Contra el juego sucio

Llevamos varios días escuchando declaraciones de dirigentes del PP y de sus acólitos mediáticos pregonando que, tras la excarcelación del etarraTroitiño seis años antes de que cumpliera los 30 preceptivos por sus 22 asesinatos, hay motivos para creer que el Gobierno está negociando con ETA, en secreto, la participación de su brazo político en las elecciones del 22 de mayo. Ni las detenciones de altos dirigentes de la banda, ni el hallazgo de casi 1.000 kilos de explosivos, ni la decisión del Gobierno de autorizar a la abogacía del Estado a escudriñar las listas de la coalición Bildu para ilegalizarlas si detectan la presencia de candidatos vinculados a Batasuna ha conseguido acallar el bombardeo propagandístico.

Las elecciones autonómicas, forales y municipales han vuelto a permitir el uso del juego sucio con tal de llevarse votos a la faltriquera. Culpar a José Luís Rodríguez Zapatero de indeciso, mentiroso, no merecedor de ninguna confianza y, en consecuencia, de estar dispuesto a tragárselo todo por apuntarse el tanto del fin pactado de ETA, renta lo suyo al PP. Y si se hace con la política chicle de primero tirar la piedra y luego vendar la pitera para que sangre sólo lo justo,  mejor que mejor. El Gobierno negocia, pero no está claro que negocie. Está detrás de las excarcelaciones de etarras aunque sean decisiones de los jueces. Lo importante, para sacar votos de la gente con buena voluntad pero no bien informada y quemarle las pestañas al más que posible candidato del PSOE en las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, es que el río ande revuelto mientras el faisán acaba de hacerse en el horno.

Lo irónico es que el “todo vale” sirve incluso para cuestionar los propios logros del PP, a medias con el PSOE, en los avances legales que se aprobaron hace tres meses en el Congreso para impedir materialmente, por activa y por pasiva, que se cuelen los candidatos de Batasuna en las listas de cualquier tipo de las elecciones del 22-M. He hablado de ello con los promotores de las reformas legales que se publicaron el 29 de enero pasado en el BOE tras aprobarse por las Cortes con urgencia.

El socialista Txiki Benegas y el conservador José Antonio Bermúdez de Castro me dejaron muy claro que el filtro que establece la modificación de la Ley Orgánica Electoral, que incluye un artículo de la ley también orgánica de Partidos Políticos, previó todo lo que está pasando. Si salía Sortu, a por Sortu, si salía Bildu se podía ir a por la coalición o a por las candidaturas, una por una, y si aun así se cuelan candidatos en listas el Estado puede anular su nombramiento aplicando la polémica filosofía de la “incompatibilidad sobrevenida”.

Por no acudir al complejo articulado, basta leer el preámbulo de la modificación para entender la dimensión del acuerdo:

“Hoy , casi nueve años después, a la vista de la experiencia acumulada, desde la convicción moral y política de que la democracia puede, con los resortes del Estado de Derecho, dotarse de instrumentos jurídicos para su defensa, y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se considera conveniente reformar determinados preceptos de la ley electoral para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional”.

En primer lugar, se amplían a los partidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que de hecho sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y la legitimación del Gobierno y del Ministerio Fiscal en el recurso contencioso-electoral para impugnar candidaturas actualmente previstas en la Ley. En segundo lugar, se posibilita la impugnación de candidaturas durante la campaña electoral, ampliando el plazo de presentación del recurso (hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria de las elecciones) y para que el Tribunal Constitucional resuelva los eventuales recursos en el último día de la campaña electoral.

También se prevé la posibilidad de que, desde la votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal soliciten, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la LOPJ, la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones integradas por partidos contra los que vayan a promover un procedimiento de ilegalización en los quince días siguientes.

Finalmente, se introduce la polémica causa de incompatibilidad sobrevenida, que concurrirá en los representantes electos de candidaturas presentadas por partidos, o por federaciones o coaliciones de partidos declarados posteriormente ilegales por sentencia judicial firme, salvo que voluntariamente y de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron a las elecciones. Tan el PNV como ERC-IU votaron en contra de la modificación de la ley, expresamente por considerar inconstitucional la incompatibilidad sobrevenida. Y CiU se abstuvo por esa razón.

Con todo, de lo que no cabe duda es de que el Gobierno y el Estado, gracias a ese acuerdo que parece olvidar el PP (no Bermúdez de Castro, desde luego, quien se lamenta: “¡Con lo que me costó arrancarle algunas medidas a Rubalcaba!”)  tienen un instrumento contundente para evitar la presencia de la izquierda abertzale en las listas, un asunto, por otra parte, francamente discutible. Si, además, algunos periodistas hemos oído personalmente a Mariano Rajoy, Federico Trillo, Alberto Ruiz-Gallardón y Antonio Basagoiti, entre otros dirigentes del PP, decir que no hay negociaciones con ETA, ¿a qué las insidias, las intoxicaciones y los pregones de la mala voluntad gubernamental si no es por razones del interés electoral? Los populares deberían estar tranquilos. Y no sólo por lo que tienen pactado con el Gobierno, sino porque el PSOE, también por razones electorales, sabe perfectamente que no puede permitirse el lujo de darle la menor excusa al PP para que le acuse de tener contemplaciones con ETA.