El PSOE denuncia la devaluación de las políticas de igualdad que lleva a cabo Rajoy

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Algerto Ruiz-Gallardón durante su intervención en el Senado para defender la modificación de la legislación sobre la interrupción del embarazo. / Efe

Pasados de sobra los cien días de gracia que se conceden por cortesía a los nuevos gobiernos, la Ejecutiva Federal del PSOE ha elaborado un documento que titula “PP=Recortes en igualdad” en el que denuncia los “incumplimientos y errores” del Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, “manifiestan una total falta de sintonía con todo lo que signifique igualdad”. Los socialistas destacan que desde que tomó posesión como presidente el 21 de diciembre pasado, en estos apenas cuatro meses de gobierno las políticas de igualdad han perdido visibilidad, además de devaluarse, y ponen varios ejemplos de ello.

En primer lugar, destacan la desaparición de la Secretaría de Estado de Igualdad, que ha quedado integrada en la nueva Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, En segundo, que el Instituto de la Mujer deja de ser autónomo, por primera vez desde su creación, al quedar absorbido en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, cuya titular asume también la dirección del Instituto.

Otro ejemplo es el incumplimiento de la Ley de Paridad, empezando por la propia composición del Gobierno, en el que solo cuatro de las trece carteras están en manos de mujeres. Y añaden que los populares se han equivocado al calificar el machismo criminal como “violencia en el entorno familiar”, como lo definió Ana Mato cuando se refirió al asesinato de una mujer a manos de su pareja en Almería el pasado 27 de diciembre. “La flamante ministra mostraba de este modo el retroceso en la lucha contra la violencia de género”, indican.

También señalan que el PP ha dejado en suspenso la decisión del Gobierno socialista de permitir que la píldora del día después (anticoncepción hormonal de urgencia) pudiera adquirirse sin receta médica en las farmacias españolas. Una iniciativa que equiparó a España con la mayoría de los países de su entorno, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Holanda,

Bélgica, Grecia, Portugal, Suecia y Suiza, entre otros, porque la anticoncepción hormonal de urgencia es de libre dispensación en 15 países europeos, y gracias a la cual se facilitó el acceso a la píldora sin necesidad de prescripción médica a todas las mujeres que la necesitaban, independientemente de su lugar de residencia y en el plazo necesario para garantizar su eficacia (hasta 72 horas después de una relación sexual). La ministra, denuncian, anunció que ha encargado un informe sobre la “seguridad médica” de este medicamento y su intención de volver a dispensarlo con receta.

Pero lo que más preocupa al PSOE es que el Gobierno de Rajoy “haya laminado los esfuerzos realizados por los gobiernos socialistas para incorporar a las mujeres al mundo laboral en condiciones de igualdad establecidas a través de la Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres “con una reforma laboral lesiva para todos los trabajadores, pero que afecta especialmente a las trabajadoras”.

Porque, señalan, la nueva reforma laboral establece una serie de modificaciones que  afectan frontalmente a las mujeres al incidir en tipos de contratos y en derechos que, aunque en teoría pueden disfrutar igualmente hombres y mujeres, en la práctica son absorbidos mayoritariamente por mujeres.

Además, la reforma desvirtúa la naturaleza de los contratos a tiempo parcial, porque el 76% de los casi 2,5 millones que existen actualmente en España son de mujeres y ese tipo de contratos se verá especialmente afectado al permitir a los empresarios que impongan a los trabajadores y trabajadoras la realización de horas extra con el único límite de la jornada a tiempo completo en la empresa o jornada máxima legal. “Con ello, la norma podría dejar de existir en la práctica”, precisa el documento.

También se modifican la reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor de ocho años o familiar y el permiso de lactancia (a través de convenio colectivo se podrán establecer criterios de concreción horaria del disfrute del permiso de lactancia por necesidades de la empresa, lo que implica que podría impedirse que el permiso de lactancia se coja de forma acumulada sumando 15 días más a la baja de maternidad).

