarias fue, supuestamente, el polémico punto de la tramitación de las llamadas  “aguas canarias”. La iniciativa consiste, según se refleja en las iniciativas presentadas en el Parlamento, en reclamar la jurisdicción española para las aguas que discurren en los corredores interiores entre las islas Canarias y que, en la actualidad, se consideran aguas internacionales.  Eso implicaría una batalla jurídica por parte de España, para hacerse con la titularidad de esas aguas, para después transferir las competencias que le fueran propias al gobierno autonómico a través del artículo 150.2 de la constitución Española. Pues bien, el viernes, en ese mismo programa televisivo, José Manuel Soria calificaba esa iniciativa de  “imposible jurídico”. Sin embargo, lo que el viernes era un “imposible jurídico” fue apoyado hasta en 3 ocasiones (una en el Senado y dos en el Congreso) por el PP, entre 2003 y 2009 (fechas en las que el PP cogobernaba con CC en la Comunidad). La última vez que se tramitó una Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto que recogía esas reivindicaciones fue hace menos de un año, el 15 de diciembre de 2009. El portavoz del PP para esa iniciativa, Guillermo Mariscal Anaya, afirmó entonces, según se refleja en las actas de la sesión plenaria que “quisiéramos dar un nuevo y renovado impulso político a esta iniciativa de gran importancia estratégica para los intereses generales de Canarias, dada nuestra condición ultraperiférica y, por ende, también de extraordinaria importancia para España”. Para Soria, el viernes, el asunto de las “aguas canarias” no era más que “una cortina de humo para tapar el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado”. El líder del PP canario llegó a esgrimir la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay, de 1982, entre otra legislación internacional para concluir que “Nos gustará más o menos, pero son aguas internacionales” y advertir que conseguir competencias para Canarias sobre esas aguas es un “imposible jurídico”. Sin embargo, en diciembre de 2009, su compañero del PP canario aseguraba en nombre del Grupo Parlamentario Popular que “ni la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay, de 1982, ni la legislación internacional impiden a España trazar las líneas archipielágicas de Canarias con el fin de declarar las aguas como españolas archipielágicas”.

El discurso del PP de hace menos de un año con respecto a la titularidad de las aguas interiores entre las islas Canarias ha dado un giro de 180 grados. De hecho, tal ha sido el cambio que, dentro del PP canario han surgido varias voces contrarias a tamaño giro y reacias a abandonar el gobierno de Canarias a tan sólo 7 meses de la celebración de elecciones autonómicas. La mayoría de los dirigentes que disienten de la decisión de abandonar el gobierno autonómico de Canarias que ha defendido José Manuel Soria con vehemencia, temen que el hecho de decir “digo”, donde han venido diciendo ”Diego” durante años, sea perjudicial y negativo ante su electorado. Otras voces apuntan que Soria no estaba pensando en su carrera política en Canarias cuando decidió romper el gobierno, sino en la posibilidad de dar el salto a la política nacional en el futuro, de la mano de Mariano Rajoy, si éste consigue ganar las elecciones de 2012. Con todo, la decisión de José Manuel Soria, avalada por la dirección regional y bendecida por la dirección nacional ha provocado un primer efecto colateral: el naufragio de la coherencia del discurso del PP en mitad de las aguas canarias.