El Gobierno multa a 130 empresas por maltrato laboral a las mujeres

Valeriano Gómez y Cándido Méndez, en un acto celebrado en Madrid el pasado día 3. / Fernando Alvarado (Efe)

Los 892 inspectores de trabajo y seguridad social impusieron 130 multas el año pasado a otras tantas empresas por violación flagrante de los derechos de las mujeres recogidos en la ley de igualdad. Los inspectores programaron unas cuatro mil visitas para vigilar, entre otras cosas, el cumplimiento de los preceptos de no discriminación establecidos en la ley de igualdad. En la práctica realizaron dos mil inspecciones más de las previstas. A partir de junio, esta materia pasará sin embaro a segundo plano porque tienen orden de combatir el empleo sumergido en primer lugar.

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Según explica el ministro de Trabajo Valeriano Gómez a la diputada del PP Susana Camarero, la inspección ha realizado más de 6.000 actuaciones, ha cursado 1.636 requerimientos y ha impuesto durante el último año a las empresas 130 sanciones por valor de 1.551.451 euros. Las situaciones de discriminación por razón de sexo que han descubierto y sancionado se refieren al incumplimiento de las obligaciones empresariales de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y a la protección de la salud y la seguridad de las mujeres por razones de maternidad, embarazo y lactancia.

Para que nos podamos hacer una idea de como estamos en la materia, los datos aportados por el Gobierno especifican que sólo se ha detectado una infracción por cada 15.783 trabajadores. Además ilustran a la interpelante del PP sobre la implantación de un servicio de asesoría a las empresas que en 2010 permitió instruir “de forma personalizada” a los responsables de 21 Pymes con menos de 250 trabajadores, una cifra bien elocuente del alto interés por el asunto. Eso sí, el Gobierno concedió subvenciones a 104 empresas para que avancen en materia de igualdad y la secretaría de Estado de Igualdad anunció el 24 de enero pasado el nuevo plan de engrase económico a las empresas que apliquen planes de igualdad.

Si no fuera porque los abusos y la discriminación salarial de las mujeres son una evidencia estadística creciente en un país machacado por el paro, en el que importa mucho más conservar el empleo que denunciar los vejámenes, los datos que aporta el ministro Gómez indicarían que el palo de la inspección y la zanahoria de las subvenciones de la secretaria de igualdad, Bibiana Aído, están dando resultado. Sin embargo, como refleja el estudio de la Secretaría de la Mujer de la UGT, recogido por cuartopoder.es, los preceptos de la ley siguen hoy por hoy en la puerta de las empresas, sin poder entrar.