Del Urogallo al Faisán, la historia que amargará la campaña a Rubalcaba

Alfredo Pérez Rubalcaba, en su nuevo despacho de la sede socialista, ayer miércoles. / Ángel Díaz (Efe)

La evolución judicial del “caso Faisán” –que no era más que la “operación Urogallo” contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA– amenaza con amargar la prometedora campaña al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuatro días después de su proclamación, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz Gutiérrez, ha procesado a tres de sus relevantes colaboradores en la cúpula policial: el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y los policías Enrique Pamiés Medina y José María Ballesteros Pastor por presunta colaboración con ETA durante la tregua de 2006.

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Todo comenzó hace cinco años y tres meses. Cuando el 11 de abril de 2006 Rubalcaba asumió las riendas del Ministerio del Interior en sustitución de José Antonio Alonso –el único ministro de la democracia que disfrutó de un mandato sin ningún atentado mortal–, hacía menos de un mes que ETA había anunciado su alto el fuego. Previamente el dirigente socialista vasco Jesús Eriguren y el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, habían mantenido varias conversaciones en Ginebra. Rubalcaba anunció un periodo de “verificación” de la voluntad de paz de los terroristas que incluía el cese de la extorsión.

En ese momento había una investigación policial en marcha sobre el aparato de extorsión de ETA que recibía el nombre de “operación Urogallo” y estaba supervisada por la jueza francesa Laurence Levert y por su homólogo de la Audiencia Nacional  Fernando Grande-Marlaska. La investigación fue iniciada por Baltasar Garzón a partir de los indicios de que el bar Faisán de Irún era el punto de contacto para el envío de cartas de extorsión. Poco después, Garzón se cogió un año sabático, se fue a Estados Unidos, y Grande-Marlaska quedó al frente de la investigación.

Tres semanas después de que Rubalcaba tomara posesión de Interior y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero comenzara a pergeñar su petición de permiso al Congreso para explorar las vías de paz –algo que no había hecho su antecesor José María Aznar en la tregua anterior, cuando envió a tres emisarios a negociar y acercó presos etarras a casa–, los agentes de la “operación Urogallo” descubrieron mediante las escuchas practicadas al miembro del PNV Gorka Aguirre Arizmendi y al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, que Aguirre iba a realizar una importante entrega de dinero al propio Elosúa y al etarra Sagarzazu al días siguiente.  Era el 3 de mayo de 2006.

El responsable del dispositivo policial, el inspector Carlos Germán Fernández –ahora destinado como comisario en Chirivella (Valencia)–, transmitió la información a su jefe, el comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas Sánchez –ahora responsable del Instituto de Estudios de la Policía–, y éste al Comisario General de Información, Telesforo Rubio Muñoz –ahora destinado en la embajada de Moscú–, quien ordenó que se informara inmediatamente al juez Grande-Marlaska.

Imagen de archivo del jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamiés (izda.), y el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, procesados por el 'caso Faisán'. / Mondelo y Ballesteros (Efe)

Lógicamente, Rubio informó a su superior, el director general de la Policía, García Hidalgo. Sobre las diez de la noche, García Hidalgo llamó al jefe superior de policía en el País Vasco, Pamiés, con el que mantuvo una larga conversación. Pasadas las doce de la noche, Pamiés se comunicó con el inspector de policía de Vitoria, Ballesteros. Los tres han sido ahora procesados por presunta colaboración con ETA, pues según el juez instructor hay indicios de que esas llamadas sirvieron para preparar el chivatazo a Elosúa e impidieron la detención de los etarras.

El juez Grande-Marlaka puso en marcha la operación, y a primera hora del 4 de mayo de 2006, los agentes que debían desarticular el aparato de extorsión de ETA ya estaban estratégicamente distribuidos en las cercanías del bar Faisán. Sobre las 11 llegó Elosúa. Los policías tenían la ficha de un tal José Antonio Cau, el miembro de ETA que debía recoger la entrega de dinero. Pero éste no llegó. Tampoco apareció Aguirre. Vieron a Elosúa salir del bar y realizar una llamada desde una cabina telefónica. Aquello les sorprendió porque en el Faisán tenía un teléfono y además estaba intervenido. Algunos minutos más tarde, Elosúa subió en su coche con un familiar llamado Carmelo Luquin y puso rumbo hacia la frontera francesa.

