Rosa Díez exige el veto a los candidatos contaminados por corrupción

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Rosa Díez, durante un acto de su partido, celebrado ayer, en Burgos. / Santi Otero (Efe)

Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabilizó el año pasado 750 investigaciones con más de mil individuos implicados en casos de corrupción e incautó dinero y bienes por valor de 3.000 millones de euros. La mayoría de los presuntos corruptos eran cargos públicos y una gran parte de ellos ostentaban y ostentan puestos en alcaldías y concejalías.

Con estos datos encabeza la diputada Rosa Díez la proposición de Ley Orgánica que ha presentado junto con la portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, “sobre principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia de la gestión pública”. La iniciativa no ha encontrado mucho eco. Cuando se debata en el pleno del Congreso ya se habrán celebrado las elecciones del 22-M. Los viejos problemas serán conducidos a los mismos callejones sin salida. Y los abusos, engaños, beneficios ilegítimos, clientelismo, opacidad, transfuguismo, testaferrismo…, seguirán su curso.

España ocupó en 2010 el décimo quinto puesto en el ranking de percepción de la corrupción de los 27 países de la Unión Europea que elabora el organismo Transparencia Internacional. Casi todos los ayuntamientos y todas las autonomías poseen unas estupendas web en Internet. Pero ni una de cada cien es utiliza para informar con detalle de los acuerdos de contratación de obras, bienes y servicios. La opacidad envuelve las múltiples formas de corrupción objetiva y subjetiva.

La diputada de UPyD incluye una frase del preámbulo de la Convención de la ONU contra la corrupción –España la suscribió en 2006-- que define el fenómeno como “una plaga insidiosa de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socava la democracia, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida”. Y articula un conjunto de modificaciones legales o barreras que van de la transparencia a la fiscalización, pasando por la prohibición de otorgar contratos directos por más de 50.000 euros anuales a ninguna empresa, individuo o sociedad.

El precepto más relevante otorga el mismo trato a los contaminados por terrorismo que a los infectados por corrupción. Son inelegibles --dice su propuesta de nuevo apartado del artículo 6 de la Ley Electoral-- “los imputados por delitos de terrorismo o por delitos contra la Administración Pública cuando en la causa judicial seguida para la persecución de los mismos se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquellos y esta haya alcanzado firmeza”.

La repugnancia por la presencia de más de un centenar de imputados por corrupción en las listas de los grandes partidos para las elecciones del 22-M debería ser similar, según Díez, a la que los ciudadanos sienten por los “independientes” de ETA-Batasuna en las candidaturas de Bildu y otras.

Sin embargo, ni en el PP de Mariano Rajoy --donde Esperanza Aguirre ha querido pasar factura al valenciano Francisco Camps presumiendo de que no lleva imputados del Gürtel--, ni en el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco, se admite que los jueces condicionen las listas, no vaya a ser –como ha dicho el extremeño Fernández Vara citando una vez más al ex presidente de Castilla y León Demetrio Madrid-- que los imputados resulten inocentes y se cometa una injusticia. Y, por supuesto, del pacto antitransfugismo ni se habla.

Cuando el regeneracionista oscense Lucas Mallada escribió que “el pandillaje político influye extraordinariamente en la inmoralidad, mantenida en gran parte, sea o no inconscientemente, por personajes respetables de todos los partidos”, no sospechaba –ni deseaba-- que sus palabras tuvieran vigencia 130 años después. Pero su librito La inmoralidad pública, que acaban de publicar los granadinos de Algón Editores, demuestra la actualidad de ese mal de la patria que las oligarquías partitocráticas no están dispuestas a erradicar.


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12 Comments
  1. @juanmacapa says

    Como ciudadano me parece inaceptable que haya imputados en las listas. Yo no quiero estar representado por alguien a quien un juez ha considerado sospechoso de un delito con fundamento.

  2. @luiserbar says

    Es indignante que nos gobiernen gentes que no son de fiar. Los ladrones a la carcel, no a las instituciones!!

  3. Luis says

    PP y PSOE se han dado su propia (in)justicia, no tienen ética ninguna, no predican con el ejemplo, ya es hora de que se vayan

  4. Ramón says

    De acuerdo con Rosa Díez. No les votéis, botarlos.

  5. juan says

    Listas abieeeertaaaasssss. Cuantas veces habrá que decirlo hasta que sea una realidad…

  6. Zaratustra says

    La corrupción es un crimen contra el pueblo y el asesinato de los representantes dignos y honrados, que son la mayoría. Limpien los establos, por favor, u otros vendrán para limpiarles a ustedes sin piedad ni distinción.

  7. j20lech says

    que se aprueven iniciativas como esta .
    adelante

  8. manolo12 says

    Por una vez estoy de acuerdo con la cuasi-fascista

  9. @tonho_27 says

    100% de acuerdo, quien sea mínimamente sospechoso debe estar fuera de la actividad política. ¡Hay que barrerlos de las listas!

  10. Esther says

    Totalmente de acuerdo con esta medida, en las próximas elecciones mi voto será para UPyD.

  11. lonely_ says

    Una cosa que me encanta de Rosa Díez es que los progres la llamen facha y fascista y los fachas la llamen abortista y despectivamente socialista, significa que está fuera de toda secta, que abundan muuuuuuuucho en España… Ojalá hubiera menos sectarios y más independientes como UPyD

  12. Makendra says

    Alakazaam—informtaion found, problem solved, thanks!

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