El cabreo del ministro Caamaño

Tiene fama el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de ser un hombre sosegado, al que no es fácil ver perder los estribos. Pero, según fuentes gubernamentales, Caamaño, el “hombre tranquilo” se agarró un cabreo morrocotudo el miércoles pasado, al darse a conocer la demoledora visión que los ciudadanos españoles tienen de la Justicia en nuestro país, según el último sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y no fue tanto el cabreo por ver el resultado de la mencionada encuesta, sino el hecho de que nadie le informara de que iba a hacerse público ese estudio, con el foco puesto en la justicia española.

Fuentes gubernamentales consultadas por cuartopoder.es aseguran que Caamaño se enteró “por la prensa” de la existencia del sondeo y de su triste resultado y tuvo que desayunarse con tan negativa noticia para su departamento y preparar a toda prisa un comunicado en el que el Ministerio de Justicia admitía la “valoración crítica” que los ciudadanos hacen de la Justicia, al tiempo que intentaba aliviar esas críticas argumentando que “el Gobierno ha aprobado más de cincuenta iniciativas y destinado a este servicio ciudadano los dos mayores presupuestos en esta materia”.

El mencionado sondeo realizado por el CIS, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia que ocupa Ramón Jáuregui, concluye que los españoles opinan mayoritariamente que la justicia española es desigual y que trata mejor a los ricos que a los pobres. Pero a la sensación de que existe un “induvio pro rico” descarado en la administración de justicia en España, le acompaña también la de que los políticos y los poderosos reciben mejor trato ante los tribunales que el resto de los ciudadanos. Concretamente, un 82,6 % de los encuestados consideran que la justicia trata mejor a unos ciudadanos que a otros; el 77,4% está “poco o nada de acuerdo” con la afirmación de que la justicia es igual para todos los ciudadanos (para el 48,6% de los encuestados, los ricos son los más beneficiados; para el 26%, los políticos; y para el 13,3%, los poderosos). En cualquier caso, una alarmante mayoría de los encuestados entiende, según esta encuesta, que no se cumple el artículo 14 de la Constitución Española, que establece que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Además,  el sondeo arroja un 48% de ciudadanos convencidos de que la justicia funciona mal o muy mal, mientras que los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenden cuando se pide a los ciudadanos que valoren la confianza que tienen depositada en ellos. Otro de los reproches de la ciudadanía que deja traslucir esa encuesta el descontento con la lentitud de la justicia y la opinión generalizada de que hay una gran falta de medios al alcance de los jueces y funcionarios de la Administración de Justicia.

Poco podía hacer ante ese estado de opinión el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aunque hubiera conocido con mayor antelación la elaboración del sondeo y sus pobres resultados, pero, según comentan airados miembros de su entorno, “sería de agradecer que alguien hubiese tenido la amabilidad de comentárselo”.

Hay quienes, en el Ejecutivo, aseguran que el incidente no es más que un fallo de coordinación, que achacan a la ausencia esta semana del vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tuvo que ser hospitalizado el pasado domingo. Otros de sus miembros, en cambio, opinan que el CIS es un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, sí, pero con la suficiente autonomía como para decidir los temas que merecen un estudio sociológico. Y los hay, por supuesto, optimistas vocacionales que, frente a la pésima visión que arroja este sondeo, argumentan que los datos no son tan malos si se comparan con la valoración que ese mismo estudio arroja del Gobierno (3,3 de un máximo de 10) o del Parlamento (que se queda en un 3,9). Finalmente, otros  echan mano de la hemeroteca, para recordar que, “con el anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, estábamos peor”, en alusión al barómetro que el propio CIS publicó en diciembre de 2008, durante su mandato, en el que los Tribunales de Justicia eran los órganos del Estado que merecían menor grado de confianza a los ciudadanos, o subrayan que, aunque no es para echar cohetes, algo se ha avanzado en los últimos años y blanden la encuesta que el CIS realizó en diciembre de 2005, cuando el socialista Juan Fernando López Aguilar, era ministro de Justicia. Entonces, recuerdan, era el 84,1% de los ciudadanos (un punto y medio más que en la actualidad) quienes afirmaban que la justicia se aplicaba de forma desigual en nuestro país. Sin embargo, ni estos ni cualquier otro dato comparado lograron consolar al ministro Caamaño y, mucho menos, mitigar el cabreo que le produjo ser casi el último en conocer la encuesta del CIS, la que demuestra que los españoles son muy críticos con la justicia española.