Si a todo eso se añade la eliminación de las bonificaciones a la cuota empresarial en las excedencias por cuidado de hijos, que se deroga el artículo 4.2 de la Ley 43/2006, que establecía bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social (de 1.200 euros al año durante 4 años) cuando se reincorporen al trabajo en los dos años siguientes a la fecha de inicio del permiso de maternidad, el documento señala que “resulta bastante obsceno que la ministra anunciara en su comparecencia del 1 de febrero en el Congreso que va a impulsar “la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del diálogo social” y que va a adoptar “un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de mujeres y hombres”.

También se recuerda que uno de los anuncios que mayor repercusión ha tenido ha sido la intención del Gobierno de reformar la Ley Orgánica, de 3 de marzo de 2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Sorprende dice el texto-, no tanto por la confirmación de que el Gobierno iba a modificar la reforma, que ya figuraba en el programa de su partido, sino por las motivaciones del ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, en la sesión de control del 7 de marzo, en respuesta a una pregunta de la diputada Ángeles Álvarez: “Muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que  generan a su alrededor determinadas estructuras, que supuestos embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o de esas situaciones problemáticas y el legislador, señoría, no debe ser indiferente ante estas situaciones. En muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”.

“Nada nuevo” en Gallardón, dice el PSOE, ya que el 6 de marzo había respondido de similar manera en una interpelación en el Senado: “Una concepción abierta, ambiciosa y progresista para que de una vez por todas en España se reconozca el derecho a la maternidad, y a todas aquellas mujeres que hoy están injusta e insolidariamente expulsadas por unas estructuras sociales que ante el drama de un embarazo no deseado no se preocupan de su situación laboral, de su condición de inmigrante, de su condición de menores de edad y solamente les dicen que ahí tienen la alternativa de poder abortar; este Gobierno les va a dar una alternativa positiva de protección social, de protección económica para poder realizar ese derecho a la maternidad”.

Aunque no se conocen los extremos, el documento indica que Ruiz Gallardón deja entrever que el retroceso va a ser notable. Se va a volver, señala, a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica.

La posibilidad de retirar la IVE no terapéutica del sistema sanitario de sanidad pública, esbozada por la secretaria general de Sanidad el 3 de mayo, representaría, dice el PSOE, dejar fuera de la legalidad la inmensa mayoría de los abortos. En la actualidad la mujer no necesita justificar su decisión ni permiso médico para interrumpir su embarazo antes de la semana 14 de gestación, de modo que, dicen los socialistas, “esta decisión no supondrá ningún ahorro a la cartera de servicios públicos y sí representará un nuevo ataque contra los derechos de las mujeres”.

2 Comments
  1. Zaratustra says

    Todo eso es muy violento, por eso para combatir la violencia de género y socorrer a la víctimas sólo dedican 1,4 millones de euros.

