El Gobierno sale derrotado de la 'ley Sinde'

Las miembros de la comisión parlamentaria de Economía llevaban cuarenta y cinco minutos levantando el brazo para apoyar o rechazar las 991 enmiendas a ese cajón de sastre que es la ley de Economía Sostenible, cuando llegaron a la disposición final segunda, conocida como ley Sinde, y el presidente, Antonio Gutiérrez Vergara, dijo: “votos a favor de la enmienda de supresión” (presentada por el PNV), y salieron 20; votos en contra, y salieron 18. Hubo un pateo de satisfacción. La ley Sinde quedaba periclitada. Eran las 21:45 de la noche.

Votaron en contra de la disposición inspectora, vigilante y sancionadora de las descargas de contenidos de Internet los diputados y diputadas de PP, CiU, PNV, ERC-IU y Coalición Canaria. Votaron a favor, como era su obligación, los 18 parlamentarios del PSOE. Después de todo, la ley de Economía Sostenible que el presidente Rodríguez Zapatero anunció en la primavera de 2009, hace 20 meses, como la panacea para salir de la crisis económica, quedó reducida a ese vano intento de impedir por la vía inspectora (la creación de una Comisión de vigilancia), denunciadora (la formulación de denuncias ante un juez de lo contencioso de la Audiencia Nacional) y sancionadora (el cierre de páginas web) las descargas de contenidos culturales protegidos (filmes y discos principalmente).

Es la primera vez en tres años de legislatura que el Gobierno sufre una derrota tan sonada en un proyecto de ley. Y eso que los socialistas, conscientes de la defensa de las grandes productoras y distribuidoras estadounidenses –como han puesto de relieve los documentos diplomáticos destapados por Wikilearks– se esforzaron bastante en evitar el revolcón. Primero intentaron convencer al portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, de que retirara la enmienda, pero ni él ni su superior Josu Erkoreka dieron el brazo a torcer. Después aplazaron la votación para no perderla y pidieron ayuda a CiU. Pero su portavoz, Josep Sánchez Llibre, les contestó que su voto no podía ser gratis y pidió tiempo para elaborar la factura.

Entonces, el presidente de la Comisión, anunció que en vez de a las tres de la tarde votarían a las nueve de la noche, después del pleno. A lo largo de la tarde del martes, el socialista Francisco Fernández Marugán y el convergente Sánchez Llibre negociaron la factura. Los catalanes pedían valores ferroviarios, alternativas a la supresión de la desgravación por vivienda y ventajas fiscales para un producto bancario que la Caixa quiere emitir. No hubo trato. Los socialistas tentaron entonces al PP, que aceptaba la comisión de vigilancia, pero proponía un sistema de arbitraje en vez de la acción judicial contra las descargas. La conversación no dio resultado.

En esa tesitura se llegó a la votación y la ley Sinde quedó anulada. Los argumentos de la socialista Marta Gastón en el sentido de que “si protegemos más a los ladrillos que a las ideas estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos”, no convencieron a nadie. Y las declaraciones de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde en el Senado, haciendo saber que “somos el único país con un ADSL potente y unas reglas de juego enclenques” y asegurando que su disposición no ataca la libertad de expresión, pues la protección de los derechos de los creadores “es la verdadera libertad de expresión”, tampoco conmovieron a los oponentes. Tras conocerse el resultado, la web del Congreso, que había sido obturada, quedó desbloqueada.

[La ley Sinde volverá a debatirse en el Senado a partir del 18 de enero. En la Cámara Alta, el Grupo Socialista intentará de nuevo llegar a un acuerdo con PNV, CiU o PP, con el fin de salvar la norma antidescargas]