Los parlamentarios toman nota

El presidente del Congreso, José Bono, consulta unos documentos el pasado martes antes del inicio de la Junta de Portavoces en la Cámara Baja. / Zipi (Efe)

Parece que los diputados y senadores toman nota, por fin, del clamor del movimiento del 15-M y de la reclamación de austeridad y transparencia de los millones de españoles que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), consideran que los políticos son el tercer problema de España. El martes pasado, la totalidad de los Grupos Parlamentarios firmaron una proposición de ley que modificará la Ley Electoral para introducir en su texto una simple pero determinante frase: “El contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público”, lo que permitirá que se aplique la lectura urgente (coloquialmente denominada “express”) de la iniciativa y que se apruebe a toda velocidad, abriendo la puerta a los primeros recortes de privilegios que los parlamentarios van a aplicarse a sí mismos.

Esa frase suponía el único escollo legal a la puesta en marcha de la propuesta sobre incompatibilidades, transparencia y pensiones parlamentarias que han presentado el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, al conjunto de los partidos parlamentarios. La iniciativa de eliminar el escollo constitucional se discutirá en la Junta de Portavoces del martes que viene y, aunque formalmente la decisión no se ha adoptado aun, me dicen los protagonistas que se debatirá y aprobara en el pleno del Congreso de la semana siguiente, antes de que acabe junio, y que se remitirá al Senado la primera semana de julio, de manera que los recortes se apliquen con el inicio del verano.

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Lo que se va a aplicar desde mediados de julio es la síntesis que hicieron Bono y Rojo de las propuestas que les remitieron los propios grupos parlamentarios, muchas de las cuales han quedado en la cuneta. Por ejemplo, la reclamada por el PSOE de que, además de que se publiquen las actividades, rentas y bienes de los diputados y senadores, se den a conocer las de sus familiares.

Ahí, Bono, coincidiendo con el PP, ha corregido al PSOE aunque la reclamación sea de cajón de madera de pino teniendo en cuenta que los enriquecimientos personales suelen compartirse con la familia. Pero no porque le afecte, porque él ya a superado el sarampión de ponerlo todo sobre la mesa, hasta el patrimonio de su ex mujer y sus hijos. Lo ha hecho por materializar un cambio de Reglamento imposible de sacar adelante sin consenso. Para pasar a la pequeña historia de las Cortes.

Al PP no le gustaba nada esa propuesta del PSOE y exigió que se retirase para que aceptar los cambios. Una modificación que excluye a las familias pero obligará a todos los patrimonios personales de diputados y senadores a salir a la luz. En eso, todo hay que decirlo, el partido de Mariano Rajoy cedió su posición de que la publicidad de renta y patrimonio solo se equiparase a la del Gobierno, cuyos miembros ya los declararan pero dando simplemente una cifra global de su patrimonio, sin detalles. Ahora, desde septiembre, se harán públicas incluso en la “web” de las Cortes.

Muy importante, aunque pendiente de concretar es la recomendación adicional que Bono y Rojo hacen a todos los partidos de que los deberes de publicidad que se imponen a los parlamentarios “deberían extenderse a la totalidad de los cargos públicos de España, electivos o designados, cualquier que sea la Administración Pública a la que pertenezcan, incluyendo los entes públicos, organismos autónomos y empresas públicas del Estado, las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, incluyendo al personal eventual o de confianza designado por los anteriores”. El reto queda ahí y habrá que ver cómo los partidos obligan a que lo cumplan quienes todavía no están obligados por ley, desde los pudientes eurodiputados a los humildes concejales.

La propuesta acaba con otro privilegio cuya eliminación ha sido ampliamente reclamada: el de las pensiones parlamentarias. Se retiran el complemento de pensión y la indemnización mensual por cese será incompatible con cualquier trabajo remunerado mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o de cualquier otra manera del parlamentario cesante, incluyendo en cobro de pensión.

Por otro lado, se suprime el mantenimiento en alta en la Seguridad Social de los ex parlamentarios hasta que completen el período de cotización necesario para causar derecho a pensión de jubilación y se eliminan las percepciones a favor del cónyuge o hijos menores de 25 años por fallecimiento del parlamentario.

El tercer recorte se refiere a las incompatibilidades. La propuesta reclama que se siente una nueva doctrina “para hacer efectivo” el principio legal de dedicación absoluta de manera que se tasen las excepciones y no que se den justificaciones genéricas para los casos particulares. Sin embargo, ese es un tema mayor que queda absolutamente abierto porque son numerosos los diputados y senadores que trabajan en sus despachos de abogados o colaboran con empresas a las que están vinculados porque la Comisión del Estatuto que decide sobre las incompatibilidades los trata con auténtica manga ancha. En esto, me temo que habrá que esperar para catar los frutos.

De lo que no se dice nada en la reforma es de modificar la Constitución para que los parlamentarios no tengan, como ahora, sin contar la Semana Santa, más de tres meses de vacaciones (julio y agosto en verano y enero tras las Navidades). Ni de que se reduzcan los coches oficiales o se eliminen las dietas de desplazamiento (250 euros mensuales para taxis). Ni de las dietas que se adjuntan al sueldo (1823 euros a los diputados “de provincias” y 870 a los de Madrid. Ni de la retención de impuestos (sólo el 4,5% en las nóminas de diputados y senadores).

Pero, en fin, cada cosa a su tiempo y los nabos en Adviento.