¿Qué había ocurrido? Según la investigación, un hombre corpulento que había entrado en el bar resultó ser el inspector de Vitoria, Ballesteros. Este hombre cumplía la misión que le había encomendado de su superior, Pamiés, de entregar un teléfono móvil a Elosúa. Fue a buscarle a su casa, pero no lo encontró y se dirigió al bar, donde Elosúa recibió la llamada del chivatazo. Su interlocutor le advirtió que no avisara a los etarras desde el teléfono de su establecimiento, pues lo tenía intervenido. Por esa razón salió a llamar desde la cabina. También le pidió que no comentara el aviso con nadie para no estropear el proceso de paz, ya que “hay gente que quiere que se rompa”, y le recomendó salir pitando porque iba a ser detenido.

Los policías de la “operación Urogallo” filmaron a Ballesteros cuando salía del bar, y puesto que habían colocado un “loro” en el coche de Elosúa, acabaron conociendo lo sucedido, es decir, el chivatazo: Elosúa se lo contó a su familiar Luquín mientras huía. Tres días después, los responsables del operativo aportaron la grabación al juez Grande-Marlaska. Era la primera prueba del chivatazo. Vale añadir que unas semanas después, los integrantes del aparato de extorsión de ETA fueron detenidos.

Comenzó entonces una investigación judicial que se prolongó durante tres años bajo la dirección de los jueces Marlaska y Garzón, que regresó de Estados Unidos y se reincorporó a su juzgado. Se revisaron las llamadas de Pamiés, García Hidalgo y de otros agentes relacionados con el caso. Sus teléfonos estuvieron intervenidos. Se practicaron 47 interrogatorios, varias ruedas de reconocimiento, controles telefónicos, revisión de llamadas a ambos lados de la frontera y otras pesquisas. Al final, el fiscal Carlos Bautista pidió el archivo provisional de la causa porque las diligencias no corroboraban la hipótesis del soplo. Y el fiscal jefe, Javier Zaragoza, confirmó la carencia de “aval probatorio” para sustentar la acusación.

Garzón dio carpetazo al asunto. Pero la jueza Levert siguió con sus pesquisas en Francia. La suspensión de Garzón como juez, llevó a su sustituto Ruz a reactivar la investigación a partir de algunos datos aportados por Levert. Si la isla de los Faisanes, en la desembocadura del Bidasoa, es el condominio más pequeño del mundo –seis meses pertenece al Estado español y seis meses al francés–, el caso del establecimiento del mismo nombre también se puede considerar un condominio judicial en el que el magistrado Ruz ha conseguido encontrar una docena de indicios de un delito de “revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público”, castigado con una pena máxima de tres años de cárcel por el 417 del Código Penal, y de “colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista”, penado con entre 5 y 10 años de prisión por el 576 del Código Penal.

Para el ex portavoz del PP en la Comisión de Interior y miembro de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, la implicación de los máximos responsables del Ministerio del Interior en la filtración estuvo clara desde que conoció la información y la convirtió en su principal caballo de batalla contra Rubalcaba cuando éste ascendió a vicepresidente primero. Como en los crímenes del GAL durante los años ochenta del siglo pasado, también ahora la oposición confía que algún procesado tire de la manta e identifique la X política del “caso Faisán”. Nadie en el PP cree que el director de la Policía –pese a ser un político– y los dos mandos policiales procesados actuaran por su cuenta. Tampoco es creíble el esfuerzo en destruir o tergiversar algunas pruebas sin una consigna superior.

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No importa si Rubalcaba y su ex secretario de Estado y actual ministro, Antonio Camacho, figuran en la investigación judicial; lo importante es que puedan figurar y, como ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, que Rubalcaba quede “inhabilitado e incapacitado para cualquier cargo público, también para pedir la confianza de los españoles” como candidato a la presidencia del Gobierno.