  2. Carlos Aurelio says

    Algunos de los dogmas/tabúes más importantes de la izquierda
    Henry Louis Mencken, conocido como el “Sabio de Baltimore”, considerado uno de los escritores más influyentes de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, periodista, crítico social y librepensador norteamericano, decía que “un demagogo es alguien que le cuenta cosas falsas a gente que considera idiotas,… engatusa al personal con actitudes cautivadoras como besar a niños, se da baños de multitudes, visita hasta el último lugar del mapa para abrazar a indigentes y desconocidos, y sobre todo prometer maravillas…” (Pensamiento Alicia lo llama el profesor Gustavo Bueno).
    De todo ello participa la estrategia propagandista de los grupos políticos que se hacen llamar “progresistas”. Todos ellos abusan hasta el hartazgo de palabrería y retórica vacías; frases y palabras “talismán” lo llaman los lingüistas, palabras talismán, porque a lo largo de la Historia se han ido cargado de prestigio, de un prestigio tal que nadie suele atreverse a ponerlas en tela de juicio.
    Una de las más importantes, si no la que más, de las palabras talismán es el vocablo LIBERTAD, prestigia automáticamente todas las que se le parecen, o están relacionadas con ella, como INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA, CAMBIO, IGUALDAD, EQUIDAD, PROGRESO, TALANTE, DIÁLOGO, CONSENSO… porque parece que están unidas a LIBERTAD… Todas ellas se utilizan con intención de manipular, para influir sobre quienes las leen o escuchan, y se utilizan con una ambigüedad calculada… obviamente, la intención es la de confundir, “convencer” y tener realmente un efecto anestésico en los ciudadanos; o como poco sembrar la resignación, la aceptación de la mediocridad imperante como algo soportable. en ello es especialmente hábil, experta, la izquierda. En este sentido, salvo raras excepciones, los dirigentes y militantes del Partido Popular son unas almas cándidas e inocentes, vamos, unas monjitas de la caridad, si los comparamos con el poder de comunicación más formidable de nuestros días, el poder de la izquierda.
    Los vocablos talismán enceguecen, emboban, las palabras talismán tienen la capacidad de teñir a las palabras que las circundan con su aura de claridad, con su “rico perfume”… pero sobre todo inhiben toda clase de revisión crítica.Otra expresión considerable como “talismán” es la palabra “igualdad”, todo progre que se precie, que tenga intención de hacer carrera política está obligado adornar su discurso con la susodicha palabra; parece como que sus asesores de imagen les inculcaran que si no la usan, hasta aburrir, corren el riesgo de suicidarse política y socialmente.
    ¿Y qué pretenden decir exactamente con la palabra “igualdad” si “la igualdad” no existe? La igualdad, valga la redundancia, es una cosa infrecuente en el Mundo en el que vivimos en todos los niveles o escalas, desde el atómico, o subatómico, al animal, pasando por el celular… El uso de la palabreja, reiterada de manera machacona en realidad lo que pretende es camuflar el afán uniformador y totalitario de quienes creen en la supremacía del Estado sobre el individuo, de quienes pretenden reducir a la persona a simple miembro de una colectividad,… hablo del profundísimo cinismo de quienes poseen un ferviente deseo, un vehemente anhelo “igualitarista” en lo moral e ideológico, una grandísima obsesión por la uniformidad, que les lleva entre otras cosas a arrogarse la potestad exclusiva de educar al ciudadano, negándole a las familias ese derecho,…
    Evidentemente ese aparentemente inocuo “igualitarismo” (del que ha acabado contagiando hasta el Partido Popular) está absolutamente reñido con la igualdad que proclama la Constitución Española de 1978, en la que se habla de igualdad legal, de no discriminación por ninguna clase de circunstancia, y en la que se proclama que la promoción social, profesional o de cualquier clase debe de estar siempre basada en la capacidad y el mérito.
    De ese “igualitarismo totalitario y liberticida” deriva lo que la progresía llama discriminación positiva, que no es ni más ni menos que, la manera “postmoderna” de imponer las políticas igualitarias que defiende el socialismo.
