Chapuza jurídica del Gobierno para 'legalizar' el nombramiento del presidente del Consejo de Estado

Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. / senado.es

Como en el anuncio de ING, en el PSOE están desaprendiendo a ser Gobierno y aprendiendo a ser oposición, uno de cuyos cometidos, sino el principal, consiste en no soltar la presa cuando se la tiene pillada de la pantorrilla, trance en el que se encuentra el Ejecutivo tras haber nombrado ilegalmente a los nuevos presidentes del Consejo de Estado y de la agencia Efe, tal y como denunció Cuarto Poder el pasado 25 de marzo.

El pecado del Gobierno consiste en haberse saltado a la torera un ley, la 5/2006 de 10 abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, en la que se establece como requisito previo a la designación de diversos puestos, entre ellos los dos mencionados, su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que la comisión correspondiente pueda emitir un dictamen no vinculante pero preceptivo sobre su idoneidad. Y su penitencia, como quien dice, acaba de empezar.

A resultas de la revelación de este diario de la que los socialistas se hicieron eco, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se apresuró a precisar que si el nombramiento de Romay Beccaría había esquivado el trámite parlamentario era por una supuesta contradicción entre dicha ley –ordinaria- y la que, con carácter orgánico, dispone el funcionamiento del Consejo de Estado, contradicción inexistente ya que ambas regulan aspectos distintos de la actuación del Gobierno. El argumento caía por su peso en el caso del presidente de Efe, ya que no existe ley orgánica a la que poder recurrir para justificar el incumplimiento de la legislación sobre conflicto de intereses.

Consciente en cualquier caso de su  colosal metedura de pata y animado por el sostenella y enmendalla pero sin que se note demasiado, el Gobierno ha remitido al Congreso una especie de fe de errores en forma de Real Decreto (602/2012) fechado el pasado viernes 30 de marzo, en el que se comunica al Congreso el nombramiento de Romay Beccaría, así como otro oficio en el que se traslada asimismo a la Cámara la designación como presidente de la agencia Efe de José Antonio Vera, a fin de que ambos comparezcan en las Cortes y aprueben su examen de idoneidad.

Con este último Real Decreto se consuma una chapuza jurídica ya que se pretende que el nombramiento de Romay, aprobado el 23 de marzo en Consejo de Ministros, surta efectos “al día siguiente de la emisión del dictamen previsto en el artículo 2 de la Ley 5/2006”. O lo que es lo mismo, se intenta suspender de facto el decreto del nombramiento con otro decreto posterior, con lo que se reconoce implícitamente que se transgredió la ley. En el caso del presidente de Efe, se pretende salvar los muebles precisando que sólo después del dictamen parlamentario se procederá a la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, dando a entender que sólo surtirá efectos en ese momento cuando la realidad es que Vera ejerce plenamente sus funciones desde el pasado día 2 de marzo.

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En vista del desaguisado, los socialistas se han dirigido por segunda vez al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que exija al Gobierno que respete las atribuciones de la Cámara y proceda adecuadamente. ¿Cómo? Revocando el decreto de 23 de marzo para desposeer a Romay Beccaría de la presidencia del Consejo de Estado e iniciando el trámite de acuerdo a lo establecido en la ley, y actuando de idéntica manera en el caso del presidente de Efe, cuya designación correspondió al consejo de administración de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Como se mencionaba aquí, podría darse la paradoja de que ante la impugnación de los nombramientos por parte del PSOE tuviera que ser el propio Consejo de Estado el que se pronunciara, con uno de los impugnados sentado en su presidencia. Esa pantorrilla va a pasarlo mal.