Jáuregui: "170.000 descendientes de exiliados ya son españoles"

No hay mejor manera de celebrar el 80 aniversario de la proclamación de la II República que la de echar la vista atrás, mirar de donde veníamos y constatar el camino de paz, reconciliación y progreso que hemos recorrido en los últimos treinta años. Esa es la respuesta del Gobierno a la petición formulada en Pleno del Congreso por Gaspar Llamazares de implantar una fiesta oficial el 14 de abril y  adoptar otras medidas de reconocimiento y homenaje a los dirigentes republicanos fusilados y muertos en el destierro.

El saludo ¡Salud y República! con el que el diputado de IU inició la defensa de su interpelación fue contestado con ¡Salud y Democracia! y ¡Salud y Progreso! por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien reconoció que la II República “fue un intento modernizador de España que no perduró”, y, a partir de ahí contestó a las demandas de Llamazares diciendo que el Gobierno no hará nada para festejar este aniversario porque “ha hecho y hace todos los días” y porque el anhelo modernizador de los republicanos ha sido verificado “entre todos”. “Problemas históricos como la separación Iglesia-Estado, la cuestión militar, territorial, educativa, de distribución de la renta y la riqueza y otros han sido abordados y resueltos”. Eso dijo.

Desde el escaño, Llamazares negaba con la cabeza lo atinente a la separación Iglesia-Estado. En su intervención el diputado había tachado de “injusto” el olvido oficial de la efemérides en un país dado a las celebraciones de centenarios y bicentenarios, había considerado “una nueva humillación a las víctimas” la imputación del único juez, Baltasar Garzón, que se atrevió a investigar las fosas de los fusilados tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y el final de la Guerra Civil, como si se lanzara el mensaje de que investigar el franquismo es peligroso y, en fin, había pedido que se aplicase el precepto de la ley de la memoria histórica que permite retirar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos y convertir la colegiata en un monumento de todos.

En su respuesta aportó Jáuregui algunos datos demostrativo de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha avanzado en la aplicación de la ley de la memoria de 2007, como es la concesión de la nacionalidad española a 170.000 descendientes de exiliados, la realización de 1.200 exhumaciones de restos, la concesión de pensión a 2.000 “niños de la guerra”, el reconocimiento de otras 13.500 pensiones a partir de la ampliación de derechos recogida en la norma, la extensión de 850 títulos de reconocimiento personal de “juicios ilegítimos”, entre ellos, a los familiares del poeta Miguel Hernández, la supresión de 700 símbolos franquistas de calles, plazas, edificios y cuarteles.

Pero todo eso, y sobre todo, la presentación del llamado “mapa de las fosas” será expuesto con mayor detalle por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso que tendrá lugar en la primera semana de mayo, según anunció Jáuregui, quien también informó de que su departamento destina unos seis millones de euros anuales a las tareas relacionadas con la memoria, la investigación de los hechos y la recuperación de restos humanos. “Las heridas se curan con la verdad”, concluyó el ministro ante un hemiciclo casi vacío.