    Como cualquier otra acción que se emprenda con el objetivo de conseguir “igualar” a los miembros de un grupo social concreto, la denominada “discriminación positiva” es intrínsecamente coactiva, y por tanto un ataque a la libertad individual; pero, no podemos olvidar lo más importante –por ser especialmente grave- es también un absoluto menosprecio a las capacidades de los seres humanos, de sus riquezas, es ignorar la tendencia natural de los humanos a la diversidad, frente a la uniformidad. Uniformidad que inevitablemente es sinónimo de mediocridad, precarización, empobrecimiento.
    Calificar de “positivo” lo que cualquier diccionario define como negativo, tiene como objetivo evitar el rechazo de las personas “educadas”, aparte de darle un barniz de ética al asunto. Aunque sus partidarios no oculten que aunque “positiva” sigue siendo “discriminación” (en español lo correcto sería denominarlo “trato preferente, o trato de favor”) su intención no es otra que la de convencernos de que “el fin justifica los medios”, pues se trata de saldar una deuda con gente desfavorecida, maltratada, discriminada, y de que… para tan noble causa es legítimo incluso perjudicar a otros individuos.
    La razón principal que esgrime gente tan bienintencionada, filantrópica, los partidarios de la discriminación positiva, es que la Sociedad tiene pendiente de saldar una “deuda histórica” con las personas pertenecientes a determinados grupos sociales debido a que, en algún momento de la Historia sus ancestros fueron discriminados, sojuzgados, esclavizados, violentados, privados de sus derechos… Y como consecuencia de tal “discriminación negativa” sus actuales descendientes son merecedores del derecho a ser compensados, a resarcirse del daño que se le causó a sus antepasados, mediante la reserva en la actualidad de cupos, cuotas, en las prestaciones y servicios que el Estado “del bienestar” proporciona a los ciudadanos, ya sea en la educación, en la sanidad, en la administración de justicia, en el acceso al mercado laboral o cualquier otro ámbito.
    Obviamente será el gobierno el que decida (teniendo en cuenta siempre la posible rentabilidad electoral de la “acción positiva”, que es otro eufemismo usado para enmascarar el trato de favor a determinadas minorías…) qué sector de la población es digno de recibir tales beneficios.
    Las políticas de discriminación positiva (affirmative action) no es que no hayan tenido el efecto esperado por sus defensores, y no hayan solucionado los problemas que pretendían resolver, sino que, en la mayoría de los casos, han perjudicado a sus destinatarios.
    En este sentido, merece la pena leer las reflexiones que hace Thomas Sowell en su muy interesante libro “La discriminación positiva en el mundo”. Thomas Sowell, un liberal de raza negra, analiza lo que apenas nadie se atreve ni a nombrar –por la dictadura asfixiante de lo políticamente correcto- y por supuesto argumenta con estadísticas y enésimos ejemplos.
    Las políticas de discriminación positiva se fundamentan en una mezcla de mala conciencia, por las tropelías supuestamente cometidas por nuestros ancestros; la corrección política, que los medios de información y demás trovadores divulgan con enorme pesadez, y una intención clara de ingeniería social, de “rediseño social”.
    Los partidarios de políticas de discriminación positiva, en su afán totalitario e intervencionista, quieren destruir la actual sociedad y construir una nueva a la medida de su “utopía bienintencionada”, porque lo último que desean es que los seres humanos, libres, elijan actuar por sí mismos.
    Estamos hablando de puro paternalismo: estamos hablando de gente totalitaria, que se caracteriza por su desconfianza en el libre actuar de las demás personas, considerándolas poco menos que estúpidas e incapaces, y están plenamente convencidos de que deben ser guiadas y dirigidas; en la idea de que “no se las puede dejar solas” (ésta es una idea que comparten las dictaduras diversas) que se las debe “proteger” y “ayudar” en todo (incluso en contra de su voluntad) con mil leyes que les digan qué comer y qué no comer, cómo y con qué se han de drogar-estimular, cómo se ha de hablar (imponiendo un lenguaje “socialmente correcto”) cómo y cuánto trabajar o cómo emprender, cómo hacer el amor, cómo educar a los hijos, qué estudiar, las enfermedades que deben tener, e incluso cómo se ha de “ligar”, “coquetear”, etc. esta gente totalitaria, erigida en nuevos gestores de la moral colectiva, arrogándose una sapiencia fuera de lo común, piensan que, la sociedad no sabe organizarse por sí misma, y necesita de sus directrices.
    El problema de la soberbia y la arrogancia intervencionista es que siempre, de manera inevitable, tiene que acabar haciendo frente a la dura y tozuda realidad. Las leyes se aprueban con la intención de aplicarlas a “sociedades en abstracto” (distorsiones resultantes de filtrar la realidad a través de determinadas ideologías), pero acaban afectando a los individuos que las componen.
    Así, por ejemplo, quienes aprobaron la denominada “paridad”, como la mejor manera de aumentar el número de miembros de un determinado sexo en ámbitos de poder, o trabajos en los que tradicionalmente las mujeres son minoría, acabarán llegando a la conclusión de que algunos (no pocos) varones mejor preparados que algunas mujeres, terminarán quedándose sin plaza… Esos hombres/varones no participarán de la llamada ideología patriarcalista, ni serán culpables de lo que supuestamente hicieron sus tatarabuelos; pero, sin embargo, van a pagar los platos rotos.
    En resumen: quienes promueven políticas de discriminación positiva pretenden poner solución a injusticias pretéritas, mediante injusticias presentes…Pero aún hay más: los supuestos beneficiarios son en última instancia los más perjudicados, y eso por no hablar de los graves disturbios que suelen provocar estas medidas de discriminación institucional, que en muchos lugares del planeta se han cobrado miles de víctimas (en España, sin ir más lejos, la aplicación de la denominada “Ley Integral contra la Violencia de Género”, plasmación de la “discriminación positiva” en ámbito judicial, con el noble pretexto de “proteger a las mujeres”, ha traído como consecuencia la detención y el procesamiento indiscriminados de cientos de miles de hombres –más de un millón y medio tras su puesta en vigor el día de los Santos Inocentes de 2004- ocasionando más y mayores problemas que los que supuestamente se pretendían solucionar… y, ni que decir tiene que las supuestas beneficiarias de tales medidas de discriminación positiva, siguen estando en situación tan o más vulnerable que en la que se encontraban antes de la aprobación de tan perversa ley…).
    Las políticas igualitaristas y de discriminación positiva no provocan otra cosa, generalmente, que un enorme resentimiento social. Cuando el poder político promueve medidas de discriminación positiva (lo cual hace por puro electoralismo, favoreciendo a un grupo social fácilmente identificable para conseguir el apoyo de sus miembros en futuras citas electorales) acaba corrompiendo moralmente a la sociedad, pues se acaba propagando la idea de que es legítimo reivindicar la compensación de un determinado agravio pretérito, en lugar de preocuparse de labrar su futuro confiando en sus posibilidades, en igualdad de oportunidades con el resto de sus semejantes.
    Es innegable que han sido muchas las minorías a las que se ha privado del acceso a la igualdad de oportunidades, unas veces por prejuicios racistas, otras ideológicos, o por motivos religiosos; pero la solución no pasa por rebajar la nota mínima de acceso a la universidad, o engordar las calificaciones de determinados estudiantes, o crear tribunales especiales para juzgar a los hombres –varones- de manera exclusiva, o castigarlos con penas más severas cuando incurren en los mismo “ilícitos penales” que las mujeres, o privarlos del derecho constitucional a la presunción de inocencia. De estas y otras maneras sólo se consigue perjudicar a buena parte de los miembros de las minorías que se pretende proteger, y se fomenta un sentimiento de discriminación entre quienes se han visto tratados injustamente.
    Dar trato de favor, beneficiar a los miembros de un grupo social, sea por su color de piel, sea por su sexo, sea por la circunstancia personal que fuere, significa que no se confía en que los integrantes de ese grupo sean capaces de progresar por sí mismos, si se les da las mismas oportunidades que al resto de la población.
    Al igual que el racismo no se combate con racismo, la misoginia no se combate con misandria. Resulta especialmente llamativo que no haya generalmente ningún político que acepte debatir sobre los efectos perjudiciales de la perversa discriminación positiva; si hablan de ello, lo hacen para proclamar la necesidad de aumentar las medidas de discriminación, con el objetivo de solucionar un problema que las medidas de discriminación positiva no han hecho más que agravar.Y, no se olvide una cosa: Los males ocasionados por las generaciones que nos precedieron en siglos pasados, hágase lo que se haga seguirán siendo males, da igual lo que se haga en el tiempo presente.

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